Edición Médica

Giovanny Rubiano García, superintendente Nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha revelado los hallazgos preliminares de la intervención realizada el pasado 22 de noviembre a Coosalud EPS, señalando posibles irregularidades graves en el manejo de recursos públicos destinados a la atención en salud. El informe, presentado por el equipo interventor designado por el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, pone de manifiesto inconsistencias en la gestión financiera de la EPS, incluyendo un contrato de crédito que compromete más de 221 mil millones de pesos.
 
Cabe mencionar que, Coosalud EPS es una de las cinco entidades promotoras de salud más grandes de Colombia, con una cobertura de más de 3.2 millones de afiliados, principalmente del régimen subsidiado. El proceso de intervención está previsto para extenderse hasta noviembre de 2025, con un equipo designado para tomar el control de los bienes y la gestión operativa de la EPS.
 
Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que, en diciembre de 2022, Coosalud EPS actuó como garantía de un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris SA y la empresa COOSALUD INVERSA SA, cuyo representante legal era el mismo que el de la EPS, Jaime González, en ese momento. En noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito y activó cláusulas para recuperar los fondos mediante la transferencia de 206 mil millones de pesos desde fideicomisos relacionados con Coosalud.
 
El informe también ha evidenciado que estos recursos tienen un carácter público y, por tanto, están sujetos a estrictas regulaciones legales, cuya transgresión podría constituir una grave falta administrativa y penal. El Superintendente Rubiano ha resaltado que la Superintendencia ha trasladado los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones pertinentes.
 
Durante una rueda de prensa, Rubiano García ha subrayado la gravedad de la situación y el compromiso de la Supersalud en proteger los recursos del sistema de salud. “El informe plantea dudas sobre el manejo de los recursos públicos de Coosalud EPS y evidencia una presunta desviación de fondos que debe ser investigada y sancionada”, ha afirmado.
 
La intervención de la Fiscalía podría derivar en sanciones penales si se confirma la malversación de fondos o actos de corrupción. Paralelamente, la Supersalud ha indicado que seguirá fortaleciendo sus mecanismos de supervisión para evitar que situaciones similares afecten la sostenibilidad del sistema de salud y la atención a los usuarios.
 
Al momento, el proceso legal que enfrenta Coosalud EPS sigue en curso y nuevamente se ha hecho hincapié la transparencia y gestión adecuada de los recursos públicos. Además, evidencian la necesidad de un mayor control en las EPS, considerando el impacto directo que estos desvíos tienen en la prestación de servicios de salud a los afiliados.
 
El dato
 
De acuerdo con la Supersalud, se han detectado más de 23.000 acciones de tutela acumuladas desde 2020, muchas relacionadas con fallos en la atención de salud, lo que refleja un deterioro en la gestión de los servicios. Solo en 2023, se presentaron 8.616 tutelas, lo que representa el 37 por ciento del total histórico de la EPS.

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