Edición Médica

Gobierno nacional activa protocolo para la atención médica de reclusos.

Redacción. Bogotá
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una nueva ruta de atención para las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios del país, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la atención médica de aquellos internos que padecen afecciones graves cuya condición sea incompatible con la reclusión.

 
En un comunicado, la Presidencia de la República ha asegurado que, esta medida entrará en vigencia de manera inmediata, y promoverá una digna, adecuada y humanizada, alineada con los principios de protección de los derechos humanos.
 
La ruta de atención, estructurada en cinco pasos, establece un proceso riguroso basado en un concepto de Medicina Legal y la autorización de un juez. Estos elementos son fundamentales para evaluar si el estado de Salud de la persona es incompatible con su permanencia en prisión, tomando como base evidencias científicas.
 
Procedimiento detallado para la atención médica

El procedimiento establece que las entidades administradoras de planos de beneficios deben garantizar la atención en salud de los internos, mientras que la dirección del establecimiento penitenciario se encargará de supervisar la seguridad. Además, un juez de ejecución de penas ordenará las valoraciones médicas periódicas para determinar si la medida sustitutiva sigue siendo necesaria.
 
En caso de que un interno sea identificado con una afección grave, el juez solicitará al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses una valoración médica que determine si la enfermedad es compatible con la reclusión. Basado en el diagnóstico, el juez tomará la decisión de conceder o negar la medida sustitutiva.
 
Proceso de identificación y evaluación

La identificación de casos se realiza mediante exámenes médicos, consultas especializadas, atención de urgencias, informes de defensores públicos y redes de apoyo. En cuanto se detecte un caso, el área jurídica del establecimiento coordina con la Unidad de Atención Primaria y el área de tratamiento para recopilar la información médica y legal necesaria.
 
En caso de ser aprobada la solicitud, el interno será trasladado a su domicilio o a un centro hospitalario para recibir atención. Si la solicitud es rechazada, continúe con su tratamiento dentro del centro penitenciario.
 
De acuerdo con el Gobierno, aunque no se establezcan términos fijos, se priorizará la revisión de aquellos casos en los que la vida e integridad de la persona estén en riesgo, en cumplimiento de los principios fundamentales de derechos humanos.
 
El protocolo cuenta con el compromiso de todas las instituciones involucradas en su implementación. Para asegurar su correcto cumplimiento, se conformará un Comité de Seguimiento que evaluará su efectividad y vigilará el cumplimiento de las medidas. Si la condición de salud del beneficiario mejora, el juez podrá revocar la medida.
 
Hacinamiento y barreras en atención en Bucaramanga
 
Hace varias semanas, la Cárcel Modelo de Bucaramanga alertó sobre un brote de tuberculosis. Más de 86 presos fueron diagnosticados y están recibiendo tratamiento. La Secretaría de Salud local confirmó que la mayoría (82) están en las primeras etapas del tratamiento, tres han necesitado hospitalización y uno ya se recuperó.
 
El brote se descubrió gracias a una búsqueda activa de casos entre los presos que mostraban síntomas respiratorios, realizada por la IPS Norsalud con la ayuda del INPEC. Durante esta búsqueda, se encontraron 246 personas con síntomas respiratorios y se confirmaron 11 nuevos casos de tuberculosis.
 
Este brote ha revelado problemas serios en la atención médica dentro de las prisiones. La detección tardía de la enfermedad, la poca claridad en la información sobre los casos, y la ausencia de espacios para aislar a los enfermos podrían empeorar la situación. El aumento de casos pudo atribuirse a la falta de medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en la cárcel.
 

El dato
 
Este protocolo ha sido diseñado en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades que garantizarán su adecuada supervisión y cumplimiento.

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