Edición Médica

* Ulahy Beltrán López, Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana.

Por la pandemia del COVID-19 y muy a presar de las medidas de protección social que han adoptado los países de América Latina y el Caribe (LATAM) en el intento de frenar y mitigar la emergencia, tanto la pobreza como la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en esta zona del mundo niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. Además de eso, en el 2020 hubo un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, especialmente en las mujeres.

Para dimensionar el impacto de la pandemia en esta región del mundo, basta con decir que LATAM posee solo el 8,4% de la población mundial, pero en lo que va de la pandemia ha aportado hasta el momento el 19,4% de los casos totales confirmados por el coronavirus y el 27,2% del total de fallecidos por esta causa. Así las cosas, LATAM ha puesto en números absolutos hasta el momento, casi 25 millones de casos confirmados y los fallecidos por COVID-19 ya son cerca de 750 mil.

Estas consideraciones sobre el impacto de la pandemia en LATAM, se encuentran en el más reciente reporte generado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que fue presentado de manera reciente en este mes de marzo de 2021 por su Secretaria Ejecutiva, la bióloga mexicana Alicia Bárcena Ibarra. El citado reporte es concluyente en el mensaje a los gobiernos de la región: si se desea paliar el impacto de orden social derivado de la pandemia, los países también deben mantener las ayudas de emergencia por lo menos en este 2021, (“Panorama Social de América Latina 2020” , marzo 2021).

Las consecuencias de la pandemia en LATAM se ven reflejadas en la manera como este problema de salud pública afectó de manera compleja el ambiente económico (bajo crecimiento), social (aumento importante de la pobreza) y político (tensiones sociales cada vez más fuertes y en aumento). Según Bárcena, las ya tradicionales desigualdades estructurales de las sociedades de la región se hicieron más evidentes en el 2020 con la pandemia, así como los elevados niveles de informalidad y desprotección social (aunque los gobiernos hubieran generado medidas de protección social), evidenciando una injusta división sexual del trabajo que atenta contra los derechos y la autonomía de las mujeres que habitan esta parte del mundo.

Bárcena es contundente cuando al abordar la problemática derivada de la pandemia, menciona que resulta indudable que “los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”.

El documento “Panorama Social de América Latina 2020” muestra la persistencia de las brechas entre los diferentes grupos poblacionales, siendo la pobreza mayor en el área rural, en niñas, niños y adolescentes, en indígenas y afrodescendientes y en la población con menores niveles educativos. Al analizar el impacto de las medidas de protección social de emergencia en el 2020, se concluye que por parte de los gobiernos de LATAM se implementaron 263 medidas en el 2020, y que si bien éstas no alcanzaron a beneficiar a toda la población que las requería (solo alcanzaron al 49,4 por ciento de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas), sin ellas el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema en este momento fuera aún mayor.

En otras palabras, si los gobiernos de la región no hubiesen enfrentado la pandemia tratando de contrarrestar el impacto social con esas 263 medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2 por ciento de la población, frente a las cifras que al respecto hubo en el 2020, cuando la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 por ciento y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7 por ciento de la población.

Por esos hechos en LATAM el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales del 2020, es decir, 22 millones de personas más que el año anterior. De esos 209 millones, el 37 po ciento (78 millones) está en el rango de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

Ante realidades económicas adversas derivadas de la pandemia (economía contraída un 7,7 por ciento casi tres millones de empresas cerradas en 2020 y 22 millones de pobres “nuevos”) y un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral (especialmente en las mujeres), Bárcena como vocera de la CEPAL exhorta a los países de LATAM a dejar de gobernar a las poblaciones “desde la cultura del privilegio” sino “avanzando hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás”.  En ese orden de ideas, la pandemia debe verse como una “una ventana de oportunidad” y “una coyuntura crítica que redefine lo que es posible”, en búsqueda de la creación de un nuevo Estado de bienestar.

El mensaje de la CEPAL es directo a los gobiernos de los países: se debe garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar. Para ello, temporiza el tipo de medidas a aplicar; por ejemplo,  en el corto plazo, es imprescindible implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la misma CEPAL como son el ingreso básico de emergencia o IBE (mientras, en Colombia sigue la discusión de la conveniencia o no de la renta básica), el bono contra el hambre e IBE para mujeres; para el mediano y largo plazo, la Comisión establece que “se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar”.

Llama la atención que el reporte de la CEPAL incluya un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad, planteando la necesidad que los países tengan un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura y de calidad, advirtiendo que “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.

En síntesis, resulta más que evidente que un año de pandemia por el coronavirus COVID-19 en LATAM causó el retroceso en muchos escenarios de la vida de los habitantes de esta región del mundo, pero resultan innegables la afectación que se ha dado especialmente en lo económico y lo social, y dentro de este último, lo correspondiente a los servicios de salud. Ante eso, bienvenidos los pactos sociales y fiscales que conduzcan los países de la región a la igualdad aún en tiempos de pandemia, y garanticen la salud, la educación y la inclusión digital de las poblaciones, apostándole a sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles, maximizando su cobertura en un Estado de bienestar, avanzando hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria e igualmente sostenible en América Latina y el Caribe.