Edición Médica

Jaime Otálvaro, profesor de la Universidad de Antioquia y participante de la indagación.

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
En Colombia, según datos oficiales a septiembre del 2021, han fallecido 328 trabajadores de la salud por causa del COVID-19, de los cuales el 40 por ciento se asoció a la prestación del servicio y 46 por ciento se consideran indeterminados. El 36 por ciento de los fallecidos eran médicos/as, 19,5 por ciento eran auxiliares (de enfermería mayoritariamente), 6,4 por ciento eran técnicos de radiología, 5,5% era personal administrativo, 5,5 por ciento eran profesionales de la enfermería.
 
La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia ha financiad una la investigación denominada: “El personal de salud, primera línea frente a la pandemia por COVID-19: Una deuda por saldar. Acciones necesarias para su protección”, el cual se ha realizado entre mayo de 2020 a septiembre de 2021.
 
La indagación tiene como propósito comprender la experiencia del personal que labora en instituciones prestadoras de servicios de salud, durante el estado de emergencia social y sanitaria por COVID-19 en Antioquia, 2020-2021.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Jaime Otálvaro, profesor de la Universidad de Antioquia y participante de la indagación, ha explicado que la investigación se realizó durante la emergencia sanitaria en Antioquia, “lo que queríamos era entender al personal de salud que trabaja en IPS, hospitales e instituciones de salud, que atendían COVID-19 en Antioquia, para conocer cómo lo estaban experimentando, porque sabíamos que este sería un proceso largo”.
 
“Ya llevamos tres picos de pandemia. Recientemente, salió la alerta de la Sociedad Colombiana de Infectologos que advierte acerca de la posibilidad de un cuarto pico, que parece que se ha presentado en otros lugares, en donde la variante delta se vuelve dominante y al ser más contagiosa, genera más riesgo para las personas no vacunadas”, ha agregado.
 
“Los que trabajan en el área de salud y contingencia como las que produjo la pandemia, evidenció que la calidad de la atención está directamente relacionada con las condiciones de trabajo y la calidad de trabajo, ese es el planteamiento central. En otros momentos alrededor de otras epidemias se ha podido constatar eso en otros estudios de salud pública a nivel mundial”, ha indicado Otálvaro.
 
Durante el desarrollo de esta, se realizaron una serie de encuestas, en las que 74 por ciento de los encuestados fueron mujeres, 63 por ciento de IPS del Valle de Aburrá, 54 por ciento de IPS públicas, 54 por ciento de IPS de mediana y alta complejidad, 77 por ciento del área asistencial.
 
Este estudio ha mostrado que el 21 por ciento de los trabajadores de la salud presentaron condiciones laborales precarias, al vincularse mediante contratos de prestación de servicios o contratos por obra-labor y formas indirectas. Otro 60 por ciento de los participantes manifestaron no sentirse satisfecho con el pago recibido, considerando que es bajo para el nivel de exigencia, riesgo laboral, jornada y responsabilidad.
 
“Realizamos unas encuestas en dos momentos. Durante julio y agosto de 2020, es decir durante el primer pico de la pandemia. Se encuestaron a 466 trabajadores de la salud entre médicos, auxiliares de Enfermería, administrativos, enfermeras y más, todos pertenecían a instituciones que atendían casos COVID-19”, ha manifestado Otálvaro.
 
 
“En esta se encontraron que las IPS mejoraron sus programas de capacitación, inducción y reinducción en temas de bioseguridad y manejo de protocolos de atención a pacientes sintomáticos, con respecto a la encuesta anterior”, ha agregado Otálvaro.
 
Adicional a ello, en la investigación se ha podido establecer que, el tener contacto no protegido con una persona sintomática respiratoria, a 6 de cada 10 encuestados no les realizaron prueba para COVID- 19, a 4 no le ordenaron aislamiento domiciliario y a 7 no le ordenaron incapacidad médica o lo hicieron en ciertas ocasiones. Pese a la mejora entre mediciones, perdura el manejo inadecuado conforme a los protocolos y normatividad existentes.
 
“La pandemia llega y de alguna manera se espera que se fortalezcan los servicios de salud, y que las condiciones laborales de los trabajadores mejoren, pero lo que notamos es que empeora y hay más precariedad. Aumento de fatiga, horas laborales, lo que vemos en el estudio es que las condiciones laborales que eran precarias no mejoran. También que no hubo suficiente planificación para enfrentar la pandemia”, ha puntualizado Otálvaro.
 
Finalmente, el docente ha recalcado que fortalecer las capacidades de respuesta social y sanitaria ante emergencias, “implica una acción decidida por el mejoramiento de las condiciones laborales de aquellos que cuidan, así como de la implementación de medidas de control y monitoreo regular de las condiciones de trabajo del personal de salud”.
 
Dado el carácter estructural de la problemática de precariedad laboral del personal de salud se ha hecho necesario una urgente decisión gubernamental de ajuste normativo, con el fin de regular el trabajo en salud y proteger al trabajador sanitario, ha sido una de las recomendaciones que da la investigación.

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