Edición Médica

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social aún no ha cumplido con la orden emitida por la Corte Constitucional a través del Auto 007 del 23 de enero de 2025, que le exigía convocar en un plazo de 10 días una mesa de trabajo con distintos actores del sector salud para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024 y ajustar la metodología de cálculo para los años siguientes, incluida la vigencia 2025. Hasta la fecha, nada de esto se ha concretado.
   

Ante este incumplimiento, en entrevista a EDICIÓN MÉDICA Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), ha expresado: “Enviamos una carta al Ministerio de Salud para que nos incluyeran en estas mesas técnicas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Somos los profesionales de la Salud quienes vivimos el día a día del sistema y conocemos su realidad. Nuestros aportes son fundamentales para definir el cálculo de la UPC”.  

No obstante, el Ministerio de Salud, al exigir claridad a la Corte, había advertido que la instrucción de establecer mesas técnicas carece de lineamientos claros sobre su implementación, especialmente en cuanto a la representatividad de los actores y el mecanismo de decisión. También se plantea el riesgo de generar conflictos con las normas vigentes sobre fijación de la UPC, competencia que la ley asigna exclusivamente al Ministerio de Salud.
 
¿Falta de consenso en el sistema de Salud?
 
Es de recordar que, el Auto 007 ha ordenado la conformación de una mesa de trabajo en la que participen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia de Salud, las EPS, IPS, asociaciones de pacientes y el sector académico. El objetivo, revisar la UPC y lograr su suficiencia.
 
En ese sentido, el directivo de ACSC ha denunciado la falta de diálogo con los expertos del sector: “El 2 de enero de 2025 radicamos un derecho de petición solicitando la derogación de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, que fijó el valor de la UPC. Sin embargo, como ocurre con frecuencia, no hubo respuesta y las decisiones se siguen tomando sin tener en cuenta a los profesionales de la salud. El Gobierno no debería definir la UPC de manera unilateral, sino a través de un consenso”.
 
Quintero también ha insistido en que el cálculo de la UPC debe ser realizado por el Consejo Nacional de Salud y por expertos con conocimiento del sistema. Destacó que el Auto 007 de la Corte Constitucional respalda esta postura al señalar que la UPC actual es insuficiente para cubrir los costos del sistema y requiere una revisión urgente.
 
Además, el tribunal advirtió que el Ministerio de Salud no ha corregido fallas estructurales en el sistema de información, previamente identificadas en el Auto 411 de 2016, lo que dificulta un cálculo adecuado de la UPC. Por esta razón, ordenó actualizar el mecanismo de fijación del valor, incluyendo nuevas variables para garantizar su sostenibilidad.
 
Ante esta situación, Quintero ha expresado su preocupación por la falta de acción del Gobierno: “Si la Corte ya emitió una orden, ¿por qué el Ministerio de Salud no responde? La crisis del sistema sigue profundizándose. Hay barreras de acceso para los pacientes, demoras en la asignación de citas, escasez de medicamentos e insumos, y retrasos en los pagos al personal de Salud. Los médicos, profesionales y trabajadores de la salud necesitamos estabilidad, condiciones de seguridad y pago decente y oportuno”.
 
Aunque la concreción de una Reforma a la Salud es urgente para otros representantes del sector Salud, como el gremio de hospitales públicos, el presidente de la ACSC ha hecho un llamado al Congreso de la República para que no apruebe el Proyecto de Ley 312 de 2024, que propone la reforma al sistema de salud, argumentando que no existen recursos suficientes para su implementación. “Antes de pensar en una reforma, debemos solucionar la crisis actual. Hay que priorizar a los pacientes y a los profesionales de la salud por encima de intereses políticos o económicos”, ha remarcado Quintero.
 
El dato
 
La Resolución 2717 de 2024, emitida el 30 de diciembre del mismo año, ha establecido el valor de la UPC para 2025, que financia los servicios y tecnologías en salud de los regímenes subsidiado y contributivo:
   
A pesar de estas cifras, el sector advierte que los recursos siguen siendo insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

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