Edición Médica

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la AESA.

Redacción. Bogotá
En anteriores ocasiones se había mencionado que, las deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) siguen creciendo. Mientras la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud (ADRES) desembolsa cada mes a las EPS más de 6 billones de pesos para garantizar la prestación del servicio de Salud a los colombianos, estas entidades les pagan a los hospitales, una vez al año.
 
De acuerdo con el último informe realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), el cual ha sido analizado por la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado, (ACESI), se ha evidenciado que la cartera está vencida por el orden de 11 billones de pesos, lo que continúa generando incertidumbre sobre la estabilidad de las Instituciones Prestadoras de Salud.
 
Al respecto, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) ha manifestado su inquietud con respecto a la viabilidad sostenible de la infraestructura de atención médica pública, “dado que algunas determinaciones adoptadas contravienen la estabilidad de nuestras instituciones y ponen en grave peligro la atención sanitaria de la comunidad”, ha señalado en un comunicado.
 
En primera instancia, la AESA ha precisado que, la categorización del Riesgo Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado Hospitales Públicos del nivel territorial para el año 2022 (Resolución 0851 de 2023) se ha llevado a cabo sin considerar que, “durante los años 2020, 2021 y el primer semestre de 2022, la emergencia sanitaria por COVID-19 seguía en curso”, período en el cual la Red de Hospitales Públicos mantuvo costos de producción elevados con una baja productividad.
 
De ese modo, según ha denotado el acto administrativo, 68 hospitales del Departamento de Antioquia se han clasificado con un riesgo fiscal y financiero medio o alto, comprometiendo a más del 50 por ciento de la infraestructura de atención médica pública del departamento.
 
Además, “no se han suscrito todos los convenios de concurrencia por parte del Ministerio de Hacienda para la liquidación de las obligaciones pensionales de nuestros empleados, según lo establecido en el Decreto 306 de 2004; este proceso avanza a un ritmo inaceptablemente lento”, ha argumentado la AESA.
 
Esto obligaría a que los hospitales asuman los costos relacionados con el pago de los bonos pensionales y las cuotas partes jubilatorias, “poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones hospitalarias y el cumplimiento de los compromisos con nuestros servidores”, ha agregado.
 
La AESA ha sido enfática al asegurar que, pese a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, respecto a la suficiencia de recursos financieros en el sistema de salud, la infraestructura de atención médica pública experimenta una disminución en el flujo de recursos por parte de las diversas aseguradoras, “incumpliendo pagos tanto en los contratos de cápita como de evento, lo que coloca en riesgo la prestación de los servicios de salud y la estabilidad financiera de los hospitales”.
 
De igual forma, la agremiación ha remarcado que emplear mecanismos como las mesas de conciliación contempladas en la Circular 030 de 2013 no han sido eficaces, ya que, a estas mesas no asisten personas con la autoridad para tomar decisiones en nombre de los pagadores.
 
“Si los representantes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) no acuden, se exponen a sanciones por parte de los organismos de control, y en general, no se logran acuerdos satisfactorios. Las EPS imponen unilateralmente la cifra a pagar cuando finalmente realizan el pago, utilizando estas mesas como tácticas dilatorias para eludir sus obligaciones con las aseguradoras", ha expresado la AESA.
 
Asimismo, el gremio se ha manifestado inconforme sobre la responsabilidad legal de las entidades de control que asisten a estas mesas, puesto que solo se acuerdan reuniones para la depuración de cartera, y en ocasiones se hacen compromisos mínimos de pago. “Debería establecerse indicadores de resultados claros, específicos y exigibles para las partes involucradas en estas mesas”, ha agregado.
 
Adicional a ello, la AESA ha afirmado que, se ha incumplido en el reconocimiento y pago por la administración de vacunas contra el COVID-19, tal como se contempla en la Resolución 531 de 2023.
 
“A pesar de que la infraestructura de atención médica pública asumió los costos y la carga reputacional de este proceso, hasta la fecha, el gobierno nacional no ha cumplido con el cronograma establecido y ha mantenido un preocupante silencio sobre el tema, incluso cancelando repetidamente las convocatorias programadas para informar al respecto. Además, el Ministerio ha alegado la insuficiencia de recursos para asumir este compromiso”, ha puntualizado.
 
Entre otras preocupaciones del gremio, se encuentra la situación de los hospitales públicos que incluyen varios servicios y atención de 24 horas, derivando en que los costos operativos elevados y baja rentabilidad financiera, sean asumidos de manera incondicional por la infraestructura de atención médica pública, “generando un beneficio social constante en detrimento de las finanzas de las instituciones y respaldando los servicios que la infraestructura privada no ofrece en las regiones y que son responsabilidad del Estado”.
 
De otro lado, a la AESA también le inquieta la persistencia de la liquidación de EPS, dejando las deudas pendientes en los hospitales públicos sin garantías. Además, la cartera adeudada por las EPS liquidadas, que asciende a más de 250 mil millones de pesos, representa una carga que los hospitales de Antioquia no deberían asumir.
 
“La liquidación de estas EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud no puede ser una justificación para la falta de pago y la evasión de las responsabilidades del Estado, que permitió su funcionamiento sin el respaldo financiero necesario para cumplir con todas sus obligaciones”, ha argumentado el gremio.

Finalmente, la AESA ha hecho hincapié en la urgente necesidad de fortalecer los hospitales públicos para continuar con el financiamiento del talento humano, así como la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras obligaciones necesarias para la prestación de servicios de salud.  
“Exigimos una respuesta inmediata y acciones concretas para abordar los problemas previamente mencionados en la infraestructura de atención médica pública de Antioquia, que claramente enfrenta una crisis en el Sistema de Salud”, ha concluido la AESA.
 

---