Edición Médica

Jorge Posada, fiscal de la junta directiva de Asociación Médica Sindical Colombiana seccional Antioquia (Asmedas).

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
La Defensoría del Pueblo ha alertado nuevamente sobre la violación sistemática del derecho fundamental a la salud por parte de las EPS e IPS, y los riesgos que generan las medidas especiales tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que, después de un largo tiempo, no evidencia mejoras en la liquidación de hospitales y aseguradores, lo que deja en completa indefensión a los pacientes, en especial a aquellos que vienen en tratamientos por enfermedades crónicas y de alto costo.
 
Así lo advirtió el defensor del pueblo, Carlos Camargo, luego de revisar los últimos procesos de liquidación de EPS, cuyas deudas tienen al borde de la quiebra a muchos hospitales públicos, que son los encargados de garantizar la salud en los territorios.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Jorge Posada, fiscal de la junta directiva de Asociación Médica Sindical Colombiana seccional Antioquia (Asmedas), ha dicho que “estamos muy preocupados por la situación del sistema de salud colombiano”, esto debido a los pacientes que las EPS deben trasladar para dar continuidad a sus tratamientos médicos, así como las deudas que mantienen los prestadores de servicios de Salud con la red pública y privada.
 
“El superintendente de salud anunció la liquidación de Coomeva y Medimas. En el caso de Coomeva deja unas deudas superiores a los 550 mil millones de pesos a los proveedores y Medimas, de 1.3 billones de pesos. En Antioquia Coomeva debe alrededor de 220 mil millones de pesos a la red pública y privada de prestadores de servicios de salud y Medimas debe alrededor de 70 mil millones de pesos”, ha explicado Posada.
 
De ese modo, fiscal ha enfatizado que “esa situación pone una grave crisis a los prestadores del servicio de salud, que dependen completamente del recaudo por la venta de servicios de salud para pagar todos sus gastos, incluido la nómina, la cancelación de las deudas con los proveedores de materiales, medicamentos, entre otros. Si no se ponen al día con esos pagos no pueden prestar normalmente todos sus servicios de salud”.
 
Por su parte, Camargo ha dicho que la situación preocupa a la entidad ya que, “tal como se están dando los procesos de liquidación de EPS, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Por eso reiteramos el llamado a todos los actores del sistema de salud para avanzar en soluciones reales, que garanticen la prestación del servicio de manera efectiva. Las medidas administrativas no pueden convertirse en un obstáculo adicional para la atención oportuna, adecuada y continua de los pacientes ni para interrumpir los tratamientos que venían en curso”.
 
Cabe mencionar que, en los próximos días la Defensoría del Pueblo citará a Audiencia Pública Defensoría al Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, EPS, agentes interventores y liquidadores, para que expliquen los efectos negativos de las intervenciones que han terminado en la liquidación de EPS y hospitales públicos y que han generado posibles violaciones del derecho a la salud, además de vulneración de los derechos laborales del personal administrativo y sanitario de las entidades liquidadas.
 
En la audiencia, la Defensoría también ha estimado contar con la presencia de magistrados de la Corte Constitucional, los presidentes de la Comisión Séptima de Cámara y Senado, el Contralor General, la Procuradora, así como de la sociedad civil, las ligas de usuarios y observatorios de pacientes, asociación de hospitales y gremios de las EPS.
 
“Desde la Delegada para el Derecho a la Salud hemos recibido múltiples quejas sobre la falta de atención y de continuidad en los tratamientos, en especial de pacientes con enfermedades graves y crónicas, pues las EPS que reciben a los afiliados de las liquidadas no han aumentado su red de atención ni ampliado sus planas de personal, por lo que los usuarios deben empezar sus tratamientos de nuevo, incluso volver al diagnóstico inicial, desconociendo los avances y tratamientos en curso, sobre todo para los pacientes que tienen enfermedades crónicas,  catastróficas o ruinosas y huérfanas.”,  ha manifestado Camargo.
 
Por último, Posada ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que vigile de manera más exhaustiva las finanzas y los manejos de las empresas administradoras de planes de beneficios. 

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