Edición Médica

El inicio del Plan de vacunación en Colombia fue tardío con respecto a otros países.

Redacción. Bogotá
Colombia se encuentra atravesando el impacto de un crecimiento progresivo del tercer pico de pandemia causada por la COVID-19, con altos índices de muertes y contagios, colapso de la red hospitalaria, desabastecimiento de oxígeno e insumos, crisis del talento humano y riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario.
   
No obstante, el gobierno ha expedido la Resolución 777 (junio 2 del 2021), cuyos lineamientos, según han indicado los datos oficiales actuales, no tienen conexión con el contexto epidemiológico del País, por lo que, esta política pública coyuntural deberá ser sometida a un nuevo análisis de validez, precisión, oportunidad y pertinencia ante la urgente situación sanitaria que compromete la vida de miles de personas.
 
En ese sentido, la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector Salud, han emitido una carta declaratoria en la que señalan que es pertinente aportar datos y elementos técnicos para generar acciones concretas basadas e informadas en la evidencia científica para enfrentar la pandemia.
   
“Manifestamos nuestra disposición a contribuir con soluciones basadas en datos y evidencia científica, pragmáticas y viables, para enfrentar los desafíos de salud pública que atraviesa Colombia y el colapso del sistema sanitario, permitiendo una reapertura económica segura, escalonada y programada y, sobre todo, que no ponga en grave riesgo el derecho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos”, ha indicado la misiva.
 
De acuerdo con más de 140 agremiaciones, la reapertura planteada en los términos señalados en la resolución 777, va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requeridas, lo cual esto talmente previsible en las condiciones actuales.
 
Los gremios han insistido en que, es urgente contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, sociedades científicas y las agremiaciones de la salud, que evitarían las muertes que resultan inminentes ante la implementación de la mencionada resolución.
 
“Convocamos al Ministerio de Salud y Protección Social a realizar una reunión, a más tardar el 9 de junio a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de crear un espacio de trabajo conjunto para profundizar en los asuntos que se consignan en esta Declaración. En esta reunión, se debe construir alternativas viables con otros sectores sociales, económicos y empresariales para encontrar salidas que nos permitan avanzar como país”, han enfatizado.
 
Los gremios han recalcado que, este momento es el menos oportuno para iniciar una apertura económica en el país ya que, para hacerlo se requerirá implementar unas medidas y condiciones epidemiológicas propicias y, además, un estudio técnico científico de fondo que permita determinar la validez y solidez conceptual del IREM.
 
“Es indispensable para ello la implementación de estrategias de acción integral territorializadas y programas de alfabetización en salud y acciones informativas a las comunidades y a la sociedad, para mitigar el impacto de la pandemia, incluyendo el compromiso de acelerar masivamente la vacunación y fomentar estrategias focalizadas en los territorios con mayor letalidad y número de casos (anillos de vacunación)”, ha indicado el documento.
 
Plan de vacunación, una estrategia fallida
 
Según han esclarecido las agremiaciones, la estrategia de inmunización contra el SARS-CoV-2 en el marco del Plan Nacional de Vacunación no se ha cumplido y no ha dado respuesta a las necesidades y urgencia con la que se requiere.
 
Asimismo, el inicio del Plan de Vacunación fue tardío con respecto a otros países. Desde el 17 de febrero se han administrado 11.485.904 dosis, pero solo 3.432.806 personas han recibido el esquema completo (con corte del 6 de junio), siendo una cifra muy inferior a la meta propuesta para lograr la inmunidad de rebaño.
   
Recomendaciones técnicas al “Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM)”
 
Los gremios médicos y científicos han estipulado que, a pesar del panorama sombrío por la acelerada curva de contagio de la pandemia, el gobierno expidió la Resolución 777 como la hoja de ruta para regular la reactivación económica del país, no obstante, existen notorias falencias científicas que han sido necesarias señalar.
 
Por un lado, el IREM propuesto en la resolución como estrategia orientadora de la política de apertura económica, no tiene evidencia científica publicada, ni precedentes en ningún país del mundo, por lo menos, reportado de manera formal.
 
Adicional a ello, la Resolución y la ficha técnica del IREM han presentado inconsistencias en el planteamiento conceptual y no existen referencias que lo soporten. Estos dos documentos describen que la apertura económica se sustenta en la aplicación de un Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal que incluye cuatro variables: cobertura de vacunación, seroprevalencia ajustada por razón de juventud, capacidad instalada de camas UCI e intermedio y testeo promedio al mes.
 
Cabe resaltar que, el IREM tampoco ha recogido aspectos sociales como el desempleo, la pobreza, la miseria, la seguridad alimentaria, la respuesta desde la salud pública a los comportamientos sociales, la salud mental, la calidad de la atención, entre otros.
 
De igual forma, las agremiaciones han destacado que la emisión de la Resolución 777, en este momento, envía un mensaje equivocado a la sociedad y a la opinión pública en general “porque induce a las comunidades a incumplir con las medidas de auto cuidado y bioseguridad, lo que redundaría en un aumento de casos y mortalidad en las próximas semanas”.
 
Finalmente, los gremios han convocado “de manera especial y urgente” a las autoridades gubernamentales nacionales y territoriales, a los líderes sociales, sindicales, así como a todas las personas que se movilizan en el marco del paro nacional, a tomar en consideración este difícil momento de pandemia para encontrar un acuerdo inmediato.

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