PRESUPUESTOS MÁXIMOS
Minsalud acata orden de la Corte sobre la UPC, pero gremios advierten rezagos en la financiación
En los próximos días se espera conocer nuevas disposiciones sobre el ajuste de los presupuestos máximos de 2022 y de la UPC 2024-2025
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.
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Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha anunciado que, tras un análisis detallado de los autos 088 y 089 de 2025, la Corte Constitucional ha dado respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por la entidad. Estos autos precisan el alcance de los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, relacionados con el pago de
ajustes a los presupuestos máximos de 2022 y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024.
Hace varios días la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional notificó el Auto 088 de 2025, que responde a las inquietudes del Ministerio sobre el Auto 2049 de 2024. Entre las principales precisiones se destacan:
-Corrección de errores en referencias normativas, incluyendo la indicación errónea de un considerando inexistente, que se ajustó adecuadamente.
-Ampliación del plazo para el cumplimiento de órdenes, reconociendo que no se pueden impartir instrucciones con efecto retroactivo. Se desarrolló un nuevo período de calendario de 18 días a partir de la notificación.
-Reafirmación del respeto a los procedimientos administrativos, en particular la facultad de las EPS para recurrir los actos administrativos que fijan los presupuestos máximos, lo que podría afectar los tiempos de ejecución de los pagos.
Definición de competencias en la suficiencia de la UPC
Por otra parte, el Auto 089 de 2025 responde a las inquietudes del Minsalud sobre la declaratoria de insuficiencia de la UPC para 2024. La Corte dejó claro que:
-No le corresponde fijar el valor suficiente de la UPC, sino hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008.
-El Minsalud mantiene la competencia para analizar y determinar la suficiencia de la UPC, lo que implica que no se trasladará esta función a una mesa técnica conformada por actores del sistema de salud.
Con estas aclaraciones, el Ministerio procederá a generar herramientas y métodos para cumplir con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Esto significa que en los próximos días se podrían conocer
nuevas disposiciones sobre el ajuste de los presupuestos máximos de 2022 y la metodología para la evaluación de la UPC en 2024 y 2025.
No obstante, el sector salud permanece atento a los mecanismos que implementará el Gobierno para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el cumplimiento de las obligaciones pendientes con las EPS y prestadores de Salud.
La incertidumbre que viven los gremios médicos y de pacientes
Los gremios médicos y de pacientes han expresado opiniones diversas sobre la solicitud de la Corte para que el Ministerio de Salud presente su nueva metodología en el
ajuste de la UPC.
Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, afirmó que la Corte ha actuado acorde con la situación, recordando que esta decisión sigue la sentencia T-760 de 2008.
Por su parte,
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, mencionó que hay una mezcla de alegría y temor ante la incertidumbre de si el gobierno del presidente Petro respetará el fallo. Algunos sectores han criticado al gobierno por
no atender adecuadamente las necesidades financieras del sistema de Salud.
Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, acusó al Gobierno de tratar la Salud como un tema electoral.
En otro pronunciamiento, el grupo
Acuerdos Fundamentales solicitó al Gobierno nacional y al Congreso de la República que cumplan las órdenes de la Corte Constitucional en medio de la crisis del sistema de salud. Este grupo, formado por 23 organizaciones médicas, académicas y de salud advirtieron de una inminente crisis en Salud, por lo que el ajuste de la UPC debe realizarse de forma urgente; así como el reconocimiento de las deudas que no se pagaron en años anteriores. Los primordial es
proporcionar nuevos recursos financieros.
Por último, alertaron sobre la grave situación que ha llevado al cierre de 955 IPS y 4.490 servicios en el último año, lo que impacta negativamente a pacientes y trabajadores de la Salud. El grupo también ha instado a
garantizar condiciones laborales justas, reiterando que el Gobierno tiene la responsabilidad constitucional de financiar el sistema y evitar poner en riesgo la Salud de los ciudadanos.