Edición Médica

Carolina Corcho, exministra de Salud, Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de ACESI.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
La crisis financiera que en la actualidad afronta el sistema prestador de salud en Colombia es cada vez mayor. De los 25 billones de pesos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben, 16,8 billones de pesos corresponden a los hospitales públicos y clínicas; mientras que, los 9 billones de pesos restantes son adeudados a los laboratorios, proveedores de medicamentos y entidades prestadoras de tecnologías en salud.
 
Estas cifras, correspondientes a los meses de abril y junio de 2024, han sido analizadas en dos informes de cartera presentados por la Contraloría General de la República y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC); evidenciando un aumento en la morosidad de esa cartera y en la poca capacidad de solvencia y reservas técnicas que tienen las EPS para continuar en la intermediación de la Salud, de por lo menos 50 millones de colombianos.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Juan Carlos Giraldo, director de ACHC ha remarcado que las EPS deben 16,8 billones de pesos a 221 hospitales y clínicas del país. “Esta es una cartera morosa que no disminuye, por el contrario, crece cada vez más. Con relación al informe anterior esa deuda ha aumentado en más de 700 mil millones de pesos y registra una morosidad del 54 por ciento”.
 
Para el directivo lo más grave es que las EPS que están activas son las que más deben y las que tienen una morosidad en el pago de cartera del 52 por ciento. Mientras que en el régimen contributivo deben 6,8 billones de pesos, las que ya fueron liquidadas tienen cuentas por pagar de 1.6 billones de pesos.
 
Cabe mencionar que, la deuda más grande la tiene la Nueva EPS con 2,8 billones de pesos, seguida por Sanitas con una deuda de 985 mil millones de pesos, Sura con 596 mil millones de pesos y Famisanar con 526 mil millones de pesos.
 
Como un “problema crónico” es como ha calificado Giraldo a esta problemática que crece cada vez más. “No se ve una fórmula para ser resuelto, por eso, con la presentación de este informe le reiteramos el llamado al Gobierno Nacional que verifique el cumplimiento del Plan Extraordinario de Liquidez, el cual fue presentado desde el año pasado”.
 
De igual forma, Giraldo ha solicitado al Gobierno que revise si las cifras son correctas y “que el 80 por ciento sea lo mínimo movilizado, pero que tampoco se olvide el 20 por ciento, ambos porcentajes son empleados para mantener la cartera corriente controlada y disminuir la cartera vencida”. Por último, “los dineros del Giro Directo no deben quedarse en instituciones de integración vertical, porque la prioridad debe ser el pago a las instituciones Prestadoras de Salud, IPS”, ha agregado.
 
Ente de control
 
De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de República, se ha reportado que el pasivo de las reservas técnicas era de 13,7 billones de pesos. De estos dineros, sólo estarían respaldados 1,3 billones de pesos en bonos de deuda pública y títulos de alta liquidez. Lo que quiere decir que habría un déficit de 12,4 billones de pesos.
 
El ente de control también precisado que, las EPS Salud Total, Sura, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud cumplen con la provisión e inversión de sus reservas técnicas. Además, que Sanitas, Salud Total, Salud Bolívar y EPM no tienen deudas a más de 360 días, mientras que Nueva EPS, Asmet Salud, Sura, Salud Total y SOS concentran el 35 por ciento de la cartera corriente.
 
Por su parte, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), ha manifestado que “todos estos hechos demuestran que la salud en Colombia demanda una profunda reforma estructural, no solamente en el Congreso de la República, sino en todo el modelo, porque es más que evidente que el patrón actual, que lleva varias décadas funcionando, colapsó”.
 
“Hoy no se puede decir que hay falta de recursos, dinero hay, pero aparte de la intermediación financiera a cargo de las EPS, que es nefasta, la falta de abordaje de los determinantes sociales en el país, en nuestra opinión, es el peor de los problemas, que terminó por asfixiar económicamente a todos los actores del sector”, ha reiterado Zuluaga.
 
A esto se suma la declaratoria de la ex ministra de Salud, Diana Carolina Corcho, quien ha expresado que “las EPS no pueden continuar sosteniendo que no pueden cumplir con los indicadores financieros para continuar la operación que el cálculo de la UPC es insuficiente, es no es cierto. El Gobierno aprobó el 12,01 por ciento, por eso, no existe ninguna evidencia ni sustento que exista insuficiencia en de la UPC”.
 
Corcho argumentado que las EPS y sus gremios saben que el actual sistema de salud es insostenible y, por lo tanto, debe ser reformado, “lo reconocieron de manera tardía en un comunicado que firmaron con el Gobierno Nacional al respaldar la Reforma al Sistema de Salud. Me atrevo a decir, que esta reforma ha sido la más discutida en la historia reciente del país”; destacando la necesidad de una reforma a la Salud”.
 
El dato
 
Recientemente, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social ha superado una moción de censura establecida en el Congreso de la República, y también ha anunciado que en la próxima legislatura, que arrancará el 20 de julio, volverá a presentar el proyecto de Reforma al Sistema a la Salud, porque ya se logró un consenso con las EPS.

---