Edición Médica

Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador del Doctorado Salud Pública de la Universidad Nacional.

Karen Juliete Rojas. Bogotá 
 
Asimismo, la UNAL ha hecho énfasis en que las universidades tienen compromisos y responsabilidades en el debate público respecto de temas estratégicos, fundamentales para el devenir de las sociedades a las que estas pertenecen.
 
Al respecto, Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador del Doctorado Salud Pública de la Universidad Nacional, ha indicado a EDICIÓN MÉDICA que, “un solo debate se desarrolla desde el inicio en torno al sistema de Salud de la Ley 100. De ese modo, todo un sector de la sociedad, de la Academia, de los trabajadores, de los usuarios, de las organizaciones sociales, ha venido planteando que el sistema no es conveniente para el país”.
 
Hernández Álvarez ha remarcado que “en la academia hemos venido teniendo una discusión de la Ley 100, y puedo dar cuenta de esto, porque he estado liderando el asunto desde un grupo de investigación que teníamos aquí en salud pública y con la Facultad de Medicina, que se llama estudios socio históricos de la salud de la Protección Social, grupo en el que hacemos una comparación histórica del sistema de salud y vemos sus estructuras, sus funcionamientos y comparamos sus resultados”.
 
“No estamos de acuerdo con esa manera de presentar el asunto como si fuera la visión única académica alrededor de lo que está pasando con la reforma, por eso nos pronunciamos y no solamente del doctorado sino desde el área de la Salud, donde hay grupos de investigación en la Facultad de Medicina, Enfermería y Odontología, que hemos venido acompañando también la propuesta del Gobierno, porque nos parece que es una alternativa a la solución de los problemas que tiene el sistema en este momento”, ha señalado.
 
De igual forma Hernández Álvarez ha expuesto que en la Ley 100 del 93, “que es una organización estructural de todo el sistema, se recogen los recursos públicos que ponemos todos y todas a través de cotizaciones o de impuestos que son también recursos públicos y estos recursos entregárselos a unas intermediarias que llamaron aseguradoras, se encargarían de organizar todo para hacer la prevención, la atención y supuestamente responder por la salud”.
 
Sin embargo, el coordinador ha sido enfático al contrastar que “esa estructura está en juego”, puesto que “ya se demostró que no es posible garantizarle el derecho a la Salud de la gente. Se le puede garantizar atención médica a todo aquel que esté afiliado y que esté cerca del diseño rentable que tengan estas intermediarias, aseguradoras, es decir, prima la rentabilidad por encima de la necesidad de la gente”.
 
Por último, Hernández ha instado a que discutir a profundidad la Reforma a la Salud “y no solo la superficie, como la atención primaria que, si hay más plática. Debatamos la estructura porque el argumento central es que esa estructura ya no da más”.
 
“Se ha evidenciado que produce el conjunto de problemas, por ejemplo, inequidad sistemática sobre todo rural, pero dentro de las ciudades también hay segmentación en las ciudades en las que todo el tiempo se reproduce la inequidad socialmente estructurada, pero además entre pueblos indígenas, afros, entre otros grupos poblacionales”, ha confrontado el coordinador.
 
Finalmente, Hernández ha realzado la necesidad de indagar en lo profundo “para que no sigamos repitiendo que si no hay EPS no hay Salud, eso no es así y, efectivamente, en muchos países se usan otras formas organizadas sin EPS, que demuestran que es más fácil acercar los servicios a las necesidades de la gente sin tener esa intermediación.

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