Edición Médica

La CIDH reitera al Estado la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores de las agresiones.

Redacción. Bogotá
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe en el que destaca observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, las cuales se han propuesto con el fin de contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social, en el marco de las protestas del Paro Nacional en Colombia.
   
La CIDH ha recalcado en un comunicado que, se han basado en “los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, así como el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros”.
 
El Paro Nacional
 
El 28 de abril de 2021 se dio inicio el denominado Paro Nacional, en respuesta a un proyecto de reforma tributaria (Ley de Solidaridad Sostenible), presentado por el Gobierno Nacional al Congreso el 15 de abril, según ha contado la CIDH. Posterior a ello, otro proyecto que reformaba la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (Proyecto de Ley No. 010)22.
 
Ambas iniciativas generaron un profundo descontento social y fueron retiradas del debate parlamentario el 2 y 19 de mayo respectivamente. A juicio de la Comisión, “el hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, ha estipulado la CIDH.
 
La CIDH ha informado que, en total, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas.
   
Violencia contra misiones médicas
 
De igual forma, la CIDH ha estipulado que recibió múltiple información sobre ataques a las misiones médicas por parte de la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida e integridad del personal de salud, así como sobre denuncias de obstáculos para el tránsito regular de vehículos de emergencia sanitaria, transporte de insumos médicos y alimentos, frente a los que se precisa que éstos se habrían dado de forma excepcional en el marco de algunos cortes de vías.
 
Asimismo, el organismo ha señalado que recibieron denuncias sobre la presunta obstrucción del paso de ambulancias por parte de la fuerza pública, como sobre su uso en algunos casos para el transporte de fuerza pública y su armamento, “en lugar de con fines de salud, lo que no sólo desvirtuaría la labor de las misiones médicas, sino que eleva el nivel de riesgo que enfrenta el personal de las mismas en el actual contexto”, según expresa el comunicado.
 
Por otro lado, el organismo ha señalado que llegaron denuncias por parte del Estado y de personal médico sobre amenazas y hostigamientos a unidades médicas y a personal de salud, “especialmente a quienes estarían brindando soporte a las personas de la primera línea, así como hacía estudiantes que se han organizado para apoyar las manifestaciones”.
 
“Presuntos impedimentos por parte de la fuerza pública”, también han sido denunciados (particularmente del ESMAD), en el marco de la atención de personas manifestantes heridas, junto al temor de estas personas para acudir a centros de salud por el riesgo de ser judicializadas.
 
Incluso se recibió información del personal médico y de Enfermería sobre presuntas indicaciones de agentes del Estado para recusar la atención a las personas heridas en las manifestaciones. Además.
 
“Presiones y amenazas hacia el personal de salud para que no se pronuncie sobre las protestas, así como para que proporcione registros médicos de las personas heridas en el marco de las manifestaciones so pena de sanciones y en contra de su obligación de salvaguardar el secreto profesional”, ha constatado el informe.
 
Finalmente, como recomendación la CIDH ha solicitado reconocer la importancia de la labor de las misiones médicas en el ejercicio de sus tareas humanitarias en el marco de las protestas, “garantizando su protección reforzada para que brinden sin obstáculos atención de salud a todas las personas sin discriminación y sin temor a represalias ni sanciones”, ha indicado.

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