Edición Médica

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado (ACESI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Tras el pronunciamiento hecho por las EPS Sanitas, Sura y Compensar de no continuar prestando el servicio a por lo menos 13 millones de usuarios, después del mes de septiembre, puso al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social a darles un anticipo de 10 billones de pesos, antes del término del año 2023.
 
Aunque a comienzos de esta semana en una rueda de prensa el ministro de Salud Guillermo Alonso Jaramillo había asegurado que, “si estas EPS dejaban de funcionar, el Gobierno estaba preparado para recibir a los pacientes que quedaran a la deriva y que le pagarían de manera directa a las instituciones que prestaran el servicio de Salud a los usuarios”. Sin embargo, después de reunirse con los directivos de las EPS llegaron a un acuerdo de girarles esos dineros, si continuaban atendiendo a los pacientes.
 
Sin embargo, este acuerdo no ha sido aceptado por los directivos de las entidades que asocian los hospitales públicos del país. En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado (ACESI), ha remarcado que, “los hospitales y clínicas son quienes prestan el servicio, pero la plata le llega a las EPS. No entendemos cómo el Gobierno les brinda una solución a estas entidades, mientras las instituciones hospitalarias siguen afrontando serias dificultades económicas”.
 
Por su parte, EPS Sanitas, Sura y Compensar han argumentado que el Gobierno Nacional aún debe 1,6 billones de pesos, los hospitales públicos tienen que seguir atendiendo a la población, a pesar de afrontar una crisis presupuestal, generada por una deuda de 11 billones de pesos que aún no cancelan las EPS, tanto las que ya fueron intervenidas como las que aún siguen en funcionamiento.
 
De ese modo, Zuluaga Rodríguez, ha dejado en claro que “la deuda que estas EPS tienen con las Empresas Sociales de Estado (ESE) está por el orden de los 365 mil millones de pesos. Sanitas debe 179 mil millones, Sura 110 mil millones de pesos y Compensar 56 mil millones de pesos, con atrasos desde 60 días hasta un año sin pagar los servicios que los hospitales deben de prestarle a los usuarios”.
 
En el balance de cartera hecho por ACESI se ha evidenciado que, estas tres EPS no son las únicas deudoras a los hospitales públicos del país, también existen otras con unas cuentas sin pagar por el orden de los 7,8 billones de pesos. Y la pregunta que se hacen los directivos de la asociación que agremia los hospitales públicos es “quién asume estas deudas impagables y por qué no hay una obligatoriedad en ese pago”.
 
La directiva de ACESI al hacer un análisis de la situación financiera presentada por los gerentes de estas EPS ha asegurado que, “estas entidades lo que hacen es dilatar el pago de facturas, utilizando las glosas como herramienta efectiva para envejecer las carteras, hasta el punto de convertirlas en de difícil recaudo”.
 
En ese sentido, Zuluaga Rodríguez y otros directivos de hospitales han enfatizado que “no es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, al generar malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, al no pagar las facturas”.
 
“Por esa razón es que apoyamos la propuesta que está incluida en la Reforma a la Salud, que hoy se debate en el Congreso de la República, de que las EPS no sean más las intermediarias en el pago de los servicios a los hospitales, clínicas, centros de salud y laboratorios”, ha agregado la directiva de ACESI.
 
En definitiva, Zuluaga ha señalado que “son estas instituciones las que atienden a millones de usuarios con la plata de la salud, la cual es pública. Lo peor de todo es que, aunque estas entidades reciban la plata mensual por parte del Estado, no pagan la atención que los hospitales deben hacerle a diario a los usuarios”.
 
“El gremio de los hospitales públicos, durante muchos años se ha quejado de la inequidad en la interpretación de las normas, que les da a las EPS enormes ventajas sobre las ESE, especialmente en la administración de los recursos, que, para ambos casos son dineros públicos. Varios gobiernos anteriores han expedido decretos y resoluciones en contra de los intereses de los prestadores estatales y a favor de los privados, con la evidente indiferencia de los organismos de control”, ha manifestado Zuluaga Rodríguez.
 
Finalmente, la directora de ACESI ha subrayado que hay situaciones inconcebibles, puesto que, “las negociaciones de muchos contratos de EPS con hospitales públicos violan las normas, porque imponen incrementos, en muchos casos, por debajo del IPC”, y agregó que “buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros. Muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados”.
 
El dato
 
El Gobierno Nacional a las EPS Sura, Compensar y Sanitas, al mes de julio ha girado más de 14 billones de pesos y antes de que termine este año entregará 10 billones. El ministerio de Salud y Protección Social también acordó con los directivos de las EPS estudiará un nuevo método para calcular el monto anual que se les gira a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos.

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