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Archivarlo o retirarlo, no hay otra opción
Martes, 17 de noviembre de 2020, a las 21:45
Ulahy Beltrán López, Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana.
El 20 de julio del presente año, por iniciativa parlamentaria y con acompañamiento del ejecutivo, se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema de Salud”. En ese momento el citado Proyecto se vendió a la opinión pública como “una revolución de la salud en Colombia”.
No obstante, a pesar de haberse intentado promocionar así por los impulsores de esta nueva reforma legal y funcional para un sector tan sensible y complejo como es el de la salud en Colombia, desde ese mismo momento cada vez son más las opiniones en contra que se exponen ante dicha iniciativa, tanto que 130 organizaciones gremiales, sindicales y sociales presentes en todo el territorio nacional solicitaron de manera formal al Congreso de la República el archivo o retiro del Proyecto de Ley 010 de 2020, que finalmente fue la numeración que le correspondió al texto en el Senado.
Esas opiniones en contra resultan del consenso de la mayoría de los gremios de la salud que consideran que si bien el mencionado Proyecto de Ley se presenta como la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, lo que termina siendo es “una negación de esta norma en sus elementos fundamentales, lo que supone un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, profundiza la privatización del sistema de salud, la negación de servicios, e introduce elementos inconstitucionales, frente a la propia ley estatutaria de salud y la autonomía universitaria”, como lo manifestó en su momento la Federación Médica Colombiana.
Inclusive la Vicepresidente de este gremio médico, Carolina Corcho ha dicho que “este Proyecto no es más que un refrito de un conjunto de normatividad fallida que no han resuelto ni resolverán la profunda crisis de la salud en Colombia”, además que en el articulado propuesto “no hay nada nuevo, de lo ya intentando en Colombia por múltiples mecanismos inconstitucionales, para salvaguardar el negocio de la salud, que nada tiene que ver con el derecho fundamental a la salud promulgado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015”.
A todo lo anterior se le suma que hace poco hubo un pronunciamiento de la academia en el que de manera contundente expresa que esa reforma propuesta para la salud favorece la inequidad entre los colombianos, además que puede llevar a la creación de oligopolios, permitiendo que muy pocas empresas tengan todo el mercado y que la propuesta además “profundiza un modelo que no garantiza el derecho a la salud”.
En días pasados terminaron las Audiencias Públicas sobre el Proyecto de Ley 010 de 2020 y que fueron organizadas por la Comisión Séptima del Senado de la República, célula legislativa que se encarga de los temas de la salud en el Congreso. En ellas participaron representantes de los diferentes actores intervinientes en el sistema de seguridad social colombiano, de todas las zonas del país. ¿Cuál fue el resultado de esas Audiencias? Definitivamente fueron significativamente más las críticas y los cuestionamientos que se hicieron, que los comentarios en su favor. La gran mayoría de los actores del sistema de salud, incluyendo representantes de las diferentes asociaciones de usuarios y pacientes, que en últimas son los verdaderos dueños de dicho sistema, manifestaron rechazo total al citado Proyecto de Ley, pues sienten que “es más de lo mismo”, con él no se consigue la dignificación del derecho fundamental de la salud en Colombia y lo perciben distante de lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).
Resulta llamativo que en dichas Audiencias, los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación fueron muy claros en decir que el Proyecto de Ley presenta imprecisiones y no resulta ser la solución de la múltiple problemática que hoy tiene el sector salud (v. gr. desfinanciamiento de la red pública hospitalaria, reiterada y sistemática violación al derecho a la salud que se refleja en cerca de 200 mil tutelas cada año por temas de salud en pacientes debidamente asegurados en el sistema en uno u otro régimen, etc.).
Para la entidad responsable del control fiscal en Colombia “el Proyecto no trae un alcance estructural del cambio y no señala si se trata de un cambio en la naturaleza de las instituciones, ni deja entrever las implicaciones administrativas, financieras y operativos del cambio”, mientras que para la agencia estatal encargada del control disciplinario “con el Proyecto no se resuelve la situación financiera de las EPS que están en proceso de liquidación con deudas de más de 5 billones en la red hospitalaria del país lo que significa que muchos de esos recursos no se van a recuperar”.
Si bien es cierto que el gobierno tiene los votos necesarios para que por parte de la bancada oficialista se apruebe este Proyecto a “pupitrazo limpio” y convertirlo así en Ley de la República, es sano que desde el ejecutivo se haga una análisis sobre si esa forma de conseguir una reforma del sector salud con la que los actores del sector, resulta pertinente para el país en estos momentos.
El ejecutivo debe sopesar la conveniencia de sacar adelante una reforma que según los críticos no aborda la problemática estructural del sistema de salud colombiano y sobre todo en estos momentos en los que el país vive “en caliente” la tragedia de la pandemia por el coronavirus con más 34 mil decesos en este momento, promediando las 200 muertes diarias en las últimas semanas en todo el territorio nacional, con más de 1 millón 200 mil casos de contagios y casi 57 mil casos activos al momento de escribirse esta columna. Por eso, resultaría pertinente considerar que hoy en Colombia la prioridad no es aprobar una reforma del sistema de salud “como sea” sino atender adecuadamente la pandemia y sobre todo esta segunda ola que se vive en las diferentes regiones del país, lo que exige de todos los actores del sistema la total atención y responsabilidad y no dispersarse en discusiones como las que se vienen dando alrededor del debate del Proyecto de Ley.
Por inconveniente, por ser “más de lo mismo”, porque no soluciona ni aporta nada nuevo, porque no reforma sino que ayuda a deformar aún más lo que hay en el sector salud y porque no es el momento para este tipo de discusiones, por el bien de la salud de los colombianos y a pesar del mensaje de urgencia que envió el Presidente de la República para darle celeridad a su trámite en el legislativo, al Proyecto de Ley 010 de 2020 el único camino que le queda es archivarlo o retirarlo, no hay otra opción.
El 20 de julio del presente año, por iniciativa parlamentaria y con acompañamiento del ejecutivo, se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema de Salud”. En ese momento el citado Proyecto se vendió a la opinión pública como “una revolución de la salud en Colombia”.
No obstante, a pesar de haberse intentado promocionar así por los impulsores de esta nueva reforma legal y funcional para un sector tan sensible y complejo como es el de la salud en Colombia, desde ese mismo momento cada vez son más las opiniones en contra que se exponen ante dicha iniciativa, tanto que 130 organizaciones gremiales, sindicales y sociales presentes en todo el territorio nacional solicitaron de manera formal al Congreso de la República el archivo o retiro del Proyecto de Ley 010 de 2020, que finalmente fue la numeración que le correspondió al texto en el Senado.
Esas opiniones en contra resultan del consenso de la mayoría de los gremios de la salud que consideran que si bien el mencionado Proyecto de Ley se presenta como la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, lo que termina siendo es “una negación de esta norma en sus elementos fundamentales, lo que supone un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, profundiza la privatización del sistema de salud, la negación de servicios, e introduce elementos inconstitucionales, frente a la propia ley estatutaria de salud y la autonomía universitaria”, como lo manifestó en su momento la Federación Médica Colombiana.
Inclusive la Vicepresidente de este gremio médico, Carolina Corcho ha dicho que “este Proyecto no es más que un refrito de un conjunto de normatividad fallida que no han resuelto ni resolverán la profunda crisis de la salud en Colombia”, además que en el articulado propuesto “no hay nada nuevo, de lo ya intentando en Colombia por múltiples mecanismos inconstitucionales, para salvaguardar el negocio de la salud, que nada tiene que ver con el derecho fundamental a la salud promulgado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015”.
A todo lo anterior se le suma que hace poco hubo un pronunciamiento de la academia en el que de manera contundente expresa que esa reforma propuesta para la salud favorece la inequidad entre los colombianos, además que puede llevar a la creación de oligopolios, permitiendo que muy pocas empresas tengan todo el mercado y que la propuesta además “profundiza un modelo que no garantiza el derecho a la salud”.
En días pasados terminaron las Audiencias Públicas sobre el Proyecto de Ley 010 de 2020 y que fueron organizadas por la Comisión Séptima del Senado de la República, célula legislativa que se encarga de los temas de la salud en el Congreso. En ellas participaron representantes de los diferentes actores intervinientes en el sistema de seguridad social colombiano, de todas las zonas del país. ¿Cuál fue el resultado de esas Audiencias? Definitivamente fueron significativamente más las críticas y los cuestionamientos que se hicieron, que los comentarios en su favor. La gran mayoría de los actores del sistema de salud, incluyendo representantes de las diferentes asociaciones de usuarios y pacientes, que en últimas son los verdaderos dueños de dicho sistema, manifestaron rechazo total al citado Proyecto de Ley, pues sienten que “es más de lo mismo”, con él no se consigue la dignificación del derecho fundamental de la salud en Colombia y lo perciben distante de lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).
Resulta llamativo que en dichas Audiencias, los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación fueron muy claros en decir que el Proyecto de Ley presenta imprecisiones y no resulta ser la solución de la múltiple problemática que hoy tiene el sector salud (v. gr. desfinanciamiento de la red pública hospitalaria, reiterada y sistemática violación al derecho a la salud que se refleja en cerca de 200 mil tutelas cada año por temas de salud en pacientes debidamente asegurados en el sistema en uno u otro régimen, etc.).
Para la entidad responsable del control fiscal en Colombia “el Proyecto no trae un alcance estructural del cambio y no señala si se trata de un cambio en la naturaleza de las instituciones, ni deja entrever las implicaciones administrativas, financieras y operativos del cambio”, mientras que para la agencia estatal encargada del control disciplinario “con el Proyecto no se resuelve la situación financiera de las EPS que están en proceso de liquidación con deudas de más de 5 billones en la red hospitalaria del país lo que significa que muchos de esos recursos no se van a recuperar”.
Si bien es cierto que el gobierno tiene los votos necesarios para que por parte de la bancada oficialista se apruebe este Proyecto a “pupitrazo limpio” y convertirlo así en Ley de la República, es sano que desde el ejecutivo se haga una análisis sobre si esa forma de conseguir una reforma del sector salud con la que los actores del sector, resulta pertinente para el país en estos momentos.
El ejecutivo debe sopesar la conveniencia de sacar adelante una reforma que según los críticos no aborda la problemática estructural del sistema de salud colombiano y sobre todo en estos momentos en los que el país vive “en caliente” la tragedia de la pandemia por el coronavirus con más 34 mil decesos en este momento, promediando las 200 muertes diarias en las últimas semanas en todo el territorio nacional, con más de 1 millón 200 mil casos de contagios y casi 57 mil casos activos al momento de escribirse esta columna. Por eso, resultaría pertinente considerar que hoy en Colombia la prioridad no es aprobar una reforma del sistema de salud “como sea” sino atender adecuadamente la pandemia y sobre todo esta segunda ola que se vive en las diferentes regiones del país, lo que exige de todos los actores del sistema la total atención y responsabilidad y no dispersarse en discusiones como las que se vienen dando alrededor del debate del Proyecto de Ley.
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