Edición Médica

Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El problema no debe centrarse en si hubo o no un adecuado aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025; el debate debe orientarse hacia las inconsistencias en los datos financieros y técnicos encontrados en los informes contables de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El análisis ha revelado aumentos desmesurados en las consultas médicas generales, un incremento del 100 por ciento en los servicios radiológicos y domiciliarios, así como el registro incorrecto de precios de medicamentos, entre otros hallazgos.
 
Así lo ha destacado Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, quien aseguró: “en el análisis realizado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, se evidencia que las EPS no han sido transparentes. En Colombia, declararse en quiebra, como lo han hecho estas entidades, resulta rentable. Para que este problema termine y se conozca la verdad, se debe realizar una auditoría forense. Solo así sabremos quién tiene la razón, cuál ha sido el manejo de los recursos de la salud y qué certeza existe en los datos”.
 
La presidenta de FMC también ha señalado que "hay tanta mentira en los estados financieros que la Nueva EPS llegó a incrementar sus gastos en 10 billones de pesos para 2023, sin certificación financiera. Por estas verdades ocultas y otras inconsistencias reportadas, la Comisión que define los incrementos de la UPC decidió limitar el aumento al índice de inflación".
 
Soleibe Mejía ha explicado que "cuando se liquida una EPS, no solo se genera un problema presupuestal, debido a la falta de claridad en el pago de las deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), sino que también se presenta el inconveniente relacionado con la transferencia de usuarios a otras EPS Estas entidades no cuentan con las reservas técnicas suficientes y, por más buenas intenciones que tenga la nueva EPS a la que se transfieren los usuarios, no pueden sostener financieramente el aseguramiento y la prestación del servicio en salud, lo que hace que se aumenten las cuentas por pagar”.
 
En este contexto, Soleibe Mejía ratificó: "replantear el incremento de la UPC fijado en 5,36 por ciento por el Ministerio de Salud y Protección Social para 2025 es seguir alimentando la corrupción que las EPS han liderado durante 30 años. Desde la sociedad civil hemos denunciado las irregularidades en las Reservas Técnicas, las cuales se estaban provisionando y no se invertían, pero nada ocurrió y ahora se excusan en el bajo aumento de la UPC para justificar una supuesta crisis".
 
La presidenta de FMC también ha reiterado que "el Decreto 780 de 2016 fue claro sobre cómo debían ser las inversiones de las Reservas Técnicas y desarrollaron que, con el fin de reducir la cartera, las EPS deben utilizar los recursos invertidos en depósitos a la vista, títulos de renta fija, títulos de deuda pública interna o carteras colectivas que respalden sus reservas técnicas Además, la Superintendencia Nacional de Salud debía realizar estudios sobre la cartera de las EPS y las cuentas por pagar registradas como reservas técnicas en. los estados financieros".
 
"Las EPS interpretaron el Decreto 780 de 2016 a su favor, utilizando los recursos del sistema de salud en otros negocios ajenos al sector. Lo peor es que estos recursos estaban destinados exclusivamente para la salud. Por ello, seguimos exigiendo una auditoría forense para resolver este problema de una vez por todas. Esta es la única forma de demostrar cómo y cuál ha sido el manejo de los recursos por parte de estas entidades en el sistema de salud", ha increpado Soleibe.
 
Finalmente, Soleibe ha indicado que, "cuando escuchamos a los exministros de Salud pidiendo soluciones para el sistema, uno no sabe qué pensar, porque no se dan cuenta de que cuando ellos estuvieron en el cargo no ofrecieron soluciones y, por el contrario, dejaron crecer el problema financiero hasta llegar a las deudas impagables que enfrentamos hoy. Las EPS, como aseguradoras definidas por la Ley 100, deben cumplir con una serie de normas y requisitos financieros, pero no lo han hecho. normativa".
 
El dato
 
En junio de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud informó que 20 de las 24 EPS encargadas del aseguramiento en salud no contaban con los recursos suficientes para respaldar las reservas técnicas. El déficit histórico llegaba a 12,4 billones de pesos. Debido a los problemas con las reservas técnicas y el mal manejo de los recursos públicos destinados a la salud, la propuesta de una auditoría forense sigue siendo una prioridad. Este proceso implica investigaciones legales a través del estudio de evidencias para detectar fraudes y delitos relacionados con actos de corrupción.

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