Edición Médica

Cecilia Vargas, presidenta de la Asociación Colegial de Enfermería (OCE).

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
Dentro de la Política Nacional de Talento Humano en Enfermería y Plan Estratégico 2020-2030, que hace un diagnóstico de las principales problemáticas de enfermería en Colombia, recoge los retos y los planteamientos que los profesionales de esta disciplina, de diferentes regiones del país, proponen para la generación de contextos que favorezcan el trabajo digno, la formación integral de los profesionales y su desarrollo en todas sus dimensiones (formación, desempeño, gestión y desarrollo individual y colectivo).
 
El documento ha indicado que tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones para la formación, desempeño, gestión y desarrollo integral del talento humano en salud. “Así mismo, en el propósito de dar cumplimiento a los postulados del convenio 149 de 1977 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el empleo y las condiciones de trabajo y de vida del personal de Enfermería”.
 
Es de destacar que el plan nacional 2020-2030, lo que hace es proponer una estrategia para seguir en los próximos 10 años en el país. En este los tres principales aspectos son: condiciones laborales, educación y autonomía en el ejercicio profesional de Enfermería.
 
Según ha señalado el Observatorio y la Dirección de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) para el año 2018 el país tenía 717.456 personas en este sector, de los cuales 337.962 correspondían a profesionales y especialistas (47 por ciento) y 379.494 a auxiliares, técnicos y tecnólogos (53 por ciento). Del total de trabajadores del sector salud, 66.095 correspondían a profesionales de Enfermería y 273.359 a auxiliares de Enfermería.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Cecilia Vargas, presidenta de la Asociación Colegial de Enfermería (OCE), ha explicado que “la pandemia demostró que la ley 100 como modelos que se impuso dentro del modelo económico con el que se reestructuro todo el sistema de salud y se evidencio unos hospitales públicos empobrecidos, sin desarrollo económico, con grandes deudas por parte de las EPS. En el tema laboral se encontró que están deslaboralizados, que están contratados por tercerización y diferentes contratos en el que la relación laboral directa se acabó, eso ha afectado a todos los trabajadores del sector salud, en especial al sector de enfermería, que es el más grande. Tenemos cerca de 800 mil trabajadores en el sector salud, de los cuales 75 mil son auxiliares de enfermería y enfermeros más o menos 63 mil”.
 
“El país no cuenta con estadísticas claras al respecto. Casi el 30 por ciento del personal de salud corresponde a personal de enfermería, que en su mayoría está tercerizado en el sector público. Mientras que, el sector privado normalmente está contratando con contratos a término fijo, indefinido, obra labor, por órdenes de servicio, que en el sector público son las ordenes de prestación de servicios, que el sector privado da una estadística más o menos de que el 60 por ciento de los trabajadores están vinculados por contratación directa”, ha manifestado Vargas.
 
Vargas también se ha referido a que “en el sector público más del 70 por ciento de los trabajadores de la salud están contratados bajo órdenes de prestación de servicio, lo que quiere decir que la gente que está vinculada directamente es muy poca. En ese tipo contratación no hay una relación laboral y eso con lleva a una prestación del servicio muy precaria, mucha inestabilidad, que golpea la parte de las prestaciones sociales”.
 
“Nosotros hemos hecho miles de solicitudes y acuerdos que no se han cumplido. En conjunto con el Ministerio de Salud y Protección, sacamos el plan nacional de enfermería 2020- 2030, en el que desarrollamos tres líneas, siendo la más importante las condiciones laborales del personal de enfermería, dada la grave crisis a la que se enfrenta este personal”, ha agregado Vargas.
 
El dato
 
Vargas ha adicionado que “las peticiones de la agenda que tenemos y que le mostramos al gobierno a inicios de este mes para incorporar el plan como política pública con asignación presupuestal, ya que sin presupuesto es complicado, así como la normatividad que garantice la libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, derecho a la libre asociación, sindical y colectiva, porque a la gente le prohíben o condicionan que no pueden pertenecer a ningún sindicato, esa es una violación al derecho de asociación”.

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