Edición Médica

Paula Acosta, presidente ejecutivo de ACEMI.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Todos los problemas relacionados con la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, el traslado forzoso de usuarios de las Entidades Prestadoras de Salud, EPS que han sido liquidadas a las que siguen en pie, los efectos del COVID-19 y la insuficiencia presupuestal, hoy tiene el sistema de Salud de Colombia a punto de afrontar una crisis.
 
Por ese riesgo que hay en la actualidad, las directivas de las EPS en cabeza de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación, para que el Ministerio de Salud y Protección Social adelante acciones inmediatas encaminadas a evitar un colapso en el sistema de Salud, principalmente, la relacionada con la parte presupuestal, siendo ésta la principal causa de los problemas de la prestación del servicio de Salud de los colombianos.
 
Sobre el tema Paula Acosta, presidente ejecutiva de ACEMI y en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha expresado “este año ha sido muy difícil. Primero, porque las atenciones en Salud se han incrementado en un 41 por ciento, debido a los efectos de la COVID-19 en las personas que ya tenían enfermedades preexistentes, situación que requiere más recursos y los asignados, siguen siendo los mismos; segundo, que el traslado hecho de los usuarios a las EPS que aún persisten, también demanda más atención y claro, más presupuesto y no se aumenta”.
 
Al analizar la parte presupuestal de las EPS Acosta ha dicho que “con corte a septiembre del 2022, según datos suministrados por la Superintendencia Nacional de Salud, las 11 EPS asociadas en ACEMI que cubren 34 millones de colombianos, existe una pérdida consolidada de 350 mil millones de pesos menos para cubrir el Plan Obligatorio de Salud y por cuenta de los Presupuestos Máximos hay un déficit de un billón de pesos”.
 
“Los dineros que las EPS reciben por concepto de prima por parte del gobierno para atender a los colombianos, en el régimen contributivo son 92 mil pesos al mes y en el régimen subsidiado al mes son 80 mil pesos y, eso es poco”, ha agregado Acosta.
 
Por otra parte, la directiva ha reiterado que “hay unas deudas pendientes por el orden de los 2,6 billones de pesos correspondientes a los 2020, 2021 y 2022 y que el gobierno debe girarle a las EPS por concepto de presupuestos máximos, que financian las atenciones que no hacen parte del plan de beneficios en salud. Deuda que es responsabilidad de la Nación”.
 
Además, Acosta ha dicho que “cuando se tiene una prima fija y las atenciones cada vez se incrementa más, pues las finanzas de estas empresas, es decir, de las EPS se debilitan. Si se calcula mal esa prima con la que se hacen las atenciones en salud, las cuales hoy están por el orden de los dos millones de atenciones al día, se genera un hueco importante en las finanzas y una presión de recursos que es muy difícil solventar si no hay ajustes por parte del Gobierno”.
 
La presidenta de ACEMI ha concluido en que “estamos en un punto muy complejo y antes de que se termine este año hay que tomar decisiones, el gobierno debe hacer muchas cosas para mejorar el sistema de salud y, no se trata de hacerle un favor a las EPS, aquí lo que se tiene que salvar es el sistema de salud de Colombia para que no se ponga en riesgo la prestación del servicio de millones de colombianos que hoy están vinculados al régimen contributivo y subsidiado”.
 
Cabe recordar que, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado revisar aspectos como: la insuficiencia de la UPC 2022 y las proyecciones realizadas para el 2023, los traslados forzosos por las liquidaciones de EPS intervenidas y el impacto a las que continúan en la operación y asumen la carga de esa población que muchos vienen con enfermedades de alto costo”.
 
Asimismo, los efectos del Long-Covid que han demandado para diversas patologías mayor frecuencia de uso en los servicios, déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022; pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno se han pagado y escasez de Medicamentos e Insumos y dispositivos médicos.
 

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