Edición Médica

Gustavo Morales, presidente de la ACEMI.

Redacción. Bogotá
Respecto al proyecto de Resolución planteado por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), que adopta medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento e implementación del procedimiento a seguir frente a las solicitudes de morir dignamente a través de la eutanasia, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha propuesto algunas medidas para que este derecho se garantice de la manera más eficaz posible.
 
En ese sentido, la ACEMI ha señalado que, la resolución propone que la eutanasia se aplique en casos en los que hay “condiciones clínicas de fin de vida”, por lo que el gremio apunta a que se incluyan las hipótesis de “discapacidad grave crónica causantes de sufrimientos intolerables”.
 
Este escenario comprende no sólo dolores físicos y psicológicos constantes e intolerables, sino que también limitan la autonomía de forma permanente sin probabilidades de mejoría. La inclusión de estas condiciones ya ha sido reconocida en el ejercicio de la eutanasia de países europeos, ha expresado la ACEMI.
 
Adicional a ello, la agremiación ha hecho propuestas relacionadas con el trámite mismo de la solicitud para poder ejercer el derecho a la muerte digna, sugiriendo por ejemplo que en caso de que se considere que la solicitud no cumple con los requisitos mínimos y por lo tanto no se le dé trámite, tal decisión se le comunique formalmente al solicitante por escrito y con constancia en la historia clínica, todo en aras de la transparencia y para evitar barreras de acceso.
 
Cabe resaltar que, el proyecto de resolución contempla algunas hipótesis en las que el médico que revisa la solicitud de eutanasia puede pedir una segunda opinión; las aseguradoras representadas en ACEMI, en una carta de comentarios, han propuesto que esa segunda opinión pueda consultarse en otras situaciones adicionales como, por ejemplo, a solicitud del paciente interesado.
 
De igual forma la ACEMI ha solicitado contemplar la posibilidad de que esa segunda opinión provenga de una IPS diferente a la original. “Reconociendo que la objeción de conciencia en este tema es un derecho de los profesionales de la salud, pero sabiendo que esta no puede impedir el ejercicio del derecho a la muerte digna, propuso que se obligue a las IPS contar con personal idóneo no objetor que pueda garantizar el derecho del paciente dentro de la misma entidad prestadora en el evento de que en ella haya profesionales objetores”, ha resaltado el gremio en un comunicado.
 
Por su parte, Gustavo Morales, presidente de ACEMI ha señalado que, “más allá de estas propuestas de mejora puntuales, creemos que la resolución que está por expedir el ministerio es un paso muy importante para hacer valer en Colombia el derecho a la muerte digna por vía de la eutanasia, en cumplimiento de ordenes de la Corte Constitucional. Para las afiliadas a ACEMI es muy importante tener reglas claras a aplicar en este proceso tan delicado e importante para los pacientes y sus familias”.

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