Edición Médica

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Ante la Corte Constitucional más de diez organizaciones del sector salud de todo el país, interpusieron una alerta ciudadana en el marco del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 y en contra del Decreto 718 de 2017, expedido por el Gobierno Nacional, con el cual les permite a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), hoy en liquidación, implementar un proceso de reorganización institucional ante la Superintendencia Nacional de Salud.
 
El auto que fue interpuesto ante el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, el 31 de marzo de 2022, fue remitido a la Comisión de Seguimiento de esta sentencia y pone en conocimiento de la fiscalía general de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud para que inicien las investigaciones en caso de incurrirse en faltas fiscales, disciplinarias, administrativas y penales.
 
Al respecto, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha explicado que “este decreto lo que hace es flexibilizar las condiciones financieras sin una exigencia mínima de respaldo económico. Así las cosas, nadie respondería por los dineros que se adeudan a la salud y a la fecha el desfalco es de por lo menos 12 billones de pesos, los cuales aún sigue sin ser saldado a clínicas y hospitales del sector público y privado del país”.
 
“Nos vemos en la obligación de emitir esta alerta ciudadana porque los dineros de la salud y de cientos de profesionales del sector están envolatados y no es procedente que el Gobierno emita un decreto que favorezca a las EPS cuando lo único que han hecho desde que comenzaron a funcionar ha sido sumar deudas al sector salud”, ha dicho Corcho.
 
Con respecto al fallo que, en su momento emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la vicepresidenta ha enfatizado que “se dio ordenando suspender la habilitación de Medimás como EPS, el cual nació después de que fueran liquidadas Café Salud y Saludcoop, respectivamente. Aquí lo que se quería evitar era que fugaran recursos públicos de la salud y por ello, había compulsado al Consejo de Estado para que tomara decisiones”.
 
Asimismo, Corcho ha reiterado que, “lo peor de todo es que el propósito del Gobierno es conocer de todo este proceso y nada se hace. Debería proceder a derogar esta normativa y no permitir la flexibilización financiera de las ESP, porque lo que se está dando es un fraude enorme al sistema y malversación de los recursos públicos de la salud”.
 
El dato
 
Cabe recordar que, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 718 de 2017, con el cual se imparte instrucciones para que una nueva ESP solicite su creación ante la Superintendencia Nacional de Salud, para su aprobación no requerirán cumplir con el requisito de participación en el capital de la entidad resultante del proceso de reorganización.
 
Al momento, el trámite se está analizado por Minsalud, por su parte Iván Mesa, director de Aseguramiento del ministerio ha dicho que están buscando “reglamentar los límites a los Procesos de Reorganización Institucional, de acuerdo con lo ordenado por la ley 1949 de 2019 como se evidencia en la integralidad del proyecto decreto, bajo el entendido que estos procesos y sus posibles términos de duración fueron creados desde el año 2015.

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