Edición Médica

Las deudas de la EPS con otros actores del sistema estaban aumentando, aseguró la Supersalud.

Redacción. Bogotá
La intervención de la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, ha desencadenado una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Cabe mencionar que, entre las ocho EPS que han sido intervenidas por el Gobierno, Sanitas es la única que forma parte de una empresa matriz internacional.
 
Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la EPS, reclaman una compensación de 1.200 millones de dólares, argumentando que la medida representa una “expropiación indirecta” que vulnera el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre Colombia y España.
 
De acuerdo con la Supersalud, la EPS no tenía la capacidad financiera necesaria para cumplir con sus obligaciones, especialmente en relación con su patrimonio y las reservas técnicas. Además, recibió un número creciente de PQR (peticiones, quejas y reclamos). El superintendente de Salud señaló que las deudas de la EPS con otros actores del sistema estaban aumentando y cerraron el año pasado en más de 2 billones de pesos, impactando negativamente la prestación del servicio de salud.
 
La intervención de Sanitas, según había argumentado la Supersalud, fue necesaria para abordar los riesgos financieros que amenazaban la continuidad de la aseguradora y sus servicios para los afiliados. Hasta septiembre de 2024, tras cinco meses de gestión estatal, los informes financieros evidenciaron una pérdida neta de 240.669 millones, un aumento del 80 por ciento respecto a la pérdida de 133.642 millones en 2023.
 
Reacciones adversas
 
La demanda ha puesto en entredicho las políticas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro en el sector salud, generando incertidumbre entre los profesionales sanitarios, inversionistas y afiliados de Sanitas, que actualmente cuenta con más de 5,7 millones de usuarios en el país.
 
El gobierno ha justificado la intervención en la difícil situación financiera de la EPS, en el incumplimiento de indicadores patrimoniales y el incremento en las quejas por fallas en la atención. Además, se ha aseverado que la medida forma parte de una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema de salud, evitando el colapso de la atención.
 
Sin embargo, los accionistas españoles han calificado la intervención como arbitraria y discriminatoria, alegando que destruyó el valor económico de la compañía y desconoció sus derechos como inversionistas extranjeros. Aseguran que la falta de acuerdos con el gobierno los llevó a acudir al arbitraje internacional.
 
Implicaciones para el sistema de Salud colombiano
 
Más allá de las implicaciones legales, el caso de Sanitas refleja los continuos desafíos estructurales a los que se enfrenta el sistema de Salud colombiano. La crisis financiera, el manejo de recursos y la sostenibilidad del modelo de aseguramiento siguen siendo temas prioritarios que requieren soluciones de fondo, con un equilibrio entre la regulación estatal y la confianza de los actores privados.
 
No obstante, si Colombia es declarada responsable, deberá pagar una millonaria compensación en un contexto de restricciones fiscales y aumento de la presión presupuestaria en el sector Salud, por lo que, el arbitraje ante el CIADI puede entenderse como uno de los mayores desafíos financieros para el país.
 
A su vez, el presidente Petro ha defendido la decisión, asegurando que se trata de una acción necesaria para corregir años de mal manejo financiero por parte de las EPS. Según ha indicado el mandatario, “el sistema de Salud fue convertido en un negocio que favorecía a unos pocos en detrimento de la mayoría de los colombianos”.
 
Impacto en la prestación de servicios
 
Las asociaciones de pacientes han manifestado su preocupación por la continuidad de los servicios y la incertidumbre sobre el futuro de Sanitas. La posibilidad de una liquidación genera inquietud entre los usuarios, quienes podrían enfrentar interrupciones en sus tratamientos y acceso a servicios de Salud.
 
Por su parte, los profesionales de la salud han advertido que la situación podría traducirse en una mayor carga operativa para las instituciones prestadoras de servicios (IPS), las cuales ya enfrentan desafíos significativos como desabastecimiento de insumos y dificultades en los pagos por parte de las EPS intervenidas.
 
El dato
 
De acuerdo con medios locales, el proceso ante el CIADI puede llegar a prolongarse hasta cinco años, contemplando etapas de conciliación antes de la instalación del tribunal arbitral. Mientras tanto, la controversia legal también se desarrolla en el ámbito interno, con recursos interpuestos ante el Consejo de Estado para determinar la legalidad de la intervención.

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