Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), al analizar el Proyecto de Ley 312 de 2024, conocido como la "Reforma al Sistema de Salud" , presentado por el Gobierno de Gustavo Petro a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, enfatizó que, antes de tomar decisiones, es indispensable saldar las deudas pendientes por concepto de Presupuestos Máximos con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y calcular un valor adecuado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, que garantiza la sostenibilidad del sistema.
 
Al respecto, Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, ha señalado en diálogo con EDICIÓN MÉDICA que “estos dineros llevan un retraso considerable. Los ajustes de los Presupuestos Máximos del 2022 aún no se han pagado y equivalen a 820 mil millones de pesos. Esta situación se agrava al no realizar un cálculo adecuado de la UPC, que continúa siendo insuficiente. Esto representa un gran riesgo, no solo para las EPS, sino también para los usuarios”.
 
Además, Vesga ha indicado que persisten problemas de conceptualización, operatividad y transición en el proyecto, lo que dificulta un cambio adecuado hacia un nuevo sistema que permita una gestión del riesgo efectiva y clara definición de las rutas de atención para los usuarios y pacientes.
 
“El sistema de salud colombiano exige la adopción de medidas urgentes para evitar el deterioro progresivo de la atención. Si para el 2025 se hace el cálculo de la UPC y de los presupuestos máximos como tiene que ser, se podría conjurar la crisis actual y asegurar que la transición del sistema se produzca de forma ordenada y sin traumatismos”, ha afirmado.
 
Falta de claridad en roles y responsabilidades
 
Vesga ha expresado preocupación por la falta de claridad en los roles y responsabilidades de las Gestoras de Vida y Salud, los Centros de Atención Primaria (CAP), las entidades territoriales y la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social (ADRES). Según ha explicado, el rol de representación del afiliado está distribuido entre varios actores, sin un responsable claro, lo que dificulta una gestión eficiente del riesgo financiero.
 
En relación con la Atención Primaria en Salud, ha destacado que, aunque el proyecto busca fortalecer esta estrategia y mejorar la infraestructura hospitalaria, no se puede desfinanciar la mediana y alta complejidad, donde se concentra el mayor gasto del sistema. “Hacemos un llamado para que el periodo de transición se haga de la mejor manera, evitando traumatismos en la atención de la población al implementar la reforma”, ha remarcado.
 
Por último, Vesga ha instado a los congresistas a mantener un diálogo técnico, amplio y basado en evidencia para construir un sistema de salud que responda a las necesidades de los colombianos. “La disposición a escuchar debe ser el pilar para lograr consensos en los procesos de transformación que atraviesa el país”, ha concluido.
 
El dato
 
La UPC es el valor que paga el Ministerio de Salud y Protección Social a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, a través de la ADRES, por el aseguramiento en Salud de cada colombiano para financiar los servicios y tecnologías de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado. Mientras que para el año 2022, se estableció el valor por mes en un millón 289 mil 246 pesos, para el 2024 la cifra fijada fue de 1 millón 444 mil 86 pesos. El último año el incremento fue del 12,01 por ciento.

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