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Profesionales
PROYECTO DE LEY
Junta Médica Nacional y gremios del sector rechazan proyecto de ley que afecta el derecho fundamental a la Salud
Los representantes del gremio han manifestado disconformidad con el proyecto presentado por representantes del grupo 'Acuerdos Fundamentales'
Miércoles, 17 de julio de 2024, a las 15:30
Aseguran que el nuevo proyecto no representa los intereses públicos ni garantiza el derecho a la Salud. |
Redacción. Bogotá
En un comunicado a la opinión pública, la Junta Médica Nacional y 20 organizaciones del sector salud (autores de la Ley Estatutaria de Salud) han expresado su profunda preocupación y total desacuerdo con el reciente proyecto de ley presentado por algunas organizaciones médicas agrupadas en "Acuerdos Fundamentales".
Vaya leyendo: Grupo de Acuerdos Fundamentales presenta nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
El artículo propuesto, con el que manifiestan su rechazo, cuenta con 12 puntos que se refieren a la creación de una figura inédita de aseguramiento que va en contra de los principios básicos de la seguridad social, así como con el manejo y la organización del gasto con los recursos públicos de la salud por parte de las EPS (llamadas Gestoras de Salud); se destruye el núcleo esencial del Derecho a la Salud logrado en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), pretendiendo hacerlo a través de un procedimiento legislativo ordinario.
En estos puntos, los representantes han añadido una segunda intermediación, un paso más para que los recursos lleguen directamente a clínicas, hospitales, proveedores, trabajadores de la salud; se vulnera la autonomía profesional; se favorecen los “contratos basura” por órdenes de prestación de servicios; se redefine la función del Registro único Nacional del Talento Humano en Salud; entre otros.
De ese modo, los autores de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) han declarado que, el nuevo proyecto no representa los intereses públicos ni garantiza el derecho fundamental a la salud en Colombia, retrocediendo en los avances logrados en la última década.
El proyecto de ley en cuestión introduce cambios significativos y problemáticos, tales como:
- Nueva Figura de Aseguramiento: Se propone una figura inédita de aseguramiento que otorga a las Gestoras de Salud (antiguas EPS) la responsabilidad del aseguramiento sin asumir el riesgo financiero, trasladándolo al Estado.
- Cambio de Nombre de las EPS: Las EPS pasarían a llamarse Gestoras de Salud, continuando con el manejo de recursos públicos sin respaldo financiero, incrementando el riesgo de corrupción.
- Restricciones en la Prestación de Servicios: Se reintroduce un plan de beneficios limitando la prestación de servicios, contrario a lo establecido por la Ley Estatutaria de Salud y la Corte Constitucional.
- Intermediación Financiera Adicional: Se crea una nueva figura corporativa para la gestión de redes de prestación de servicios, complicando el flujo directo de recursos a clínicas, hospitales y trabajadores de la salud.
- Autonomía Profesional Comprometida: La propuesta vulnera la autonomía profesional, condicionando el ejercicio médico a guías y protocolos de manejo.
- Condiciones Laborales Precarias: Se legitiman formas de contratación precarias, conocidas como “contratos basura”, que históricamente han explotado a los trabajadores de la salud.
- Registro Nacional del Talento Humano en Salud: Se redefine la función de este registro, que debería ser gestionado exclusivamente por el Ministerio de Salud y de forma gratuita.
- Preferencias en el Consejo Nacional de Salud: Se favorecen organizaciones particulares en la constitución de este consejo, afectando la equidad y pluralismo.
- Tercerización del Cálculo de la UPC: La función de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación se terceriza a entidades privadas, alejándola de su actual gestión estatal.
- Falta de Fortalecimiento de la Supervisión: No se refuerza la Superintendencia Nacional de Salud, crucial para la inspección y vigilancia del sector.
Por último, la Junta Médica Nacional y las organizaciones del sector salud han hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, y a todos los actores del sistema de salud a respetar y proteger el marco constitucional del derecho a la salud consagrado en la Ley Estatutaria.
De igual forma, han reafirmado su disposición para colaborar en el fortalecimiento de la propuesta gubernamental, buscando una reforma estructural que garantice el derecho a la salud y ponga fin a la crisis del sector.
