Edición Médica

Juan Eduardo Guerrero, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Dos cosas están claras en el proyecto de Ley 312 de 2024 “Transformación del Sistema de Salud”, presentado por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República. Acabar con la intermediación en el manejo de los recursos, que durante 30 años ha existido entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y poner en marcha los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
 
Con respecto a la permanencia de las EPS, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Juan Eduardo Guerrero, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ha subrayado el objetivo propuesto en el proyecto de Reforma presentado por el Gobierno. “Estas entidades no deben continuar manejando los dineros públicos de la salud. No es viable que esos recursos pasen por sus bancos, los cuales terminan desviándose. Es crítico que no exista una información transparente en el uso de los dineros que le pertenecen a la salud”, ha asegurado.
 
Guerrero comparte que la intermediación no ha dado buenos resultados “y mucho menos en el manejo de los recursos, muestra de ello, es que de las 157 EPS que iniciaron en este proceso de aseguramiento desde 1994, hoy quedan 27 EPS activas, tanto del régimen contributivo como subsidiado”.
 
No obstante, el directivo ha sido muy crítico con respecto a las cuantiosas deudas que las EPS han dejado a las IPS públicas y privadas. “El quiebre de esas entidades pone en alerta al sistema, por eso lo que más se pide es que no manejen más los dineros públicos de la salud”, ha argumentado.
 
Desvío de fondos pone en peligro la continuidad del sistema de Salud
 
Entre los hallazgos de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre las EPS, la situación se mantiene crítica. Se ha registrado un incremento de los gastos operativos injustificados, asociados al funcionamiento de prestadores de servicios de salud; de igual forma, se ha evidenciado que las entidades ocultaron la facturación, registrando un aumento del costo médico entre los años 2022 y 2023.
 
Asimismo, la investigación ha dado cuenta sobre los pagos realizados a prestadores sin el cumplimiento de las condiciones definidas en los contratos. De igual manera, direccionaron contratos hacia IPS con las que se configura conflicto de interés por participación accionaria. Otro hallazgo importante es la no contratación de red de prestadores para la detección temprana y manejo integral del cáncer.
 
“Este es un sistema que busca proteger la vida y la detención precoz de la enfermedad, pero que durante años se ha fallado y es que las EPS han centrado su atención en las grandes ciudades, olvidándose de las personas que están en regiones apartadas”, ha manifestado Guerrero.
 
Para el directivo, “en el sistema actual se ha demostrado que se llega tarde a resolver los problemas generados por la enfermedad, el diagnóstico es claro y por eso, en esta Reforma al Sistema de Salud, la Atención Primera debe ser una prioridad, para así detectar a tiempo las enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, entre otras. Se necesita mejorar la detención y así hacer un uso racional de los recursos”.
 
Aunque hay quienes señalan que los recursos no son suficientes para respaldar la Transformación del Sistema de Salud, la cual está en curso, Guerrero ha asegurado que, si se llegaran a hacer modificaciones relacionadas con la atención en otros niveles como los que estarían a cargo de la Atención Primaria en Salud, el gasto sería diferente.
 
“Tenemos una atención que está centrada en el tercer nivel, es decir, en el cuidado final de la enfermedad y eso es muy costoso, por tal razón es que en el proyecto se quieren sacar adelante los centros de salud y las clínicas públicas y privadas de primer nivel, para así reducir costos”, ha indicado.
 
Por último, Guerrero ha insistido en que, “los recursos actualmente existentes en el sistema de salud, una parte debería destinarse al fortalecimiento de la atención primaria, disminuyendo el uso de las urgencias, las cuales significan hospitalización, situación que genera más costos. Por ello, es necesario llevarlo a un nivel diferente que no represente tanto gasto y se haga un uso racional de los dineros que se emplean en tecnología, en medicamentos y en intervenciones. La idea es reducir la atención de rgenciaas en hospitales”.
 
El dato
 
En el Proyecto de Ley 312 de 2024, entre algunas de las funciones que están estipuladas para que ejerzan las Entidades Promotoras de Salud, las cuales, se convertirían en Gestoras de Salud y Vida están: implementar un plan de saneamiento de todos los pasivos, conformar las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud, establecer los convenios de desempeño de IPS de mediana y alta complejidad, gestionar la prestación de servicios especializados para personas con enfermedades raras o huérfanas, gestionar el acceso oportuno y expedito a los servicios de salud y a los servicios farmacéuticos. Además, realizar la gestión para el pago de las prestaciones económicas y hacer rendición de cuentas de sus actividades.
 
Dentro de los estimativos financieros que se han hecho en el Proyecto de Ley 2024, es que el impacto en los costos totales por año para el sistema de salud es de 1,1 billones de pesos por año. Con el fortalecimiento del nivel primario de atención se podría reducir en 20 por ciento la cantidad de casos de personas con sobrepeso y obesidad en el país, generando un ahorro de 225 mil 567 millones de pesos al año.

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