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Lunes, 31 de marzo de 2025
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Gestión
CUBRIR COSTOS
Inicia la mesa técnica para recalcular la UPC: dudas sobre transparencia y ausencia de gremios médicos
A pesar de la amplitud de la convocatoria, diversos sectores han cuestionado la falta de representación de los gremios médicos
Viernes, 21 de marzo de 2025, a las 10:23

Luis A. Martínez, presidente de la mesa de trabajo de revisión de la UPC; Félix L. Martínez, director de la ADRES; Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; y Giovanny Rubiano, superintendente Nacional de Salud.


Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha emitido la Resolución 370 de 2025, mediante la cual se establece una mesa de trabajo para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en los Autos 007 y 089 de 2025.
  De acuerdo con la cartera de Salud, este espacio busca promover un diálogo participativo entre distintos actores del sistema de salud, entre ellos el Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud, EPS, IPS, asociaciones de pacientes y el sector académico.
 
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha destacado que el propósito de esta mesa es garantizar un cálculo técnico y adecuado de la UPC: “Esta mesa en particular se convierte en el tribunal de la verdad de la salud, aquí vamos a saber qué es lo que realmente está pasando”, ha afirmado.
 
Transparencia y dudas sobre los informes financieros de las EPS
 
Uno de los temas clave en la mesa técnica es la transparencia en el uso de los recursos del sistema de Salud. El Ministerio ha identificado discrepancias significativas en los informes financieros de las EPS, incluyendo aumentos atípicos en costos reportados y posibles inconsistencias contables.
 
Un dato preocupante es que algunas EPS han informado un incremento del 64 por ciento en las frecuencias de servicio en comparación con el año anterior, lo que ha generado dudas sobre la confiabilidad de la información reportada. Además, la Contraloría ha detectado una presunta destino indebida de más de 5 billones de pesos en años anteriores.
 
Pese a estos desafíos, el Ministerio ha defendido su propuesta de aumento del 5,36 por ciento en la UPC para 2025, asegurando que es una cifra realista, ya que en el pasado habría existido una sobreestimación del valor de esta unidad.
 
Gremios médicos denuncian exclusión en la discusión
 
A pesar de la amplitud de la convocatoria, diversos sectores han cuestionado la falta de representación de los gremios médicos en la mesa técnica. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, ha enfatizado en medios locales la ausencia de actores esenciales: “A esto le faltan tres actores clave: los médicos, el talento humano en salud y las asociaciones científicas. Vamos a enviar una carta a la Corte Constitucional solicitando su inclusión”.
 
Por su parte, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), lamentó que no hayan sido convocados, a pesar de haber solicitado formalmente su participación. "Somos los profesionales de la salud quienes vivimos el día a día del sistema y conocemos su realidad. Nuestros aportes son fundamentales para definir el cálculo de la UPC”, expresó.
   
Además, la ACSC recordó que la participación de los actores del sistema de salud es un derecho, amparado por el artículo 2° de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 1751 de 2015.
 
Un incremento insuficiente para la sostenibilidad del sistema
 
Desde el gremio médico y las asociaciones de pacientes han manifestado que el ajuste del 5,36 por ciento en la UPC es insuficiente y que no cubre los costes reales del sistema. Según la ACSC y Pacientes Colombia, esta situación profundizará la crisis financiera de clínicas, hospitales y pacientes. “El reajuste debe hacerse con base en una metodología técnica y transparente. La UPC actual no alcanza para cubrir los costos reales del sistema de salud”, advirtió Quintero.
 
Finalmente, el presidente de la ACSC insistió en que la definición de la UPC debería estar en manos del Consejo Nacional de Salud y de expertos en el sistema, asegurando que los recursos sean suficientes para garantizar una atención oportuna y de calidad.

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