Edición Médica

Ana María Soleibe, presidenta de la FMC; Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC y Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de ACESI.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El uso indebido de por lo menos 6 billones de pesos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del año 2020, por parte las EPS, demuestra que no deben seguir manejando los recursos públicos de la salud, afirmación en la que se sostienen la Federación Médica Colombiana (FMC); la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (ACESI).
 
Ante la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el mal manejo de estos recursos, los directivos de estas entidades han solicitado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para debatir la Reforma Estructural al Sistema de Salud, priorizando en primera instancia el fin de la integración vertical y la intermediación financiera durante 30 años. Antes de dar el paso a la aprobación debe existir un “paz y salvo” por parte de las EPS para que puedan saldar las cuentas por pagar, las cuales ya ascienden a 26 billones de pesos.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Ana María Soleibe, presidenta de la Federación Médica Colombiana, ha explicado que “la Contraloría General de la República detectó irregularidades fiscales confirmadas por 6 billones de pesos. El hallazgo consiste en que 24 EPS emplearon de una forma indebida los recursos de la Unidad de Pago por Capitación del año 2020, cuando Colombia y el mundo estaban afrontando una pandemia generada por COVID-19”.
 
Por su parte, la presidenta de FMC ha precisado que los hallazgos de la Contraloría también evidencian que 5,3 billones de pesos provenientes del sistema de salud fueron usados de manera irregular, un hecho de alto impacto nacional que los llevó a la Unidad de Derechos Especiales de la Contraloría.
 
Es de recordar que, el Consejo de Esta indica que las EPS que manejan los recursos públicos y los aportes de los trabajadores para la atención en salud, “están obligadas a cumplir el ordenamiento jurídico y el principio de anualidad, esto quiere decir, que no se pueden pagar deudas pasadas con dineros de la vigencia del momento”.
 
Asimismo, ha reiterado que, durante la pandemia el Gobierno Nacional hizo un crédito de 41 billones de pesos, los cuales fueron destinados para la demanda de servicios de salud que estaban relacionados con las vacunas, la asistencia y las pruebas. “Por ello, ese presupuesto se llamó la canasta COVID-19, es decir, que los dineros provenientes de la UPC no se emplearon y menos, cuando las EPS no estaban haciendo atención de las demás patologías, por el confinamiento que en ese momento se dio”.
 
Paz y salvo
 
A esas apreciaciones se suma Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), quien ha solicitado “acabar los conflictos de intereses, ya que, una buena Reforma al Sistema tiene que terminar con la integración vertical, que haya una política de fomento a la calidad. Hay que proteger a los hospitales públicos y privados, pero también los servicios especiales como Pediatría, Ginecobstetricia y salud mental, entre otros”.
 
Giraldo ha remarcado que, para detener estas prácticas indebidas en los recursos de la salud, “debe haber un fondo de garantías y un componente de ley de quiebras dentro del sistema que tenga: régimen de insolvencia, fondo de garantía, levantamiento de velo corporativo y giro directo universal. Se tiene a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, como una central de inteligencia”.
 
“Hemos estado pidiendo un plan de extraordinario de liquidez y para ello, se requiere del acompañamiento del Congreso. El llamado es que no nos opongamos más a la propuesta de Reforma al Sistema de Salud, hay que avanzar y entender que es necesario generar una buena propuesta y para ello, se tienen que aceptar las cosas que han avanzado bien y las que están mal y que se tienen que mejorar”, ha añadido.
 
Por último, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, (ACESI) ha manifestado que “las EPS que han anunciado su retiro del sistema de salud, lo primero que deben hacer es saldar sus multimillonarias deudas que tiene con los prestadores, de lo contrario, colocaría en riesgo financiero a muchas instituciones a nivel nacional”.
 
“La entrega de usuarios no puede convertirse en una moda, para esquivar las medidas administrativas, disciplinarias y hasta penales, por lo que instó a la Superintendencia Nacional de Salud y a todos los organismos de control, a no permitir este tipo de operaciones, hasta tanto las EPS no se pongan al día en sus deudas con los hospitales públicos del país, especialmente con los más pequeños, que son los que no tienen ningún margen de maniobra financiera. Esta solicitud es una prueba más de que las EPS generan una intermediación financiera que no agrega valor y, por el contrario, están generando extracción de valor en el sistema de salud”, ha concluido Zuluaga.

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