Edición Médica

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, ha anunciado en su cuenta de Twitter, que “triste realidad: entramos en etapa de triaje ético. Nuestros médicos ahora tienen la enorme responsabilidad de decidir quién debe ocupar las escasas camas UCI que tenemos en Antioquia.
 
Ante la pronunciación son varios los gremios y sectores médicos que han salido hablar del tema y dar su posición de desacuerdo con respecto a las declaraciones que dio Suárez Vélez.  En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, ha manifestado que “en el punto en el que estamos es evidente que hay un colapso en el sistema hospitalario en algunas regiones del país. En Antioquia hay más de 250 pacientes esperando por una cama en Unidad de Cuidados Intensivos, lo que habla de que el sistema está en crisis”.
 
Igualmente, ha manifestado que “nos preocupa que en Antioquia se estén haciendo priorizaciones, es decir la elección para el ingreso a UCI. Nos parece que esos comités de ética deben empezar a obrar cuando se haya comenzado agotar el recurso de trasladar los pacientes a otras UCI disponibles en el país, siempre y cuando haya oferta disponible a nivel nacional, el estado, los gobiernos y las EPS tienen que cumplir con los traslados correspondientes en ambulancias áreas, eso nos parece una consideración relevante”.
 
Corcho ha aclarado que “entendamos que la priorización, que es lo que están denominando triaje ético en Antioquia, es un procedimiento que se establece en las emergencias cuando la demanda de servicios de UCI supera la oferta, pero eso no ha ocurrido en Colombia, es decir que la demanda supero la oferta en Antioquia, pero no a nivel nacional. Es así que se debe agotar ese recurso, el paciente tiene derecho a luchar por su vida cuando este recurso está disponible en el resto del territorio, acabada esa solución, la entidad sanitaria nacional y regional debe declarar el colapso hospitalario y es en ese momento en el que se activan los comités de ética para realizar la esa priorización”.
 
En Antioquia actualmente de las 1.420 camas UCI que tiene el departamento, 1.389 están ocupadas. Los municipios de Bello, Envigado, La Ceja y Sabaneta tienen el 100 por ciento de ocupación de UCI, mientras que Medellín está en un 98,24 por ciento y en total cuenta con 1.025 camas.
 
“En caso de aplicarla sin tener en cuenta otras opciones estaríamos vulnerando el derecho a los pacientes de luchar por su vida y el estado debe responder efectivamente por esa obligación que tiene de garantizar los traslados hacía otros hospitales a nivel nacional que tenga camas UCI disponibles”, ha afirmado.
 
Corcho ha agregado que “se han confirmado dos variantes del virus que tienen mayor nivel de contagiosidad, lo que habla de que el virus está fuera de control, entre otras cosas porque ha fracasado la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) del Ministerio de Salud. En Colombia no estamos haciendo el número suficiente de pruebas, menos los contactos y cercos epidemiológicos, tampoco se está realizando el testeo de asintomáticos, ni siquiera tenemos un control o mapa epidemiológico claro de cómo se está comportando el virus dentro del país”.
 
La especialista ha anotado que “todos eso lo vemos reflejado en los servicios hospitalarios, por eso la única opción que nos queda es una cuarentena estricta por 15 días, que nos permita descongestionar el sistema. No hubo previsión, sin embargo, insistimos en que es necesario los apoyos sociales para que eso sea posible y la ciudadanía cumpla con las medidas, porque no se puede encerrar a la gente sin que tengan los recursos suficientes para la mantenerse”.
 
“En el caso de Bogotá se están haciendo cuarentenas en acordeón, aún no está en la situación en la que encuentra Antioquia, Barranquilla, pero seguro va a estar igual más adelante, por lo que necesitará de una cuarentena estricta, el problema de esa medida es que el gobierno nacional no ha tomado las medidas de ayudas económicas, entonces es inviable, por la inacción política social a la población informal”, ha concluido la vicepresidenta.

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