Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sostienen que la crisis financiera que hoy afrontan y que las ha llevado a ser liquidadas e intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud es producto de un cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), principalmente durante los años 2021, 2022, y 2023, balance al que ha llegado la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).
 
De ese modo, la entidad presidida por Ana María Vesga ha remarcado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que, “ese valor que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud no fue suficiente para cubrir los gastos de la población, obligando así a las EPS a cubrir esos pagos con sus patrimonios y reservas”.
 
De esta manera, Vesga ha indicado que, “en el año anterior por cada 100 pesos que se recibieron por UPC, se usaron esos mismos 100 en gasto en salud, por eso, fue necesario que las EPS pusieran 2,5 pesos adicionales para cubrir otros gastos”.
 
“Esto ha generado un faltante de los últimos años solo por UPC de 5 billones de pesos. Además, no hubo recursos para cubrir los gastos de operación y administrativos, como personal y tecnología, de los aseguradores”, ha agregado.
 
La directiva también ha reiterado que, “la crisis financiera de las EPS la complicó aún más el no pago de una manera oportuna de los Presupuestos Máximos, lo que hace que la deuda a la fecha ascienda a 2,6 billones de pesos. El debate que hoy se hace es si continúan las EPS o no, que sigan o se terminen no soluciona el problema estructural del sistema de Salud, debe haber consenso para buscar una salida favorable para la población”.
 
Vesga ha subrayado que “los costos de los servicios empezaron a superar a los ingresos generados por UPC y PM, porque estos valores no se ajustaron como debería hacerse año tras año, según ajustes producto del incremento en el costo de las obligaciones y del cambio en las condiciones de prestación, como también, la inclusión de nuevas tecnologías, entre otras variables. Situación que agravó el reconocimiento de los gastos operativos y administrativos”.
 
En ese análisis financiero se ha evidenciado que al sistema ingresan 30 billones de pesos por las cotizaciones de los trabajadores formales, dependientes e independientes y de impuestos, nacionales y locales y otro tercio, por aportes del Presupuesto General de la Nación; y el resto corresponde a los aportes de las Entidades Territoriales, a través del Sistema General de Participación (SGP). En total son 90 billones de pesos anuales.
 
Al demostrar esas cifras, ACEMI y otras entidades han precisado que “los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la obligación constitucional del Estado deben de brindar atención en salud a todos los colombianos y de garantizar los recursos suficientes para el correcto funcionamiento del sistema y no ocasionar el cierre financiero del sistema como ha ocurrido en los últimos años”.
 
Vesga ha insistido en reiteradas oportunidades sobre “la necesidad de crear una comisión técnica para revisar las cifras y plantear mecanismos de mitigación de la crisis financiera y superar la condición de un Estado que define las obligaciones de las EPS. La presión de gastos que se causan día a día y el atraso, voluntario e involuntario, por parte del Estado en el giro de recursos, ha sido la causa acumulativa de la crisis”.
 
¿Se avizora una crisis financiera?
 
Por su parte la exministra Carolina Corcho ha aclarado que, “las intervenciones de estas entidades no hacen parte de la Reforma al Sistema de Salud, en Colombia se han aplicado esta figura desde que se crearon era 157 EPS, ahora quedan 27 y 130 han sido intervenidas y liquidadas por gobierno anteriores, en los últimos 30 años”.
 
“Eso ha ocasionado el traslado de usuarios de un lado a otro, por eso lo que ha buscado en este Gobierno es poner fin a un sistema de salud que hoy es inviable, porque esas instituciones han dejado deudas, al no resguardar reservas técnicas para respaldar las deudas”, ha señalado Corcho.
 
Sobre la no permanencia de las EPS, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos. En la actualidad las 26 empresas promotoras de salud acumulan una deuda de 25 billones de pesos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y a los proveedores.
 
Por tal razón, la directiva de ACESI ha hecho un análisis sobre las EPS y sostiene que “el país no puede olvidar la génesis de esta gran tragedia financiera: hay que recordar que el ministro de Salud de entonces Alejandro Gaviria Uribe a través de los Decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016 Unificación de Solvencia Financiera de las EPS, amplió el plazo para que las EPS hicieran su recuperación de siete a diez años, con el fin de generar mayores plazos para que cumplieran con sus obligaciones financieras, pero eso jamás ocurrió”.

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