Edición Médica

Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).

Redacción. Bogotá
La mala gestión en salud ha impactado directamente la calidad de vida de los colombianos, desde diagnósticos tardíos hasta gestión médica inadecuada, ha incrementado, significativamente, los costos del sistema de salud. La narrativa de insuficiencia de la UPC oculta la falta de reservas técnicas y la sobreestimación de costos, revelando la necesidad urgente de auditorías forenses.
 
Así lo ha destacado, Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), quien ha elaborado un análisis crítico sobre la capacidad del Estado para ajustarse a las necesidades de los pacientes. De acuerdo con la directiva, la inequidad en Salud ha aumentado las brechas para obtener atención de calidad, por lo que, una reforma estructural del sistema de salud es apremiante.

 
Soleibe ha asegurado que un proyecto de reforma a la Salud, contrario a la privatización, ha desencadenado conceptos que mantienen el modelo actual. La marginación de ciudadanos, la quiebra de hospitales públicos y la concentración de recursos en pocos prestadores que no han sido suficientes para cambiar esta realidad.
 
Crisis y manipulación del sistema de Salud
 
Se cuestiona la falta de información sobre el desvío de fondos públicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante los últimos 30 años, ya que, los análisis se han centrado en la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mortalidad evitable y siniestralidad, sin embargo, no se ha mencionado los recursos desviados de las reservas técnicas o las inversiones ilegales realizadas con la UPC. Otra problemática que se ha remarcado es el desfalco en los recursos de la Salud, que representa una transgresión de la legalidad y la incapacidad de las entidades de control.
 
Sobre el informe de la Contraloría General de la República
 
En febrero de 2024, la Contraloría General de la República informó que, a octubre de 2023, 26 EPS acumulaban una deuda total de 25 billones de pesos con IPS y proveedores. El informe destacó el deterioro de la calidad de los servicios de salud, el aumento de las PQRS y la necesidad de recurrir a la tutela para acceder a servicios efectivos.
 
Asimismo, se ha hecho un recuento de lo sucedido en abril de 2024, cuando la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, liderada por la ex ministra de salud Carolina Corcho, denunció la posible pérdida de billones de pesos de la salud, basándose en un estudio detallado de los estados financieros por el proyecto ciudadano #dondeestalaplata.com.  
De acuerdo con la función de aseguradoras, las EPS son las encargadas de gestionar el riesgo, recibiendo una prima (UPC) para prestar servicios de salud. Además, deben cumplir con condiciones financieras y de solvencia y contar con reservas técnicas invertidas en activos seguros y líquidos. Entre 2020 y 2023, se identificó un faltante de 13.2 billones de pesos en reservas técnicas de ocho EPS, no reflejados en inversiones, pagos a clínicas y hospitales, ni en caja.
 
Según ha precisado el análisis, en Colombia, la ley permite el 30 por ciento de integración vertical. En 2021, 537 IPS concentraban el 81 por ciento de los recursos de la salud. En 2023, esta concentración se redujo a 309 IPS que reciben el 76 por ciento de los recursos. La compañía Colsanitas lidera con 2.596.570 millones de pesos, seguida por la Clínica Colsanitas con 1.974.800 millones de pesos.
 
Cabe mencionar que, la Contraloría General reveló un supuesto detrimento patrimonial de 9.2 billones de pesos de la salud y abrió una investigación a 18 EPS. En una rueda de prensa en junio de 2024, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, informó sobre las pérdidas significativas en EPS Sanitas, Nueva EPS y SOS. Las irregularidades incluyen facturas no contabilizadas y contratos de arrendamiento sospechosos.
 
La falta de transparencia ha hecho que sea imperativo abordar las inequidades y manipulaciones en el sistema de salud colombiano. A través de la rendición de cuentas y gestión adecuada de los recursos, se podrá garantizar una atención de salud justa y equitativa.
 
Por lo pronto, desde la Federación Médica Colombiana se ha hecho un llamado para que la ciudadanía y los profesionales de la salud exijan un cambio real y significativo en el sistema para proteger los derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.

---