Edición Médica

* Ulahy Beltrán López, Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana.

“El sistema de salud requiere una reforma urgente, pero esa reforma que se necesita debe hacerse como debe ser”. Esa es la gran conclusión que dejó el Foro Nacional “Desafíos del Sistema de Salud Colombiano” realizado durante día y medio la semana anterior y que contó con la presencia y participación de funcionarios del alto gobierno, directores de gremios del sector salud, representantes de asociaciones médicas, congresistas, expertos, generadores de opinión, autoridades regionales, sindicatos médicos, trabajadores de la salud, representantes de usuarios, medios de comunicación, candidatos a la Presidencia en el 2022 y una cantidad muy importante de ciudadanos de todas las regiones del país y en el extranjero que se conectaron al evento de manera virtual.

En primer lugar, sobre la percepción sobre el actual sistema de salud de los participantes en los 5 paneles temáticos del evento, la mayoría de los participantes argumentaron que lo que hoy se tiene como sistema de salud está muy distante de cumplir lo que definió la Constitución Política de 1991, dado que hoy en Colombia el sistema privilegia lo curativo por encima de lo preventivo, no protege la salud de los colombianos y sólo reacciona para atender tardíamente a la persona cuando ya está enferma. De igual forma, resulta más que evidente que en muchos sitios del país la falta de adecuado saneamiento ambiental es una causa directa de enfermedad y muerte de muchos colombianos, por lo que entonces no puede tampoco decirse que el sistema de salud cumple “los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” que se definen en la carta magna como imprescindibles para el funcionamiento de dicho sistema.

En ese mismo orden de ideas, los expositores manifestaron que en el actual sistema de salud cada día se expiden nuevas normas para ser cumplidas por los diferentes actores que intervienen en el sistema, lo que genera desconocimiento de muchas de ellas y hasta confusión por parte de quienes deben conocerlas y cumplirlas, llegándose a la conclusión que es un sistema “sobrenormado”, o como se ha dicho antes, es un sistema que padece de “obesidad normativa” pero con “resultados raquíticos”.

Resulta preocupante que se hubiese reconocido en el Foro que el sistema actual en la práctica no le garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos de este país, lo que significa que ignora o no respeta lo definido en la Ley Estatutaria de Salud o Ley 1751 de 2015 que fue la que definió el ámbito del derecho fundamental de la salud en este país, siendo que ésta es de obligatoria observación y cumplimiento por todos y cada uno de los actores del sistema.

Según los analistas, resulta paradójico que el sistema de salud colombiano tenga plata pero no exista el flujo oportuno de recursos financieros entre los actores del sistema. Se mencionó que aunque el sistema de salud tiene abundantes recursos, existen dificultades en varios escenarios: la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema de Salud, que es el llamado Banco de la Salud y que reemplazó al FOSYGA), maneja anualmente más de 40 billones de pesos, pero los recursos no llegan a los actores de manera oportuna; se mencionó el fracaso en las diferentes regiones del país de estrategias diseñadas para mejorar la realidad financiera de los prestadores de servicios de salud, como el llamado “acuerdo de punto final” y el “giro directo de los pagos”; preocupa que en plena crisis por la pandemia en Colombia, se ha informado que a las IPS no se les ha pagado lo correspondiente a la aplicación de las vacunación contra el COVID-19, lo que evidencia que si bien hay recursos (cerca 7 puntos del PIB y algunos piden que sean por lo menos 2 puntos más), pero no hay flujo de recursos ni pagos entre los actores.

A pesar que existe una agencia estatal específica para el sector salud, el sistema también carece en la realidad de un adecuado subsistema de  inspección, vigilancia y control (IVC), pues las infracciones de todo tipo abundan en el sistema (evasión y elusión de aportes, desconocimiento de las responsabilidades de las EPS, no pago a los prestadores públicos y privados, mala prestación de los servicios asistenciales, etc.), y nada pasa.

Desde la percepción de los usuarios, el sistema no le garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos del país en todas las fases de la atención (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusive paliación), como tampoco le brinda esa garantía cuando cumple con los diferentes procesos administrativos (afiliación, traslado de aseguradora, reconocimiento y pago de prestaciones económicas, procesos de reclamos, etc.)  y además ha resultado ser reactivo y no proactivo. Esto se puede demostrar con las grandes fallas estructurales que la pandemia evidenció y que ya estaban desde antes de la llegada del coronavirus a Colombia, reaccionando el sistema tardíamente frente al avance de la propagación y la diseminación del virus SarsCov2, a tal punto que en estos momentos tenemos casi 30 mil nuevos casos diarios de contagio de la enfermedad Covid-19, sumando casi 4 millones de casos totales de contagio a lo largo de estos 15 meses, el país está muy cerca de los 600 fallecidos cada día, y hay casi100 mil muertos por esta causa.

Llamó la atención que frente a las críticas al actual sistema de salud se dijera que es un sistema “con carnet pero sin salud”, pues si bien casi todos los colombianos están afiliados al régimen contributivo o al subsidiado, en ninguno de los 2 regímenes se está garantizando el acceso a los servicios de salud cuando el paciente  los requiere, pues todavía siguen tragedias como los mal llamados  “paseos de la muerte”, además de la burocratización de la atención y la tramitomanía al intentar acceder a cualquier tipo de servicios (ambulatorios, hospitalarios, diagnósticos y terapéuticos).

En segundo lugar, se auscultó la opinión de los panelistas sobre el Proyecto de Ley 10 de 2020 que pretendía reformar el sistema de salud en Colombia y que fue retirado de su trámite en el Congreso de la República, entre otras razones, por la presión social en contra que generó en el país dicho Proyecto.

La casi totalidad de los participantes manifestaron que el Proyecto de Ley que si bien pretendía “garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud”, justamente su contenido y su sentido iban en vía contraría a ese propósito, por lo que hubo suficientes y validas razones para el retiro de dicha iniciativa, como efectivamente ocurrió.

Entre otras consideraciones de rechazo al citado Proyecto de Ley, se mencionaron que no resultaba ser la reforma estructural que amerita el sector salud, no garantizaba la Ley Estatutaria de Salud, no garantizaba la atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, no impulsaba el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud y que tampoco garantizaba la sostenibilidad financiera al sistema de salud de los colombianos.

De igual forma, la inconveniencia de la fallida iniciativa se fundamentaba además según los participantes del Foro, en que no promovía la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano en salud, además que no incluía una verdadera política de formalización laboral de los trabajadores del sector salud en las entidades tanto públicas como privada. 

Para los expertos, en síntesis el Proyecto de Ley 10 de 2020 no fomentaba ni implementaba un sistema integral de información en línea, con información epidemiológica, sociodemográfica, financiera, clínica, de determinantes sociales de la salud que permitiese la adecuada toma de decisiones de política pública de salud.

En tercer lugar, se trató de identificar desde la pluralidad de los panelistas, teniendo en cuenta el rol que cada uno tiene en el sistema, cuál sería la reforma ideal que requeriría la salud en Colombia así como el sistema de salud que debería existir y funcionar en este país.

La primera premisa es que el sistema debería ser respetuoso de la descentralización definida en la Constitución Política de 1991, por lo que debería ser un sistema descentralizado en su estructura y en el uso de sus recursos; tendría que ser coherente con la Ley Estatutaria de Salud, garantizando el derecho a la salud de los ciudadanos del país en todas las fases de la atención en salud; debería ser centrado en el usuario de tal modo que los demás actores intervinientes en el sistema procurasen la plena satisfacción del usuario.

La mayoría de los participantes coincidieron en expresar que el sistema de salud que se estructure a futuro no puede permitir la intermediación financiera “que no le agrega valor sino costos a la operación del sistema”, tampoco la integración vertical entre aseguradores y prestadores, ni continuar con la corrupción que hoy está presente a todo nivel en el actual sistema.

Algunos de los panelistas fueron tajantes en manifestar que a su criterio el sistema no debería contar más con las EPS, otros que el sistema debería fortalecer de verdad a la red hospitalaria pública (no re-estructurarla para liquidarla) y que reconociese lo que la Ley Estatutaria de Salud establece que los hospitales públicos deben ser centros generadores de rentabilidad social por encima de la financiera. Así mismo, que el sistema de salud debería garantizar la calidad integral de la atención de los pacientes, que tuviese enfoque preventivo y que trabajase el control de los riesgos de la salud y la gestión de los determinantes sociales de la salud, a través de una fuerte Estrategia de Atención Primaria en Salud y que debería contar con un excelente sistema de información y un adecuado flujo de recursos entre actores.

Lo que si fue casi un común denominador en los panelistas fue la necesidad que el sistema de salud que se adopte mediante una reforma estructural en este país, debería conseguir la tan anhelada dignificación del talento humano en salud en Colombia y así acabe la precarización de la contratación de dicho talento a través de una Política Laboral del Talento Humano en Salud, además de fomentar la investigación y el desarrollo científico.

Por eso la gran conclusión que se enunció al principio del presente escrito, (“el sistema de salud requiere una reforma urgente, pero esa reforma que se necesita debe hacerse como debe ser”), debe obligatoriamente ser tenida en cuenta por el Gobierno y los congresistas en el último año de legislatura que inicia el próximo mes de julio (si es que desean presentar un nuevo Proyecto de Ley para una nueva reforma al respecto), así como por quienes deseen ser elegidos para fungir como próximo Presidente de la República en el 2022.  Así las cosas, el sistema de salud debe repensarse desde una verdadera reforma integral que sea producto de un gran consenso de la ciudadanía y que corresponda con lo que definió la Constitución Política de 1991 como deberes y responsabilidades para el Estado en el tema de la salud y los derechos de los ciudadanos al respecto, así como también con lo que estableció la Ley Estatutaria de Salud desde el año 2015, al definir el ámbito de ese derecho fundamental para los colombianos.

No hay derecho a una nueva equivocación…