Edición Médica

Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la FMC y Herman Bayona, vicepresidente de la FMC.

Redacción. Bogotá
Una postura declarada por algunas organizaciones que hacen parte del Grupo de “Acuerdos Fundamentales”, conformado por las directivas de la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud), Sociedades Científicas y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed); ha ocasionado reacciones en contra debido a la defensa de la intermediación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
 
Al respecto, la Federación Médica Colombiana (FMC) se ha manifestado en desacuerdo con la postura de Acuerdos Fundamentales. Para el gremio, de aprobarse la Reforma del sistema de Seguridad Social en Salud (Proyecto de Ley 339 del 2023), las EPS pasarían a llamarse “Gestoras de salud”, sin embargo, no han efectuado una adecuada función financiera.
 
Esta declaratoria también hace parte de otro comunicado de la Cumbre Social y Política por la Reforma a la Salud, en el que han coincidido con la crítica a las intermediarias (EPS), las cuales desde fueron creadas hace 30 años, pero no han cumplido con sus obligaciones.
 
“Por lo tanto, no es coherente proponer que los recursos públicos sigan siendo administrados por ellas. La práctica de estas empresas, que contratan con sus propios prestadores, llevó al deterioro de las condiciones laborales y de la autonomía médica”, ha apuntado la FMC en un comunicado.
 
Según ha contrastado el gremio, la contratación por medio de las gestoras y el giro directo de la Administradora de ?los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), sin control de la contratación ni verificación de los servicios, puede llegar a “perpetuar la integración vertical como una de las políticas que mayor daño le ha hecho a la red pública”.
 
“Además de perpetuar la legalización encubierta de negocios que se hacen en la contratación de redes, y al aumento de corrupción y pagos por servicios no prestados. Hechos que no son ajenos a sistema actual”, ha agregado el gremio.
 
Pérdidas cuantiosas de recursos y falta de control
 
La FMC ha insistido en que, el manejo financiero de las EPS repercutió en la pérdida sostenida y provocada de recursos, con el agravante de no poder determinar el monto total extraviado debido a las liquidaciones ocurridas en los últimos años que, según han preciado los estados financieros presentados ante la Superintendencia de Salud; superando los 35 billones de pesos a valores actuales.
 
Actualmente, las 27 EPS activas presentan, dentro de las cuentas por pagar, un 69 por ciento que corresponde a provisiones (reservas técnicas), con una discrepancia entre las cifras aprovisionadas y las efectivamente invertidas, según ha asegurado el gremio de médico colombiano.
 
Esto ha revelado una pérdida patrimonial y una gestión de cuentas opaca. Por tales razones, antes de considerar la posibilidad de continuar confiándoles la administración de los recursos públicos, es imperativo exigir una explicación clara sobre el destino de los fondos que, según la ley, debían destinarse a provisiones técnicas.
 
En ese sentido, la FMC ha rechazado “de manera categórica esta postura de defensa del manejo de recursos por las gestoras de Salud a través de la contratación, porque va en contravía del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores del sector”.
 
“Reafirmamos nuestro apoyo al proyecto de reforma a la Salud que beneficie a todos los ciudadanos colombianos. Estamos convencidos de la necesidad de hacer administración pública de los recursos públicos, y nos oponemos firmemente a cualquier medida que ponga en peligro la atención médica de calidad y la autonomía de los profesionales de la Salud”, ha argumentado.
 
Finalmente, el gremio ha hecho un llamado para considerar que “ni la implementación de la reforma estructural al sistema de salud, ni la corrección de las desigualdades históricas, ni el cambio de la condición de esclavitud de los trabajadores de la salud pueden lograrse eficazmente si los intermediarios privados, con su visión de negocios, siguen como administradores de los recursos públicos”.

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