Edición Médica

Los gremios solicitan implementar soluciones que permitan superar la crisis financiera del sector.

Redacción. Bogotá
El sistema de salud colombiano enfrenta una nueva controversia tras la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social de declarar la nulidad del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para garantizar el financiamiento adecuado del sector.
 
La decisión judicial es una respuesta al seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que estableció la obligación del Estado de garantizar los recursos suficientes para la atención en salud. Sin embargo, el Ministerio, liderado por Guillermo Jaramillo, argumentó que no tuvo oportunidad de contrastar las pruebas utilizadas por la Corte para determinar que la UPC establecida para 2024 era insuficiente.
 
El Auto 007 de 2025 fue emitido en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento del sistema de salud. Según múltiples actores del sector, incluidos pacientes, sociedades científicas, EPS y prestadores, la insuficiencia de la UPC ha sido señalada desde 2022 como una de las principales causas de la crisis financiera del sistema.
 
La Procuraduría, gremios médicos y asociaciones de pacientes han advertido que la falta de recursos afecta la atención de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales.
 
Ante esto, la Corte Constitucional tomó medidas que el Ministerio debía realizar un reajuste de la UPC, no solo para 2024, sino también para 2025. No obstante, la cartera de salud presentó la solicitud de nulidad, argumentando que la Corte no le permitió controvertir las pruebas utilizadas para su decisión.
 
Argumentos del Ministerio y respuesta del sector
 
El Ministerio de Salud sostiene que la Corte no presentó informes técnicos que justificaron la insuficiencia de la UPC y que su decisión se basó en afirmaciones de las EPS, las cuales han señalado reiteradamente que los recursos asignados no son suficientes.
 
Sin embargo, distintos sectores han calificado esta solicitud de nulidad como una maniobra dilatoria que afecta la sostenibilidad del sistema de salud y el derecho de los pacientes a una atención adecuada. Considerando que, en lugar de cuestionar decisiones judiciales, el Gobierno debería tomar medidas concretas para garantizar el acceso oportuno y suficiente a los servicios de salud.
 
La Corte Constitucional, por su parte, ha ratificado su competencia para supervisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y ha reiterado que su decisión se basa en análisis técnicos sobre el financiamiento del sistema.
 
Los gremios de pacientes y profesionales de la Salud han remarcado que, los efectos de esta crisis no son solo económicos, sino que impactan la calidad de atención de muchos colombianos, especialmente los que tienen enfermedades crónicas y costosas. Si no se aborda adecuadamente, esto podría significar un grave retroceso en la protección del derecho a la salud, según afirman las organizaciones del sector.
 
Un llamado a la acción
 
Pacientes, profesionales de la salud y asociaciones del sector han solicitado a la Corte que mantenga su independencia y tome una decisión que garantice el derecho a la salud de los colombianos. Asimismo, exigen al Ministerio de Salud que enfoque sus esfuerzos en implementar soluciones que permitan superar la crisis financiera del sector.
 
La discusión sobre la suficiencia de la UPC y la estabilidad financiera del sistema de salud continúa, con implicaciones directas para la atención de millones de colombianos. La respuesta de la Corte y las acciones del Gobierno en los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema de salud en el país.

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