Edición Médica

Nancy Molina, presidenta de la ANF y Edilma Suárez presidenta de la ANEC.

Redacción. Bogotá
Un estudio realizado por 22 gremios médicos, científicos y sindicatos del sector ha determinado que, profesionales de diferentes áreas de a Salud, entre ellos: enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y respiratorios y personal de grupos de apoyo han atendido la pandemia bajo condiciones que los hace altamente vulnerables al contagio, incluso varios de ellos han fallecido a causa de la CoVID19.
 
Según lo ha manifestado el minucioso estudio, la mayor parte de los trabajadores de la Salud han denunciado la grave situación e incumplimiento de los empleadores, Administradoras de Riesgo Laborales (ARL) y Gobierno Nacional, frente a las garantías para enfrentar la pandemia.
 
A través de un un monitoreo crítico a las condiciones de trabajo y bioseguridad de 1.562 profesionales de la Salud, durante los últimos 5 meses de pandemia, entre el 29 de marzo y 21 de julio del 2020, ha evidenciado que no cuentan con la debida protección en clínicas y hospitales donde atienden la emergencia sanitaria.
 
Asimismo, el estudio ha demostrado que existe una participación casi nula por parte de las ARL, con el fin de cumplir con las garantizarías en cuanto a mejorar las condiciones de seguridad para el personal que se encuentra atendiendo en primera línea de lucha contra la CoVID29.
 
Condiciones de suficiencia, oportunidad y pertinencia
 
El estudio ha destacado que solo el 65 por ciento de los trabajadores con contrato directo y estabilidad cuenta con el cumplimiento de condiciones de bioseguridad, así como también el 54 por ciento de los trabajadores por orden de prestación de servicios u otras modalidades de contrato precario.
 
De acuerdo con la investigación, son 10 los implementos básicos de protección internacionalmente establecidos como indispensables para la bioprotección de los trabajadores de la Salud para enfrentar epidemias, “los protocolos mundialmente aprobados deben proporcionarse en condiciones de suficiencia, oportunidad y pertinencia”.

Estabilidad laboral y condiciones de bioseguridad
 
La investigación ha revelado que en ninguno de los centros de Salud se ha garantizado el abasto al 100 por ciento de: guantes, mascarillas quirúrgicas, delantal o peto protector, uniformes quirúrgicos, batas, polainas, gorros, gafas, visor protector, tapabocas N95, “siendo las situaciones más críticas la entrega de guantes, delantales y uniformes quirúrgicos con un reporte de tan solo 5.4 por ciento de guantes, 23 por ciento de delantales y 36 por ciento de uniformes quirúrgicos”.
 
Nancy Molina Achury, presidenta de la Asociación Nacional de Fisioterapia, quien integra el equipo que coordinó el estudio, ha señalado que “estos resultados ganan relevancia si se considera que 6 de cada 10 trabajadores tiene contrato indirecto y no cuenta con una estabilidad laboral. Todo lo anterior pone en evidencia el sostenido incumplimiento de los empleadores y las ARL en lo que se refiere a protección de los trabajadores del sector, hecho que incluso ha sido evidenciado por la Contraloría general en el boletín 90 del 13 de julio”.
 
De igual forma, Molina ha denotado que, “el 84.4 por ciento de los participantes en este estudio se encuentran afiliados a Positiva, Suratep, Colmena, Colpatria y Bolívar las cuales deben responder por las acciones generadas para superar esta situación. Al respecto, el informe presentado por la Contraloría General de la República, con fecha 15 de julio, indica que la cobertura de entrega de EPP por parte de las ARL, tales como Sura y Positiva es insuficiente, alcanzando tan solo entre el 15 y 20 por ciento de sus obligaciones”.
 
La profesional ha estipulado que, se ha hecho evidente que los trabajadores contagiados con CoVID19, “aún no cuentan con la cobertura asistencial y prestacional que se ha derivado del reconocimiento de este como enfermedad directa laboral, cuando ella es el resultado de la atención a este tipo de pacientes, a pesar de los reiterados mensajes del ministro que hacen pensar que se han tomado las medidas pertinentes”.
 
Manejo inadecuado de los profesionales de la Salud afectados
 
Dentro del estudio se han identificado 264 casos con sintomatología y diagnostico confirmado de CoVID19, la investigación ha evidenciado que “hay un manejo inadecuado de estos casos como ausencia de reporte del 42 por ciento a las ARL, continuación de las actividades laborales a pesar de la presencia de síntomas (21 por ciento) y cuarentenas sin garantía de salarios (16 por ciento).
 
La investigación ha recalcado que, dentro de las condiciones que incrementan el riesgo de infección por CoVID19 se logra identificar que, “trabajar en la alta complejidad es una condición que potencia el riesgo en un 40 por ciento, el contacto con pacientes infectados ha incrementado el riesgo de tener problemas Salud mental en un 47 por ciento, se ha presentado incremento de la carga de trabajo en un 31 por ciento, de la jornada laboral en un 21 por ciento y la disminución del salario en un 20 por ciento.
 
Las cifras han concluido que se ha configurado una condición de trabajo muy crítica, la cual ya fue advertida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “en América Latina unos 570 mil trabajadores de la Salud se han contagiado y más de 2 mil 500 han perdido la vida por el virus”, ha indicado un informe emitido por la OPS.
 
Precariedad laboral
 
Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANEC-Seccional Cundinamarca), quien integra también el equipo que coordinó el estudio ha indicado que, “esta precariedad laboral tiene su origen en la Ley 100 de 1993, que durante 27 años ha desmantelado poco a poco los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector salud, con la vinculación laboral a través de Cooperativas de Trabajo, ahora llamados sindicatos y que en realidad no lo son; que no cubren prestaciones sociales, muchas veces se retrasan con los pagos, o retienen parte de los honorarios de los trabajadores”.
 
Adicional a ello Suárez ha advertido que, aunque la Ley Estatutaria de la Salud ha ordenado establecer mecanismos para dignificar el talento humano en Salud, “esta ley no se ha reglamentado todavía. El Proyecto de Ley 331 que cursa en la Cámara de Representantes está lejos de realizar este mandato legal, pues mientras la normativa internacional reconoce 3 tipos de trabajadores del sector Salud: asistenciales o misionales, administrativos y de apoyo, el proyecto de Ley solo incluye a los trabajadores misionales”.
 
La presidenta también ha manifestado que se ha cambiado expresiones tales como: empleadores y trabajadores por actores y agentes del sistema, “para dejar claro que no busca la estabilidad y vinculación laboral de los trabajadores del sector, y más bien mantiene las figuras de intermediación y tercerización laboral propia de los mercados laborales neoliberales, que obtienen su rentabilidad de la sobrecarga y precarización de los trabajadores”.
 
Por último, Claudia Naranjo, coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (Alames), ha indicado que la situación del sector Salud se agravará con la nueva normalización, “si al 30 de agosto según estadísticas mundiales, Colombia ocupaba el décimo lugar con mayor contagio, el 11 en fatalidad en la pandemia y el puesto 92 en realización de pruebas por millón de habitante, con ocupaciones en hospitalización y uso de UCI no inferiores al 75 por ciento en promedio, y un incumplimiento del más del 40 por ciento en el índice de bioseguridad, como evidencia el monitoreo crítico realizado a las condiciones de trabajo y bioseguridad del personal de las Salud que está en primera línea de atención a esta pandemia, esta situación tendrá una tendencia a la agudización, como ya lo evidencia España con la segunda oleada postapertura que realizó en la temporada de verano reciente”.
 
 
 

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