Edición Médica

Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).

Redacción. Bogotá
La reciente instalación de mesas técnicas para debatir la reforma del sistema de salud en Colombia ha puesto de manifiesto el delicado equilibrio entre las intenciones buenas y los intereses particulares que dominan este sector, según ha enfatizado Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).
 
Hace varios días, se desarrollaron las mesas técnicas convocadas por el Gobierno en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), en las cuales se reunieron expertos, asociaciones de pacientes, sindicatos y representantes de EPS, IPS y otros actores. El propósito, debatir propuestas para mejorar la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del sistema de Salud, no obstante, algunos gremios aseguraron que no fueron incluidos en dichos diálogos.
 
Cabe mencionar que, el Proyecto de Ley 312 de 2024 ha propuesto garantizar el aseguramiento social en salud como un derecho fundamental, propone cambios significativos al sistema actual. La iniciativa plantea la agrupación solidaria de recursos entre prestadores de salud públicos, privados y mixtos, y la creación de un sistema de gestión de riesgos financieros bajo control estatal. Estas responden a mandatos constitucionales y están respaldadas por la jurisprudencia nacional e internacional, como la Sentencia T-760 de 2008 y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.
 
Contraste de visiones en las mesas técnicas
 
Sin embargo, durante las discusiones, surgieron dos visiones opuestas: por un lado, los defensores del derecho fundamental a la salud y, por otro, quienes abogan por mantener el statu quo. Entre estos últimos se encuentran principalmente las EPS, que han sido señaladas por priorizar intereses económicos sobre la calidad del servicio.
 
Aunque las mesas tenían la intención de ser espacios de diálogo y concertación, para Soleibe muchas de las propuestas se centraron en proteger los beneficios económicos de ciertos actores. Una de las propuestas más destacadas del proyecto es el giro directo de recursos a los prestadores de servicios, eliminando los retrasos actuales en los pagos, que en ocasiones superan los 360 días.
 
Esto garantizaría que hospitales y clínicas puedan recibir sus pagos de manera oportuna, evitando interrupciones en la atención de los pacientes y mejorando la calidad de los servicios. Además, la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), creada en 2015, ha implementado tecnología de inteligencia artificial para agilizar los pagos y gestionar facturas de forma más eficiente. Este avance, que prioriza la transparencia y la rendición de cuentas, se posiciona como un pilar esencial en la nueva arquitectura del sistema.
 
Transformación de las EPS
 
Por otro lado, el proyecto también redefine el rol de las EPS, que pasarán a ser Gestoras de Salud y Vida una vez saldadas sus deudas. Estas entidades ya no serán intermediarias del dinero, sino que se enfocarán en garantizar la calidad y accesibilidad de los servicios. Durante 30 años, las EPS han afirmado cumplir esta función, sin embargo, las quejas recurrentes de los pacientes sobre retrasos en la entrega de medicamentos y consultas especializadas demuestran que hay mucho margen para mejorar.
 
En ese sentido, la expectativa de la población es alta, pues las malas prácticas financieras de algunas EPS han generado graves problemas en el sistema. La reforma busca corregir estos desvíos financieros, que han resultado en deudas astronómicas y en la insolvencia técnica de varias EPS.
 
El debate en torno a la reforma de salud sigue su curso, con la expectativa de que los cambios propuestos permitan un sistema más equitativo y eficiente. Sin embargo, la presidenta de la FMC ha recalcado que persisten resistencias de aquellos que se benefician del modelo actual, lo que ha ralentizado las decisiones hacia una transformación real del sistema.
 
Por último, ha instado a la comunidad médica, así como otros actores del sector, a mantenerse vigilantes y participar activamente en la evolución de estas propuestas para garantizar que los derechos de los pacientes sean la prioridad.

---