Edición Médica

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
La ponencia del proyecto que pretende reformar el sistema de Salud en Colombia, radicada ante el Congreso de la República, el 31 de marzo de 2023 y firmada por nueve representantes, ha dejado en claro que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) no van más como intermediarias en el pago y la prestación de la Salud.
   

Esa situación tiene a los directivos de las entidades agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), en completa inconformidad y por ello aseguran que se estaría eliminando la libre elección que hoy tienen los usuarios de elegir su EPS. Por el contrario, se daría paso al crecimiento del monopolio estatal.
 
Sobre el tema Paula Acosta, presidenta ejecutiva de ACEMI ha asegurado, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que su preocupación se centra en “las funciones que van asignar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), puesto que ha demostrado incapacidad en las auditorias médicas y más aún al momento de hacer la gestión para que se efectúen los cobros por atenciones del Soat”.
 
De acuerdo con Acosta, muestra de la incapacidad de esta entidad se evidencia en que, hasta el momento, “las clínicas y los hospitales que son los prestadores no han podido radicar facturas para hacer los cobros en la prestación del servicio de salud a causa del Soat”.
 
“Además, notamos que hay un retroceso en el diseño institución, porque como están las cosas, el Ministerio de Salud y Protección Social asume funciones operativas y el Adres, se encarga de las regulatorias. Esta propuesta de reforma no es viable ni en tiempos ni en recursos”, ha enfatizado la presidenta de ACEMI.
 
Otra de las propuestas planteadas en la ponencia que fue firmada por los representantes Alfredo Mondragón, Martha Alfonso Jurado, Germán José Gómez López, Juan Carlos Vargas Soler, Gerardo Yepes Caro, Camilo Esteban Ávila, Germán Rogelio Rozo, Betsy Judith Pérez y Juan Felipe Corzo (y que tampoco es aceptada por las EP), es que los usuarios de la Salud sean adscriptos a los Centros de Atención Primaria, CAP y se cree un “pagar de naturaleza pública universal”.
 
Acosta también ha recalcado que esta propuesta “no resuelve las quejas que los usuarios han expuesto y mucho menos se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del sistema, puesto que no habrá un responsable de la gestión integral del riesgo en la atención ni en la parte financiera, esto podría empeorar. La fragmentación financiera a través de distintos fondos y cuentas entorpece la gestión operativa y administrativa”.
 
Para la presidenta de ACEMI, la constitución de un fondo limitado de recursos implica que los afiliados que accedan primero dejen sin atención a quienes llegan después. “Esta ponencia que fue presentada antes de la Semana Santa reduce 11 billones de pesos anuales para servicios de Salud”, ha agregado.
 
Finalmente, el gremio ha reiterado la disposición de las EPS de aportar a los objetivos del Gobierno desde las capacidades construidas. “Observaciones que han sido compartidas con las comisiones séptimas mediante comunicación radicada, el pasado 10 de abril ante el Congreso”, ha concluido Acosta.
 
El dato
 
Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima Constitucional, responsable de discutir los proyectos de la salud, informó que el primer debate relacionado con la Reforma a la Salud fue aplazado para la próxima semana, por las 133 proposiciones del partido Conservador y de la U.
 
Aplazamiento que se da por el informe negativo de la ponencia de la Reforma a la Salud por parte de los representantes a la Cámara, Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical. Además, solicitan archivar en primer debate el Proyecto de Ley número 339 de 2020 Cámara, acumulado con los Proyectos de Ley 340, 341 y 344 de 2023 Cámara “por medio del cual se reforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones”.

---