Edición Médica

Frente al tema del futuro de la salud en Colombia llama poderosamente la atención la actitud de quienes hoy tienen aspiraciones de ser elegidos tanto para el Congreso de la República el próximo 13 de marzo, como también la de quienes tienen el deseo de ocupar la primera magistratura del país. Es innegable que ninguno de los aspirantes a uno y otro escenario han propuesto con claridad lo que sería su bitácora en el legislativo o desde el ejecutivo en lo referente al futuro de un sector tan importante, sensible y muy voluminoso en recursos financieros como lo es el sector salud.

Y es llamativo esta ausencia o carencia de discurso temático sectorial cuando Colombia como el resto del mundo está iniciando su tercer año pandémico por el coronavirus, además que como todo el país pudo darse cuenta, la pandemia justamente reveló la existencia aquí de profundos problemas estructurales del sector salud que por dicha situación de salud pública se hicieron más visibles y hasta se agravaron, requiriéndose por tal razón un abordaje directo a esta problemática por parte de quienes estarán construyendo los marcos legales que darán el nuevo ordenamiento jurídico a los colombianos en los siguientes cuatro años, pero también por parte de quien desde el gobierno direccionará el barco que deberá atravesar estas turbulentas aguas de un sector tan inestable, cuestionado y altamente vulnerable desde todo punto de vista.

Así las cosas, pareciese que los candidatos al legislativo y los que tienen pretensiones de llegar a la Casa de Nariño, no quisieran arriesgarse a formular propuestas que afectasen a grupos de interés existentes al interior del sector salud en nuestro país, sobre todo cuando frente a lo ocurrido por y durante la pandemia, se hace exigible que se conozcan los pareceres y las propuestas que para el futuro del sector propondrían los aspirantes a ser elegidos. Hasta el momento es indiscutible que solo hay referencias tibias y tangenciales frente al tema de cómo sería la operación del sector pero no se han dado a conocer propuestas estructuradas que pudieran ser analizadas para visualizar lo que serían los desarrollos legislativos y ejecutivos para beneficio de la salud de los colombianos en el próximo cuatrienio. Enfatizo que el beneficio real y principal debe ser el que obtenga el ciudadano como beneficiario del modelo y del sistema de salud que se adopte, modifique o se innove, y no el beneficio direccionado a actores intervinientes en el modelo y en el sistema, en detrimento de la salud y la vida de los habitantes del país.

Lo que resulta tarea inaplazable es la inmediata resolución de los problemas estructurales de la salud, que como se dijo antes ya al inicio de esta columna, se han visto evidenciados y agravados por la pandemia. Así las cosas, son circunstancias, problemas y vicios que requieren una pronta reforma integral que dé verdadera solución y respuesta acertada a muchos cuestionamientos y necesidades que la comunidad exige de un modelo y un sistema de salud dentro de un abordaje integral de la protección social de cada uno de los individuos y del colectivo de los colombianos, lo que parece solo podría darse con una  Reforma Integral a la Salud.

Lo único cierto es que lo que se proponga debe tener como propósito garantizar como puntos innegociables de una reforma sectorial que propenda efectivamente por respetar, desarrollar y reglamentar la Ley Estatutaria de la Salud que definió el ámbito del derecho a la salud de los colombianos desde el 2015, y por otra parte, que el escenario normativo que en ese sentido se proponga, garantice el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia.

Los aspirantes a ser congresistas o Presidente de esta nación deben incorporar ya en sus discursos lo que al respecto piensan, si creen que lo de hoy está bien desde sus perspectivas y análisis, si hay que hacer ajustes parciales o si definitivamente se requieren cambios absolutos en el modelo y en el sistema que actualmente pretende garantizar la salud de quienes habitan este país. En ese sentido deben darle claridad a los electores frente a temas como la continuidad del actual modelo del aseguramiento o su modificación parcial o total, dar a conocer lo que piensan sobre la permanencia o no de todos los actores que hoy intervienen en el sistema de seguridad social en salud y de los roles que deberían jugar tanto los actuales como los potenciales nuevos actores en este sensible sector. 

Creo que el asunto supera de lejos el discurso electorero y exige de los aspirantes la estructuración de propuestas innovadoras bien pensadas y que garanticen, entre otros aspectos, la atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, por lo que obligatoriamente lo debe incluir lo que sería la organización de la salud en este país bajo un criterio epidemiológico de todo el territorio nacional en regiones saludables y restablecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia por las instituciones prestadoras de servicios de carácter público, privado o mixto, dando funciones de dirección de los entes territoriales, dotándolas tanto del recurso humano calificado como permitiéndole el espacio participativo a representantes de la comunidad en sus órganos de dirección y de control.

De igual forma, se requiere conocer cuál es el futuro que desean darle los aspirantes a ser legisladores y también los que desean presidir esta República a la red pública hospitalaria y como quiera que esa red es parte importante del patrimonio público tanto de los ricos como de los pobres de este país, habría que conocer si ese futuro contempla el impulso del fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia en el país.

Y para los trabajadores del sector resulta prioritario e inaplazable conocer qué pasará con ellos en estos cuatro años que empiezan a correr en el segundo semestre de 2022, por lo que las propuestas para el sector deben obligadamente contemplar la promoción de la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano en salud, que incluya un cambio estructural en la formación, priorizando el desarrollo intelectual, ético y cultural como fundamento de la educación profesional. Y de manera complementaria pero no menos importante, los trabajadores del sector también esperan conocer si lo que se propone para ellos en los propósitos congresionales y del nuevo gobierno incluiría una verdadera y necesaria política de formalización laboral de los trabajadores del sector salud en las entidades tanto públicas como privadas.

Desde lo puramente técnico, el interrogante es si quienes aspiran a que los elijan para una u otra responsabilidad estarían comprometidos con la implementación de una política transectorial para la incidencia en los 14 determinantes sociales de la salud, estipulados en la Ley Estatutaria de Salud y la sentencia C-313 de 2014, precisamente para poder cumplir el rol del Estado como garante del goce del derecho a la salud de sus ciudadanos.

Sin lugar a dudas, llegó el momento para que los candidatos dejen las tibiezas en el abordaje de los temas sociales y de manera especial del sector salud y se sinceren con sus electores y den a conocer lo que piensan al respecto pero que también digan hasta dónde estarían dispuestos a llegar frente a sus propósitos de legislar unos, y gobernar otros. En todo caso, el país requiere conocer cómo se proponen alcanzar los actuales candidatos la tan anhelada solución que requiere el país para que los colombianos y en general los que habitan este país puedan disfrutar del goce del derecho a la salud y en ese mismo sentido, se pueda desarrollar de una vez por todas la ley que definió el ámbito al derecho fundamental a la salud (Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015).

Así también, los colombianos que la solución permita la sostenibilidad financiera del sector sin sacrificar el acceso a los servicios a los pacientes y ante todo le garantice a las personas beneficios plenos y ciertos que le signifiquen completa protección a sus vidas desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con el correcto enfoque de la atención primaria en salud que ya fue definido en la Ley 1438 de 2011, pero que aún no se cumple y que en algunos sitios del país, ni siquiera se ha estrenado.

De lo contrario, Colombia se seguirá preguntando por qué la paradoja que en plena pandemia y en pleno proceso proselitista no se hable ni se exponga una propuesta seria sobre lo que sería el futuro el sector salud en este país a partir del segundo semestre del 2022 con un nuevo Congreso y un nuevo Presidente de la República.