Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta de ACEMI y Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El Proyecto de Ley 339 de 2023 que plantea una Reforma al Sistema la Salud, aún tiene 60 artículos por debatir. Según ha enfatizado la plenaria de la Cámara de Representantes, estos artículos son los más complejos de analizar y aprobar, puesto que exigen que se haga artículo por artículo. Mientras esta proposición no sea aceptada, los integrantes de la Cámara han afirmado que no continuarán con el debate.
 
Entre los puntos que no cuadran está el Artículo 42, el cual ha presentado modificaciones para darle facultades a los alcaldes y gobernadores que elijan los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), sin el proceso de meritocracia. A este punto principalmente, los representantes que respaldan la Reforma a la Salud no darán su visto bueno y por ello, piden recuperar el texto inicial.
 
Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, ha asegurado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que, “los roles y las responsabilidades se están repartiendo. De la manera como lo han planteado en el proyecto de ley, las funciones de gestión del riesgo en Salud no estarían en cabeza de las EPS, sino que pasarían a ser manejadas por muchos agentes”.
 
Asimismo, la directiva ha reiterado que, “al no establecerse un responsable único en toda la gestión de la salud, se corre el riesgo de una mala atención y una deficiente ejecución presupuestal”.
 
“Lo que hemos analizado es que algunas funciones no van a tener un responsable único, por tal razón se lo hicimos saber a la subcomisión accidental con el fin de que sea modificada la propuesta que está incluida en el Proyecto de Ley 339. Además, solicitamos que no suspendan la posibilidad que hoy tienen los colombianos de elegir su propia EPS”, ha agregado.
 
Otro de los puntos que inquietan a Vesga se refiere a la conclusión del proceso de aseguramiento que se ha construido durante 30 años y que han manejado las EPS. “Al analizar el Artículo 49, en el que se habla de los roles que tendrán las Gestoras de Salud y Vida, hoy EPS, los planes complementarios se acabarían, es decir, la medicina prepagada. Ante los desacuerdos que se tienen es que le pedimos al Congreso de la República que se haga una discusión con la mayor altura y rigor técnico”, ha dicho.
 
A estas inconformidades se suman las expuestas por Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), quien ha precisado que, “el Congreso antes de aprobar el Proyecto de Ley debe tener claro de cuál será el ente que organizará la red, el mismo que deberá contratar y comprar la mayor parte de tecnologías. Además, saber quién asumirá las funciones de habilitación, vigilancia y seguimiento en el sistema de salud”.
 
Para Dávila hay funciones que no están claras y por ello afirma que “no se puede garantizar un sistema de salud pagando por evento. Las formas de contratación permiten garantizar resultados en salud y el proyecto plantea remuneración a las gestoras en salud, hoy EPS, por resultados. Ni la Adres ni otra entidad no podrán hacerlo eficientemente, pues no tienen las capacidades para desempeñar esta función esencial”. 
 
A pesar de que Gestarsalud no comparte la forma cómo está planteada la Reforma al Sistema de Salud, reafirma que las EPS asociadas a la entidad están comprometidas en resolver las situaciones financieras, entendiendo las dificultades del Gobierno Nacional para presupuestar y girar los recursos que financian las prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios.
 
De igual forma, corrobora que las EPS están tratando de llegar al mejor diálogo con sus proveedores para que los aspectos administrativos y financieros no afecten el suministro de medicamentos que la población requiere.
 
El dato
 
En el debate del Proyecto de Ley 339 de 2023 Reforma al Sistema de Salud crece la expectativa sobre un posible encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la bancada en el Congreso de la República del partido Centro Democrático, para buscar consensos sobre los artículos que algunos consideran como más polémicos.
 

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