Edición Médica

Ana María Soleibe, presidenta de la Federación Médica Colombiana y Clemencia Mayorga, vocera de Acuerdos Fundamentales.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Mientras que Acuerdos Fundamentales, conformado por 22 organizaciones médicas y profesionales de la salud, insiste a la Cámara de Representantes en incluir el Proyecto de Ley 135 de 2024 en el debate de la reforma al sistema de salud, la Federación Médica Colombiana (FMC) mantiene su postura de no avalar esta propuesta.
 
Ana María Soleibe, presidenta de la FMC, ha declarado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA: “Nosotros, como Federación, nos alejamos de la propuesta de Acuerdos Fundamentales porque diferimos radicalmente en su articulado. Más aún, al conocer que pretenden mantener el manejo de los recursos por parte de privados, es decir, las EPS. Ellos respaldan un modelo de negocio que lleva 30 años dañando el sistema”.
 
Soleibe ha insistido en que la antes mencionada propuesta contradice el mandato de la Ley Estatutaria en Salud. “No podemos permitir que las EPS sigan operando bajo una nueva denominación como Gestoras de Salud y Vida, continuando con la contratación. En cambio, la propuesta del Gobierno Nacional en el Proyecto de Ley 312 de 2024 plantea que la Dirección maneje los recursos directamente, eliminando intermediarios y garantizando el giro directo a las IPS”, ha explicado.
 
De igual forma ha criticado la falta de enfoque en la crisis estructural del sistema. “Acuerdos Fundamentales ha centrado su debate en la atención y en figurar, ignorando los obstáculos que enfrentan los pacientes para acceder a servicios médicos y las demoras generadas por las EPS”, ha asegurado Soleibe, quien reiteró que la FMC busca hacer efectivo el derecho fundamental a la salud a través de la implementación de la Ley Estatutaria.
 
Defensa del Proyecto de Ley 135

En respuesta, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y vocera de Acuerdos Fundamentales, ha recalcado que su propuesta busca evitar la concentración de poder en el Gobierno. “No aceptamos que el Gobierno sea el único responsable de recaudar, contratar, auditar y pagar, porque esto incrementa el riesgo de corrupción”, ha agregado.
 
Mayorga es puntual al decir “el Proyecto de Ley 135 propone que, para superar el riesgo de pérdida del equilibrio financiero del sistema, la ADRES asumirá el riesgo financiero y aplicará el Giro Directo; es decir, las Entidades Gestoras e Salud (EGS) no tendrán situación de fondos, pero recibirán el valor del costo administrativo que defina el Consejo Nacional de Salud”.
 
En su Proyecto de Ley, Acuerdos Fundamentales propone que los Centros de Primer Nivel de Atención en Salud (CAPS), sean financiados con recursos de oferta, sin importar si son públicos o son privados. Asimismo, plantea que los hospitales públicos de mediana y alta complejidad sean financiados con Presupuestos Mixtos, lo que estandarizaría los servicios ofrecidos y permitiría superar las actuales limitaciones financieras.
 
El dato
 
Según cifras reportadas en el Proyecto de Ley 135 de 2024, de la deuda total de las 26 EPS, sólo con las IPS alcanza la suma de 11.3 billones de pesos. Para 21 EPS, se observa que, del pasivo de Reservas Técnicas es de 13,7 billones de pesos, solo están respaldados 1.3 billones de pesos en inversiones (Bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), evidenciando un faltante de 12.4 billones de pesos, lo cual constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas.

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