ACEMI: existen diferentes amenazas y riesgos derivados de la eliminación de las EPS
El gremio ha formulado una serie de propuestas sobre ajustes para fortalecer el sistema de salud colombiano
Paula Acosta, presidenta de la ACEMI.
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Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
Tras el polémico anuncio del Gobierno entrante sobre de
la eliminación de las EPS, así como las declaraciones de la ministra de salud designada Carolina Corcho, sobre la necesidad de acabar gradualmente con este sistema de aseguramiento. No obstante, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), ha expresado que esta decisión sería un desacierto.
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA,
Paula Acosta, presidenta de la ACEMI, ha indicado que, “
es necesario generar acuerdos en el corto plazo que permitan definir objetivos, metas y estrategias comunes involucrando a las entidades territoriales, EPS, IPS, empresas farmacéuticas y asociaciones de usuarios”.
Asimismo, Acosta ha recalcado que este escenario también traería consigo “insuficiencia y distribución desigual del talento humano especialmente especializado”, y agregó que, “la capacidad de la red pública de hospitales a nivel nacional; la presión derivada del rápido ingreso de nuevas tecnologías;
la persistencia de la desconfianza; las brechas o limitaciones en los sistemas de información y las dificultades para la captura y procesamiento relacionadas entre otras con el desarrollo tecnológico de la IPS”, serían otras problemáticas a considerar.
Desconocer esto implica poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y sus logros alcanzados y la misma garantía del derecho a la salud de la población”, ha indicado Acosta.
En cuanto a cómo afectaría eso al sistema de salud la presidenta de ACEMI ha afirmado previamente que, “se puede cambiar la asignación, pero no eliminar la función”, enfatizando que, “
transferir esta función a una o más entidades, requiere de un importante costo y tiempo que permita a las entidades asumir estas competencias, para que desarrollen las capacidades alcanzadas por las EPS a lo largo de los últimos 30 años; con el principal riesgo de retroceder frente a los resultados alcanzados a la fecha”.
Sobre las amenazas, riesgos y las propuestas
Acosta también ha recalcado que, existen diferentes amenazas y riesgos derivados de la
eliminación de las EPS o de transformación en prestadores, entre ellos se resaltan los siguientes:
• La entidad receptora de la función (Ej. ET o IPS) puede dejar de realizar sus funciones previas o ver afectado el desempeño de su función actual. Ej. La prestación de servicios.
• Trasladar esta función puede afectar la oportunidad, calidad y continuidad de las atenciones de las personas: sin recursos adicionales para generar las capacidades en la entidad “receptora”, durante el periodo de transición, se terminará afectando los actuales procesos de atención o sin las capacidades de compra inteligente se puede incrementar el porcentaje de ineficiencias y desperdicios, definidos estos últimos como todo aquello que puede suprimirse sin alterar la calidad en la prestación del servicio.
• Trasladar la representación del afiliado de unas entidades desligadas de intereses políticos que son imparciales frente a los partidos de gobernadores y alcaldes, a unas entidades receptoras que pueden ser más fácilmente influenciadas por este tipo de intereses disminuye la capacidad de proteger el derecho fundamental a la salud.
• Se pierde la preocupación por el logro de resultados costo efectivos la cual ha permitido optimizar el uso de las tecnologías y recursos disponibles para toda la población afiliada a una misma EPS, debido a que la misma terminaría distribuida en diferentes entidades.
• Por último, se corre el riesgo de retroceder frente a los logros alcanzados, generando regresividad frente al goce efectivo del derecho a la salud.
Cabe mencionar que, en el marco de la campaña presidencial, ACEMI ha formulado una serie
de propuestas sobre ajustes para fortalecer el sistema de salud colombiano, entre ellas, se han plantearon algunas medidas para ofrecer mayores garantías a los usuarios en el ejercicio del derecho fundamental a la salud con equidad, que incluyen entre otras las siguientes:
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La definición de garantías explícitas para los afiliados en materia de oportunidad. Las garantías explícitas han sido el camino que han transitado algunos países y que otorgan al individuo certeza sobre su derecho y le permite una mayor exigibilidad en términos de oportunidad.
Acosta ha subrayado que
, el Sistema de Salud carece de parámetros reglamentarios en lo relativo a la oportunidad para la asignación de citas y procedimientos en ciertas especialidades.
De igual forma, la ausencia de la regulación sobre tiempos de oportunidad para las distintas especialidades impide
realizar un seguimiento objetivo acorde a la realidad del país y por supuesto, a las necesidades de la población.
En este sentido es fundamental que estas
garantías explícitas sean definidas por el Ministerio de Salud con aportes de las sociedades científicas y que sean públicas, para efectos de la exigibilidad de los derechos.
El papel fundamental de las EPS, según ha remarcado Acosta, es
actuar como el agente del afiliado, seleccionando la red de prestadores, articulándola y auditando la calidad de los servicios.
En este sentido, la ACEMI ha propuesto
avanzar en la eliminación de autorizaciones empezando por aquellas patologías que cuentan con guías y rutas integrales de atención definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de tal manera que se garantice la integralidad de la atención y los procesos de referencia y contrarreferencia sin que los usuarios tengan que mediar en el proceso.
Así mismo, ACEMI ha manifestado que,
las IPS deben reportar cada mes a las EPS las agendas abiertas para sus afiliados, de tal manera que pueda hacerse un cabal seguimiento sobre la disponibilidad y capacidad de oferta que garantice la oportunidad para el afiliado.
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Supresión de trámites que puedan convertirse en barreras de acceso y seguimiento permanente de las EPS a la agenda de las IPS.
“Entendiendo el sistema de salud como un conjunto que
debe trabajar de forma armónica, se considera clave que el Ministerio de Salud y Protección Social genere procesos que hagan posible la convergencia de todos los actores involucrados, hacia la resolución mancomunada de los retos que tenemos como país para la garantía plena del ejercicio del derecho a la salud y especialmente, la superación de brechas entre zonas urbanas y rurales”, ha concluido Acosta.