Edición Médica

Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca (CMC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
A pesar de que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha realizado un abono de 200 mil millones de pesos a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) como parte de la deuda de 819 mil millones de pesos correspondiente a los Presupuestos Máximos de 2022, más de 55 agremiaciones del sector salud reunidas en la Mesa de Crisis en Salud exigen que también se cumpla el Auto 007 de 2025.
 
Este fallo de la Corte Constitucional ordenó reevaluar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual tuvo un incremento del 5,3 por ciento para 2025. Sin embargo, el MSPS no ha acatado la orden y, en su lugar, radicó una solicitud de nulidad, argumentando que la decisión carece de sustento técnico y desconoce la presunción de legalidad de los actos administrativos que regulan la UPC.

En respuesta a lo ordenado por la Corte Constitucional, el MSPS emitió la Resolución 370 de 2025, con la cual crea una mesa de trabajo interinstitucional para revisar la UPC del 2024 y analizar posibles rezagos en los valores fijados entre 2021 y 2023. Su propósito será proporcionar insumos técnicos para determinar la suficiencia de la UPC y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Salud. No obstante, no se han dado mayores detalles sobre cómo avanza esta acción.

 
El impacto en la atención en Salud

Frente a este panorama, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca (CMC), ha expresado su rechazo a la postura del ministerio: “Esa nulidad solicitada por el ministerio está infundada en el incumplimiento de órdenes judiciales. Es un grave retroceso para la protección del derecho a la salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas. La nulidad procesal solo busca eludir responsabilidades”, ha afirmado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA.
 
Ante las posibles afectaciones para el sistema de salud, la Mesa de Crisis en Salud ha solicitado a la Corte Constitucional rechazar la nulidad y tomar una decisión basada en la justicia, priorizando la salud como derecho constitucional fundamental.
 
De igual forma, Mayorga ha hecho un llamado al Ministerio de Salud para que, en lugar de impugnar decisiones judiciales, se tomen medidas inmediatas que garanticen la prestación oportuna de servicios. “La falta de decisiones para solucionar la crisis financiera del sector está costando vidas”, ha alertado.
 
¿Por qué el Ministerio de Salud pidió la nulidad?
 
El Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional ha ordenado revisar la UPC de 2024, argumentando que era insuficiente. Además, ordenó analizar posibles rezagos en la asignación de recursos desde 2021 hasta 2023 y establecer mecanismos para reconocer a las EPS los ajustes correspondientes.

No obstante, el Ministerio de Salud sostuvo que la Corte excede sus competencias, asumiendo funciones propias de la administración pública. También argumenta que no tuvo acceso a las pruebas utilizadas para declarar insuficiente la UPC, lo que, según el ministerio, vulnera el derecho al debido proceso y limita su capacidad de defensa.
   

El dato
 
La organización de salud Acuerdos Fundamentales expresó su desacuerdo con el Ministerio de Salud debido a que en las mesas técnicas convocadas para hablar sobre el ajuste y el recálculo de la UPC no se invitó a todos los actores relevantes del sector Salud.

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