Edición Médica

Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Aunque el Proyecto de Ley 339 de 2023, Reforma al Sistema de Salud ya tiene aprobados 71 artículos de los 143 que la conforman, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud (Gestarsalud) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), han solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) realizar un análisis detallado de los tiempos y los costos que exigiría el nuevo sistema, en caso de ser aprobado en su totalidad por el Congreso de la República.
  

En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, ha asegurado que “aún hay tiempo para corregir algunas de las falencias que tiene la reforma antes de ser aprobada. Hemos tenido reuniones, pero aún no llegamos a un acuerdo en algunos temas”.
 
Entre los temas mencionados por Dávila se encuentran “las responsabilidades frente al paciente, el rol de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), las entidades territoriales, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que recibirán el nombre de Gestoras de Salud y Vida”.
 
Para la directiva de Gestarsalud el sistema de Salud requiere cambios, pero a la vez advierte que se deben hacer en tiempos prudentes y sensatos. Además, ha reiterado que “estos cambios requieren costos y retos asociados a la creación de nuevas responsabilidades. Incluso se debe acudir a instituciones adecuadas para perseguir los nuevos propósitos”.
 
“Consideramos que la transición no debería tener un plazo específico, sino a la transformación del arreglo institucional en cada una de las funciones de los actores, y a la verificación viable del cumplimiento de las condiciones necesarias para cumplir la transición”, ha agregado.
 
Así como ha reconocido los repararos que se ha hecho a las EPS, también ha insistido en que “el nuevo modelo de aseguramiento social en salud que proponemos prohíbe la integración vertical para las nuevas Gestoras de Salud y Vida en el segundo y tercer nivel. También creemos que es viable la conformación de las redes que incluyan un porcentaje mínimo de prestadores como lo son las IPS y los hospitales de naturaleza pública y mixta”.
 
Otro de los temas que para Gestarsalud y ACEMI no está claro dentro del Proyecto 339, es referente a la función de la ADRES. Según ha explicado Dávila “el fortalecimiento de esta entidad y la ampliación de su planta para manejar las nuevas funciones requerirá entre uno a tres billones de pesos anuales y por supuesto, tiempo”.
 
No obstante, para estas entidades tampoco es claro el periodo límite de pago de las deudas que tienen las EPS con las IPS, claro incluyendo a la Nueva EPS, entidad que, teniendo deudas con las IPS por el orden de los 3,5 billones de pesos, hoy le han asignado nuevos roles en el proceso de transición”.
 
Asimismo, las entidades que asocian la mayoría de las EPS que aún están en funcionamiento han especificado que, no es prudente que entidades como: las Gestoras de Salud y Vida, entidades territoriales, CAPS, el ministerio de Salud, la ADRES, sean los responsables en la prestación del servicio a los usuarios, por tal razón proponen “que esa responsabilidad esté en cabeza de las EPS, transformadas a Gestoras de Salud y Vida".
 
“Esto reconociendo la capacidad instalada, conocimiento y experiencia acumulada en la gestión del riesgo en salud y operativo. Que las Gestoras sean responsables de la afiliación, la representación del usuario en los distintos niveles del sistema, la asignación de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria en Salud, la conformación de las redes integrales e integradas de servicios y la auditoría de cuentas y facturas”, ha dicho Dávila
 
Por último, Dávila ha enfatizado que desde el gremio “apoyamos su propuesta por reorganizar la atención a través de un modelo que priorice la prevención, atención primaria y la territorialización, particularmente en las zonas rurales y dispersas del país”.
 
“Los Centros de Atención Primaria en Salud deben fortalecer la atención en el primer nivel, articulen programas de prevención y salud pública con las entidades territoriales y apoyen a las Gestoras en la caracterización de la población. Nuestro propósito es poder aprobar un texto que salvaguarde los avances del sistema y solucionar aquellos problemas que adolece”, ha concluido la directiva.
 
El dato
 
Entre los artículos aprobados están: El fortalecimiento de la atención primaria, el sistema de supervisión de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, las comisiones intersectoriales encargadas de los determinantes sociales, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de propiedad pública, el gobierno corporativo y la rendición de cuentas de las entidades gestoras de salud y vida.
 
De igual forma, se encuentran aprobados: el desarrollo del sistema de información en salud unificado e interoperable de carácter público, el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, la política de formación y educación superior en el ámbito de la salud, el régimen laboral que garantiza mejores condiciones para los trabajadores de la salud y la creación de unidades zonales para la planificación y evaluación, entre otros aspectos de relevancia.
 

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