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Gestión
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Cambios en el modelo de Salud del FOMAG bajo escrutinio: Consejo de Estado acepta demanda por ilegalidad
El acuerdo en cuestión modifica el modelo de salud y seguridad en el trabajo para docentes y pensionados sin la competencia necesaria
Viernes, 19 de julio de 2024, a las 11:18
Germán Calderón España, abogado. |
Redacción. Bogotá
El Consejo de Estado ha admitido una demanda presentada por el abogado Germán Calderón España, que busca la anulación del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024, suscrito por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). El acuerdo en cuestión modifica el modelo de salud y seguridad en el trabajo para docentes y pensionados, decisión que, según la demanda, se tomó sin la competencia necesaria.
La demanda de Calderón España ha precisado que “se declare la nulidad del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024, suscrito por el Consejo Directivo del FOMAG, por el cual se modifican los lineamientos para la contratación de prestación de servicios de salud para el Magisterio estipulados en acuerdos previos, pero que realmente altera el sistema, modelo o régimen de salud del magisterio, adoptándose sin la competencia para ello”.
El abogado ha argumentado que el consejo directivo del FOMAG no tiene la autoridad para implementar cambios en el modelo de salud del magisterio, ya que tal competencia reside en el Congreso de la República.
Violación del principio de legalidad
Calderón España ha subrayado que el principio de legalidad fue violado, ya que no se puede modificar el régimen especial de salud del magisterio mediante decreto, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. Este principio está respaldado por la Ley 91 de 1989, que establece que el Fomag es una cuenta especial de la Nación manejada por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta.
La demanda también ha destacado que, conforme al artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, las modificaciones al régimen de salud del magisterio deben realizarse mediante ley estatutaria, dada su naturaleza relacionada con derechos fundamentales.
Implicaciones y contexto
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado se produce tras la apertura de una investigación por la Procuraduría General de la Nación a cuatro ministros del Gobierno Petro, debido a presuntas irregularidades en los cambios al sistema de salud de los profesores. Los ministros y funcionarios investigados son:
-Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación saliente y presidenta del Consejo Directivo del FOMAG.
-Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público, y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez, representante de Fecode y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Christian Rey Camacho, representante de Fecode y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Magda Lorena Giraldo, vicepresidente (e) de FOMAG — Fiduprevisora y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de la Fiduprevisora.
- Luis Carlos Leal Angarita, superintendente de Salud.
- Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social.
-Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público, y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez, representante de Fecode y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Christian Rey Camacho, representante de Fecode y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Magda Lorena Giraldo, vicepresidente (e) de FOMAG — Fiduprevisora y miembro del Consejo Directivo del FOMAG.
- Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de la Fiduprevisora.
- Luis Carlos Leal Angarita, superintendente de Salud.
- Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social.
Entre las principales acusaciones se encuentran deficiencias en la caracterización de la población afiliada, afectando principalmente a los ciclos de vida de la adultez y vejez, y la falta de tratamientos garantizados en términos de calidad y continuidad para un número significativo de afiliados.
La decisión del Consejo de Estado representa un paso importante en la revisión de las competencias y procedimientos adecuados para la modificación de sistemas de salud y seguridad social, reafirmando la importancia del cumplimiento legal en las decisiones que afectan a miles de docentes y pensionados en Colombia.
