Edición Médica

Sura adeuda 12,3 billones de pesos correspondientes a cuentas por pagar a clínicas y hospitales.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha decidido rechazar la solicitud de retiro del sistema de salud colombiano, presentada por EPS Sura en su "Programa de desmonte progresivo". En lugar de aceptar la propuesta, la entidad reguladora acorde con Sura continuará trabajando en mesas técnicas con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de salud para los más de 5,4 millones de afiliados que la EPS atiende en 13 regiones del país. incluyendo Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.
 
En ese contexto, la Supersalud y Sura han establecido un cronograma que establece compromisos conjuntos para fortalecer la red de atención médica de la EPS, mejorando la sostenibilidad y la calidad de los servicios. Estos acuerdos incluyen realizar un monitoreo riguroso para asegurar que se cumplan los compromisos; implementación de medidas que garanticen su sostenibilidad y la atención continua a sus afiliados.
 
Crisis financiera de Sura
 
Cabe mencionar que, la decisión de la entidad se toma en un contexto financiero crítico para la EPS. Según han indicado los informes de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), Sura enfrenta una deuda acumulada de 25 billones de pesos, de los cuales 12,3 billones corresponden a cuentas por pagar a clínicas y hospitales. Entre 2022 y 2023, la entidad reportó pérdidas por 360.000 millones, y para 2024 se proyecta un déficit de 500.000 millones de pesos.
 
De acuerdo con la presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llano, los problemas financieros de Sura se deben, en parte, a una Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente para cubrir los costos de atención. Según ha argumentado la directiva, por cada 100 pesos recibidos, la EPS gasta 102 , una brecha que ha contribuido a su insostenibilidad.
 
En mayo de 2024, Sura presentó un plan de retiro progresivo, asegurando que operar en las actuales condiciones financieras y regulatorias era inviable. La EPS propuso una transición ordenada que garantizara el traslado de sus afiliados a otras EPS, así como el pago a los prestadores de servicios de salud. Sin embargo, la Supersalud ha rechazado la propuesta, citando el riesgo sistémico que representaría la salida de Sura, y enfatizó que la prioridad es garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios.
 
A pesar de la negativa de la Supersalud, no se han descartado otras medidas para abordar la crisis de Sura, como la ejecución de una intervención administrativa por parte de la Supersalud, un proceso de reorganización empresarial, bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades. También se ha contemplado la declaración de insolvencia, si la situación financiera continúa deteriorándose. La EPS también espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre temas relacionados con los presupuestos máximos y la UPC, para tratar de mejorar su flujo de caja y aliviar su situación financiera.
 
Aunque la decisión de mantener una Sura en operación refleja la postura de la Supersalud para evitar un impacto negativo mayor en el sistema de salud, también evidencia la necesidad de reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera de las EPS y la calidad de los servicios.

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