Edición Médica

Bibiana Bueno Pineda, directora ejecutiva de Asocoldro.

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) ha denunciado irregularidades en la aplicación de la norma sobre las actas de inspección, vigilancia y control de droguerías en distintas regiones del país.
 
Cabe anotar que estos son los documentos reglamentarios que recopilan los resultados de las visitas de inspección que hacen las instituciones de salud a las droguerías y establecimientos que comercializan medicamentos.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Bibiana Bueno Pineda, directora ejecutiva de Asocoldro, ha precisado que uno de sus requerimientos es un acta única de inspección, vigilancia y control nacional para droguerías y farmacias, “pues su inexistencia está generando ambigüedad y abusos de funcionarios públicos y contratistas con medidas sanitarias injustas”, ha agregado.
 
“El problema es que no existe un acta de inspección, vigilancia y control, que es la herramienta que aplican las Secretarías de Salud en todo el país para inspeccionarnos, vigilarnos y controlarnos. Cada alcaldía, cada secretaría tiene un documento independiente, que además de ser independiente es absolutamente independiente hablando de la interpretación”, ha indicado Bueno.
 
La funcionaria ha aclarado que, “se cuenta con una norma que es nacional, pero un instrumento que no es nacional, entonces el gran problema es que se está generando esa inseguridad técnica y jurídica para todos los droguistas frente a la inspección, vigilancia y control”.
 
“Otro de los problemas es cuando las secretarías de Salud aplican estas actas de inspección, vigilancia y control, que nos llevan a nosotros, los establecimientos farmacéuticos minoristas a que prestamos servicios farmacéuticos y es que nosotros no prestamos servicios farmacéuticos, esos servicios los prestan las IPS”, ha afirmado Bueno Pineda.
 
No obstante, la directora ejecutiva ha indicado que, al no prestar servicios farmacéuticos “nosotros no debemos cumplir exigencias para establecimientos de servicios farmacéuticos, es decir que no nos pueden seguir vigilando como si fuéramos IPS ni tampoco nos pueden seguir vigilando como si fuéramos los fabricantes del producto”.

Por último, Bueno Pineda ha puntualizado que “la norma se interpreta de forma irregular en las distintas regiones, permitiendo abusos de poder por parte de funcionarios públicos y contratistas sanitarios, exigiendo a los propietarios de droguerías y farmacias requisitos como si prestaran servicios farmacéuticos”.

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