Edición Médica

Olga Lucía Zuluaga, directora de ACESI y Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El retiro de la EPS Sura, anunciado el 28 de mayo, aún no está en firme. Sera en 60 días, es decir, en dos meses, que la Superintendencia de Nacional de Salud determine mediante estudio técnico, financiero y administrativo si niega o aprueba la salida de esta Entidad Promotora de Salud a través de un programa de desmonte progresivo.
 
Mientras no haya una determinación en firme, los 5 millones 428 mil afiliados a la EPS deberán ser atendidos sin ningún problema, razón por la cual directivos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, han solicitado a la Superintendencia hacer un “estudio muy juicioso” sobre esta transición.
 
El pedido de las entidades también se ha centrado en considerar todos los factos intervinientes y los impactos eventuales que se van a usar con la población afiliada y toda la red de prestación del servicio de salud como son las clínicas y los hospitales.
 
Al respecto Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha enfatizado que la Supersalud es la entidad competente para hacer los estudios y los análisis pertinentes, “para tomar una decisión de fondo con relación a la determinación que ha tomado la EPS Sura de retirarse”.
 
“Consideramos, como positivo, en medio de lo difícil de esta noticia, que la EPS hable sobre un proceso de transición ordenada. Se deben preservar al máximo los procesos asistenciales que están en curso y el cuidado de la población”, ha agregado.
 
Giraldo ha explicado que, “con esta determinación también se deben tener muy presentes los trámites administrativos que están avanzando y los que están pendientes y, muy especialmente los procesos que tiene que ver con las carteras que se tiene con la red prestadora del servicio de Salud”.
 
“El Gobierno Nacional debe extremar su cuidado para avanzar en las conversaciones con esta ESP, por ello, esperamos que esta entidad pueda seguir al servicio de todo el sistema de salud, del actual o del que se vaya a reformar y así se puedan reactivar procesos que nos lleven a un mejor desenlace en el sistema de Salud”, ha precisado el directivo.
 
Por su parte la directora de ACESI Olga Lucía Zuluaga ha manifestado su preocupación sobre la espera al pronunciamiento de la Supersalud, “entidad que en últimas tiene la decisión y en caso de que sea aprobado dicho retiro, esperamos que se haga de una forma gradual. Es el Gobierno el que debe crear un plan para que se haga dicho desmonte y los millones de afiliados que tiene esta EPS no sufran contratiempos en la prestación del servicio de Salud”.
 
Para la directora, el problema que hoy está generando el retiro de las EPS y la intervención de otras se ha enfocado en una profunda reforma estructural al sistema, “no solamente en el Congreso de la República, sino en todo el modelo, porque es más que evidente que el patrón actual, que lleva varias décadas funcionando, colapsó”.
 
“Hoy no se puede decir que hay falta de recursos, dinero hay, pero aparte de la intermediación financiera a cargo de las EPS, que es nefasta, la falta de abordaje de los determinantes sociales en el país, en nuestra opinión, es el peor de los problemas, que terminó por asfixiar económicamente a todos los actores del sector”, ha señalado Zuluaga.
 
La directora de ACESI también ha remarcado la corrupción por parte de muchos agentes, “flagelo que es muy grave. Al hablar de las cargas de la UPC, como los servicios sociales, si bien son necesarios para garantizar la dignidad en el acceso a la salud de millones de ciudadanos, deberían estar cargados a otras fuentes de financiación”.
 
Para ello, se debe tomar en cuenta a los cuidadores, transporte, pañales, “entre otros servicios que son necesarios para garantizar un completo bienestar para los usuarios. El Gobierno, Congreso, prestadores, aseguradores, gremios proveedores y ligas de usuarios, deben replantear el modelo, para evitar una gran pérdida de vidas, por culpa del colapso total del sistema”.


El dato
Según informe emitido por la EPS Sura, entre 2022 y 2023, la entidad ha registrado unas pérdidas netas por más de 360 mil millones de pesos y para el 2024, la EPS Sura proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500 mil millones de pesos, una suma que confirma la inviabilidad de la EPS en condiciones actuales. Actualmente, la tercera EPS más grande del sistema de salud colombiano tiene 5.428.849 afiliados, de los cuales el 50 por ciento son cotizantes, el 34 por ciento beneficiarios y el 14 por ciento pertenecen al régimen subsidiado.

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