Edición Médica

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Con la decisión tomada en los últimos días por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) de liquidar la EPS Coomeva y tomar posesión de Emssanar, ya son más de 10 Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que no cumplen con las condiciones financieras y la solvencia para prestar el servicio de salud a los colombianos.  
   
De 37 EPS que nacieron cuando se dio la Ley 100 de 1993, hoy sólo nueve cumplen con los requisitos exigidos. Hasta ahora han salido Salubcop, Café Salud, Comparta, Comfacor, Cruz Blanca, Salud y Vida y Emdisalud.
   

La determinación de liquidar las EPS que incumplieron en sus estados financieros ha hecho que los directivos de algunas entidades de salud aseguraran que, este es el momento de cambiar el modelo de administración, tanto de los recursos como de la prestación del servicio de salud de millones de colombianos que, en la actualidad están padeciendo los malos manejos presupuestales de estas entidades.
   

En ese sentido, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC) en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha dicho que “esta es la oportunidad para que se tome la propuesta que siempre hemos hecho, que la salud pública de los colombianos no siga siendo manejada por las EPS. Llevamos 30 años en esta calamidad”.
 
“Ya es hora de que le tracemos al país una ruta clara para poder transitar de un sistema de salud con una administración transparente, pública y que las cuentas sean claras. No podemos seguir recayendo sobre el mismo modelo”, ha agregado Corcho.
 
Además, Corcho ha sido enfática al expresar que, “lo grave de todo esto, es que no sólo son los usuarios quienes sufren los estragos que genera el cambio de una EPS a otra, también las clínicas y los hospitales. Primero, porque en casi todos los casos las personas que ya traen un proceso de tratamiento deben reiniciarlo, tanto las valoraciones como los tratamientos, lo que no sólo genera un deterioro de la salud de la persona, sino que también la pérdida de recursos y de tiempo.
 
En segunda instancia, Corcho ha precisado que, “seguimos en las mismas con las deudas a las entidades que han prestado el servicio a los usuarios y lo peor, es que estas deudas siguen creciendo y no se ve el pago por ningún lado. Es situación no es nueva, viene de años atrás cuando se comenzaron a liquidar las EPS y ahora hay incertidumbre sobre dichos pagos”.
 
Corcho ha insistido en que, “la Superintendencia y el Ministerio de Salud y Protección Social tienen todas las herramientas legales y constitucionales para hacer esos cierres y traslados de los usuarios de una manera bien hecha, organizada y planeada y no improvisando o más bien atropellando los derechos de la población, como está ocurriendo”.
 
“El Gobierno tiene que hacer una trazabilidad de cuáles son las EPS que sirven, es por eso por lo que seguimos reiterando que ese sistema de manejo de la salud que se tiene desde que se aprobó la Ley 100, se tiene que acabar de una vez por todas”, ha recalcado Corcho.
 
Asimismo, la vicepresidenta ha considerado que se debe solicitar una auditoria para saber realmente cuánto es que estas entidades le adeudan al sistema. “Porque son las EPS las que deben de responder por las cuentas que tienen con clínicas y hospitales y, son tanto la Supersalud como los jueces de la república, quienes deben en el momento de liquidarlas hacer que las EPS respondan por los pagos, puesto que estas entidades han trabajado con los dineros que los colombianos aportan al sistema de salud”.
 
Con respecto a la situación que hoy afronta el sistema de salud, Corcho ha dicho que se debe llevar a cabo la transición de una vez, “para que las EPS terminen de salir y planteemos un nuevo modelo de salud y que sea el Congreso de la Republica quien lo estudie y lo apruebe”.
 
“Hoy el sistema de salud es una caja negra, puesto que en el momento no sabemos las EPS qué hacen con la plata publica de la salud de los colombianos. Son liquidadas y no se conoce cuánto es que estas entidades le adeudan a las clínicas y a los hospitales. No podemos decir que acabemos con las clínicas, porque son estas las que soportan la prestación de servicio y las que han avanzado en ciencia y tecnología, pero tiene que haber un nuevo diseño de manejo de la salud”, ha concluido Corcho.
     
El dato
 
La última decisión de la Supesalud tiene que ver con la toma de posesión inmediata de la EPS Emssanar que opera en el suroccidente del país, debido a la deteriorada situación financiera en que se encuentra y al incremento de las tutelas por el mal manejo de sus indicadores de salud. La medida rige inicialmente por dos meses.
 
El Ministerio de Salud y Protección Social años atrás expidió el Decreto 682 de 2018, con el cual le daba facultades a esta entidad fuera la responsable de renovar las autorizaciones de todas las EPS en el país y de vigilar que estas entidades cumplieran con los requisitos de habilitación y permanencia. Porque desde que se expidió el Decreto 2702 de 2013, las EPS debían tener buenas condiciones financieras, solvencia establecida y que contaran con las condiciones técnicas para la operación del aseguramiento en salud por parte de las EPS.

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