Edición Médica

Sergio Isaza, presidente de la FMC, Otto Hamman, presidente de la Socmef y Catalina Ascanio secretaria de la Socmef.

Redacción. Bogotá
Diversas agremiaciones médicas se han pronunciado, a través de una rueda de prensa, tras haber enviado una carta al Senado de la República, donde habrían solicitado archivar el Proyecto de Ley 010 de 2020, ya que, según ha manifestado Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (FMC), “existe preocupación sobre las consecuencias que podría tener el Proyecto de Ley 010, propuesto por el partido Cambio Radical”.
 
Según lo ha expuesto la carta, "si bien el proyecto se presenta como la reglamentación de la ley estatutaria 1751 de 2015, su desarrollo, por el contrario, constituye una negación de esta norma en sus elementos fundamentales, lo que supone un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, profundiza la privatización del sistema de salud, la negación de servicios, e introduce elementos inconstitucionales, frente a la propia ley estatutaria de salud y la autonomía universitaria".
 
Ante esto, varios representantes de las distintas agremiaciones médicas presentes durante la rueda de prensa, entre ellos, Otto Hamman, presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar (Socmef), ha recalcado que, “realizamos esta convocatoria para dar a conocer los hallazgos que hemos hecho durante el análisis de esta reforma junto la junta Médica Nacional, puesto que hemos encontrado dificultades en las definiciones y las apropiaciones de la terminología, una serie de elementos que van en contra de normas previas como las leyes de talento humano, así como también una serie de decretos y resoluciones que nos han sido desconocidos”.
 
De acuerdo con Isaza, "el proyecto tiene como uno de sus ejes, la reglamentación comercial de las transacciones en salud, sin considerar este como un derecho fundamental, no desarrolla de ninguna manera la atención primaria en salud; por el contrario, introduce más fragmentación y barreras de acceso en la atención de los ciudadanos".
 
De igual forma el galeno ha explicado que en el área de Talento Humano en Salud, la ley ha propuesto “asuntos inocuos”, puesto que, en la normatividad vigente en Colombia ya han sido considerados de una manera más beneficiosa para los trabajadores del sector Salud”.
 
Asimismo, Isaza ha esclarecido que, "se debe tener en cuenta que aproximadamente el 90 por ciento de los trabajadores de la Salud laboran en el sector privado, que es mayoritario en el sistema, mientras que el 80 por ciento de la totalidad de los trabajadores están bajo formas inestables e ilegales de contratación, incluidas las órdenes de prestación de servicios, y diversas formas de tercerización e intermediación laboral".
 
Por su parte, Hamman se ha referido a la importancia de archivar este proyecto de ley, ya que, “desde e punto de vista de la implementación de modelos en atención primaria y medicina familiar, con el cual estamos de acuerdo, hemos visto que el camino trazado en la reforma no es el correcto, porque existen definiciones inadecuadas sobre lo que es la atención primaria”.
 
Con respecto a la especialidad de Medicina familiar y la autonomía universitaria
 
Adicional a ello, Hamman también se ha referido a la calidad de formación en la especialidad de Medicina Familiar, puesto que, el galeno ha enfatizado que la calidad se reduciría al percibir a esta especialidad como “un curso de capacitación o un entrenamiento a través de plataformas virtuales, cuando es necesario entender que la Medicina familiar requiere 3 años de profundización”, por lo que Hamman ha denotado que se estaría atentando con la autonomía universitaria.
 
No obstante, Catalina Ascanio, secretaria de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar ha recalcado que, “la atención primaria en Salud se ha estado deteriorando porque se ha aumentado la fragmentación al profundizar una lógica de compra y venta de servicios de Salud, y algo muy particular que es la penalización a los ciudadanos por el supuesto no cumplimiento de prácticas de autocuidado, creando una barrera y una contradicción sobre la comprensión de la Salud como derecho fundamental, perjudicando a los ciudadanos”.
 
Asimismo, Ascanio ha denotado que, “la reforma no solo lesiona una especialidad, no desarrolla un sistema que debe avanzar, esta lógica de penalización es una barrera muy grande que están introduciendo en esta reforma, esto debe ser discutido por muchos sectores y este tipo de reforma no avanza en ese sentido, solicitamos se archive, pero también solicitamos ideas para poder avanzar en el tema”.
 
Ilegitimidad de la Ley 010
 
Según ha manifestado el presidente de la FMC, desde el 15 de febrero del año 2015 la ley estatutaria 1751, al momento, ha sido la norma legal vigente “que establece la jurisprudencia de lo que debe ser el sistema de Salud en el país, la cual fue sancionada”, no obstante, “la voluntad política de los gobiernos desde entonces ha sido tomarle el pelo a la implementación y al desarrollo de la ley estatutaria, por el contrario han profundizado la ley 100 en nombre de la ley estatutaria como, una vez más lo esta haciendo el presente gobierno a través de su ministro de salud, nos han hecho creer que lo verdaderamente legal es la ley 100, cuando en realidad ha sido ilegítima desde el año 2015. Por lo que le corresponde al Gobierno desarrollarla e implementarla y si no lo hacen ellos, lo haremos a través del congreso mediante una ley ordinaria que reglamente y desarrolle la ley estatutaria”.
 
Sobre la recopilación de datos durante la pandemia
 
Isaza ha reiterado que no existe la suficiente precisión en cuanto a la recopilación de datos sobre los casos existencias en diversos sectores del país, por lo que ha sido necesario hacer hincapié en la forma de realizar el análisis de cifras para hacer precisiones sobre muertes, casos y la aplicación de pruebas, puesto que no se han obtenido cifras reales.
 
Puntualizaciones sobre el Proyecto de Ley 010
 
Finalmente, varios representantes de las agremiaciones médicas han manifestado que la ley es catalogada como inconstitucional y contraria a la normatividad vigente y legalmente aprobada, por lo que han solicitado la profundización de los temas que han puesto a consideración, por parte del Gobierno, con el objetivo de desarrollar la ley estatutaria de manera efectiva y acorde a la situación actual.

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