Edición Médica

Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Mientras el Gobierno Nacional ha insistido en la aprobación del proyecto 339 “Reforma al Sistema a la Salud”, por parte del Congreso de la República, las directivas de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), han afirmado que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están afrontando una desfinanciación progresiva.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud ha resaltado que, “la realidad financiera de las EPS es crítica y el riesgo es real para todos los actores. Para este año, hacen falta 1,5 billones de pesos para cubrir el aseguramiento en salud y eso, es motivo de alarma”.
 
De ese modo, Dávila ha solicitado, de manera urgente, atender el tema financiero, “porque de lo contrario se estaría afectando la prestación de los servicios de la Salud”, y agregó que “en el año 2022, al momento de hacer el cierre financiero, nos dimos cuenta de que la situación financiera de las EPS no es fácil, al no alcanzar el equilibrio en sus estados”.
 
Para la directora de Gestarsalud el problema se complejiza “cuando la siniestralidad ha aumentado y los recursos que debe pagar la Administradora de los Recursos del Sistema General (ADRES) no llegan. Faltan por ingresar dineros de los años 2020 y 2021 y eso, sin contar que no se ha asignado la plata necesaria para cubrir el 2023”.
 
Desafíos en la Reforma a la Salud
 
Con respecto a la Reforma a la Salud, la cual aún no se aprueba en su totalidad y espera por sus últimos debates, en este segundo periodo legislativo, Dávila ha advertido que hay riesgos, “el sistema de información que se ha construido durante 30 años no debe cambiar”.
 
“Pretenden instalar uno sólo y lo que deberían proponer es una forma para que interoperen, antes que reemplazarlos y lo peor aún, dicha labor quedaría en manos del sector público, donde estos sistemas son precarios, lo que exigiría cuantiosas inversiones en infraestructura, tecnológica y un extenso proceso de entrenamiento. Eso podría tomar hasta cinco años”, ha manifestado la directora.
 
Dávila ha reiterado que, “esos cambios que no se dan de la noche a la mañana, podrían llegar a generar una crisis severa en la prestación del servicio afectando a la población de menores ingresos, la cual es la mayoría”.
 
“También produciría un enorme déficit en el sistema de la salud. Es por ello, que los ajustes estructurales planteados, incluso el fin del aseguramiento en salud, en medio de situaciones financieras que no son atribuibles a las EPS, obliga a revisar de manera urgente estas reglas, mientras se discute la reforma”, ha agregado la directora.
 
Finalmente, Dávila ha afirmado que, “el cambio que propone la reforma es pasar de un sistema mixto de seguridad social a uno público, el cual eliminaría el concepto de aseguramiento y se centra en la prestación de servicios, teniendo como eje los hospitales públicos complementados con prestadores privados”.
 
“Se estaría desconociendo el carácter mayoritariamente privado dueño del 82 por ciento de los servicios. Ignoran los graves problemas por los que atraviesan los modelos que quieren imitar, como el desborde incontrolable de los gastos y la incapacidad para atender las demandas de servicios”, ha concluido la directora de Gestarsalud.
 
Cabe mencionar que, en la Reforma a la Salud el Estado, mediante vigencias futuras, se haría cargo de las deudas que las aseguradoras tengan con los hospitales. Una cifra que podría ascender a los 1,7 billones de pesos, según datos de la Superintendencia de Salud.
 
El dato

Las EPS que están activas tienen una deuda por 16,6 billones de pesos. De estas entidades, las que deben más dinero son: Nueva EPS, con 3,4 billones de pesos; Salud Total, con 2,3 billones de pesos; Sanitas, con 2,1 billones de pesos; Sura, con 1,6 billones de pesos y Emssanar, con 1,1 billones de pesos.

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