Edición Médica

Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.

Redacción. Bogotá
A través de la Circular 007 de 2020, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez ha instado a los funcionarios públicos responsables de la administración del sector salud y al ministerio de Salud a cumplir con la obligación legal de mantener la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes.
 
De igual forma, el funcionario ha enfatizado que la contratación del personal de Salud deberá efectuarse, “sin desconocer los derechos de los trabajadores del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral”, ha indicado la circular.
 
Asimismo, Carrillo Flórez, ha extendido su petición hacia el ministerio de Hacienda y Crédito Público, a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, y a los directores, gerentes y funcionarios responsables de las empresas sociales del Estado, con el fin de cumplir con la normativa constitucional, legal y reglamentaria “que garantiza el derecho al trabajo del personal de la salud en condiciones dignas y decentes”, ha destacado el comunicado.
 
El funcionario también ha hecho énfasis en la prohibición legal que existe al contratar servicios tercerizados, ya que el cumplimiento de actividades misionales se ha llevado a cabo “con pretexto de conjurar situaciones excepcionales”.
 
Por ello, el procurador ha advertido que el personal de las Instituciones Públicas Prestadoras de Salud (IPS) no podrá estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales.
 
Sobre la actual precarización del vínculo laboral entre trabajadores de la Salud
 
De acuerdo con recientes investigaciones desarrolladas por la Procuraduría, se ha evidenciado que, en los últimos años la precarización del vínculo laboral entre los trabajadores de los servicios de salud pública y las empresas o entidades que prestan dichos servicios por cuenta del Estado, se ha acentuado, sobre todo en el contexto de la pandemia por CoVID19.
 
Flórez ha recalcado que, los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS “hasta el punto de creer en verdaderas nóminas paralelas, por lo que una gran cantidad de personas estarían trabajando durante largos períodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”.   
 
Adicional a ello, el Procurador ha manifestado que no solo se estaría tercerizando la operación de algunas actividades misionales, sino que también se está contratando al personal a través de ‘outsourcing’, referente a la contratación de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contratos sindicales.
 
Según cifras del ministerio de Salud, de 926 Empresas Sociales del Estado se ha determinado que existen alrededor de 136.116 trabajadores, de los cuales 46.715 están vinculados directamente en las plantas de personal y 116.401 de manera indirecta, como respuesta al requerimiento de la PGN.
 
Según ha asegurado la Procuraduría, los contratos tercerizados constituirían el 71.37 por ciento de los puestos de trabajo en el sector, mientras que, los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades del sector de la salud pública solo constituyen el 28.63 por ciento.
 
Por lo que, el funcionario ha agregado que esta situación “contradice a todas luces el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es, que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”.
 
El dato
 
La PNG también ha solicitado al ministerio de Salud realizar las aclaraciones, precisiones y complementaciones necesarias para evitar errores en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra la CoVID19.
 
“Se realizó un total de 12 observaciones a la estrategia de vacunación planteada, en las que alerta sobre potenciales fallas en su ejecución que podrían poner en riesgo su cumplimiento, en detrimento de los derechos a la salud y a la vida de los colombianos”, ha señalado el comunicado.
 
Finalmente, la Procuraduría ha manifestado que, será necesario que la contratación del personal se realice en base al cumplimiento de los perfiles y las capacitaciones requeridas, incluyendo el uso de los sistemas de información.

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