Edición Médica

71 por ciento de las demandas en cabeza de los médicos tenían como causas fallas administrativas.

Redacción. Bogotá
Desde la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico del Valle del Cauca ha hecho un llamado de atención debido a la crisis de los tribunales de ética médica en Colombia, por lo que es necesario reconstruir un estatuto regulador de la Ética en el ejercicio profesional de la Medicina.
 
En ese sentido, Cesar Augusto Prieto Avila, presidente del Colegio Médico del Valle del Cauca ha hecho un recuento de la historia de los Tribunales de Ética Médica y un análisis sobre los desafíos a futuro que debe enfrentar este ejercicio.
 
Cabe mencionar que, en Colombia, el ejercicio de la medicina se rige por la Ley 23 de 1981 y su Decreto Reglamentario 3380 de 1981, que establecen la importancia de una relación médico-paciente basada en un compromiso responsable y ético. Esto garantiza la calidad, oportunidad y calidez en la atención médica.
 
La historia de los Tribunales de Ética Médica en Colombia se remonta a 1954 con la promulgación del "Código de Moral Médica". La Ley 14 de 1962 introdujo modificaciones en las sanciones disciplinarias. La Ley 23 de 1981 fue el resultado de un proceso conjunto entre el Ministerio de Salud, la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Colombiana.
 
En 1977, Colombia propuso la creación de un Código de Ética Médica Latinoamericano en una Asamblea Internacional de Colegios Médicos. Aunque Colombia cumplió su compromiso, otros países no lo hicieron, dejando a Colombia como el único con un código de ética médica vigente en la región.
 
Adicional a ello, la Ley 23 de 1981 estableció un régimen disciplinario único en América Latina para asegurar la ética médica. La Ley 1751 de 2015 respaldó la labor de los Tribunales de Ética Médica al garantizar la autonomía profesional y la autorregulación en el ejercicio médico.
 
“En el ejercicio médico el deber de cuidado, que es la obligación de cualquier integrante de la sociedad, de obtener conocimiento y entrenamiento para ejercer una profesión u oficio dentro de las buenas prácticas, y así evitar, en lo posible, con su accionar, producir daño o afectar a otras personas cuando ejerce su actividad”, ha señalado el comunicado.
 
De ese modo, el ejercicio médico en Colombia se rige por varias disposiciones legales, incluyendo la Ley 1164 de 2007 y la Ley 715 de 2001, que ha obligado a los entes territoriales a financiar los Tribunales Ético-Disciplinarios.
 
El deber de cuidado en el ejercicio médico “se convierte en uno de los pilares del desarrollo profesional pues está construido sobre la base de los principios milenarios como el de beneficencia, el de la buena fe, el de la confianza y el de la lex artis, entre otros”, ha argumentado el gremio.
 
A pesar de las críticas, la Ley 23 de 1981 tiene limitaciones y ha habido intentos de reforma. Sin embargo, cualquier reforma debe preservar su esencia ética y no cargar indebidamente la responsabilidad en los médicos por las fallas del sistema de Salud.
 
Finalmente, los gremios médicos han hecho énfasis en que es esencial proteger y fortalecer los Tribunales de Ética Médica ante la creciente judicialización del acto médico. Los médicos deben ser protagonistas de la construcción de un nuevo marco ético y disciplinario que respete su autonomía y garantice el derecho a la salud de los colombianos.
 
“Ante la continua judicialización del acto médico, y las campañas de desprestigio de algunos profesionales, debemos buscar que antes que continúe el debilitamiento de los Tribunales de Ética Médica seccionales, se inicie una campaña ante el Ministerio de Salud para que cumpla y haga cumplir la Ley a los entes territoriales para que garanticen el funcionamiento adecuado de esas instancias ético-disciplinarias y no continúen eludiendo la Ley”, ha puntualizado Prieto Avila.
 
El dato
 
En el país funcionaron hasta 14 Tribunales en los diferentes departamentos, no obstante, la situación se ha agravado debido al cierre de Tribunales seccionales de Boyacá y el Valle del Cauca, la falta de entrada en actividades del Tribunal del Cesar y las difíciles condiciones financieras del Cauca entre otros. 

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