Edición Médica

Margarita Cabello, procuradora general de la nación.

Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha señalado inconsistencias significativas en el informe presentado por la Contraloría General de la República, que identificó irregularidades por un valor cercano a 6 billones de pesos en el uso de los recursos del sistema de salud. Entre las principales preocupaciones, la Procuraduría cuestiona la aplicación del Principio de Anualidad del Presupuesto General de la Nación a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
 
De acuerdo con el informe de la Contraloría, durante 2020, algunas EPS utilizaron recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para pagar deudas de vigencias anteriores, lo cual, según la Contraloría, contraviene normativas presupuestales.
 
Este hallazgo, que representa el 95 por ciento del valor de los reproches fiscales, ha sido objetado por la Procuraduría, que argumenta que las EPS y otras Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) no están sujetas a las mismas disposiciones legales del Presupuesto General de la Nación.
 
Entre las EPS señaladas en el informe se encuentra la EPS S.O.S., la cual habría pagado deudas por 86.000 millones de pesos con recursos excedentes de la UPC de 2020. Sin embargo, la Procuraduría subraya que no existe sustento legal para aplicar el Principio de Anualidad a las EPS, ya que este solo corresponde a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
 
La Procuraduría también recalcado que no se han encontrado evidencias de desvío ilegal de recursos destinados al pago de servicios de salud, tal como lo sugiere el informe de la Contraloría. Adicionalmente, menciona que la aplicación del Principio de Anualidad por parte de la Contraloría contradice los procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que ha mediado en conflictos de facturación y pagos dentro del sistema de salud durante los últimos 15 años.
 
Otro aspecto que ha generado inquietud es el hallazgo relacionado con los pagos realizados por Nueva EPS con recursos del 10 por ciento de la UPC, destinados por ley a gastos de administración de las EPS. La Procuraduría ha enfatizado que, aunque Nueva EPS justificó dichos pagos con base en las normas vigentes, la Contraloría no evaluó adecuadamente esta respuesta.
 
Por último, la Procuraduría ha instado a que se aplique un mayor rigor en la elaboración de informes de fiscalización y en la interpretación de las normas aplicables a las EPS, para evitar sanciones infundadas y asegurar la correcta administración de los recursos públicos destinados a la salud.

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